El organismo de control estableció que no se cumplió con las especificaciones técnicas ni siquiera con las planillas de avance de obras dentro de la construcción emergente de un sistema de riego y drenaje.
Luego de realizar el análisis del examen especial a los estudios y construcción de un sistema de riego y drenaje, la Contraloría General del Estado confirmó una responsabilidad civil por $7’848.130.
El Gobierno Provincial de Manabí contrató la obra, que se ejecutó en las comunidades km 16 Los Caras, km 20 San Agustín y km 21, de los cantones Sucre y Tosagua.
La glosa se determinó para dos funcionarios de la Prefectura -quienes, entre los años 2017 y 2020, actuaron como supervisor y administrador de contratos- y las compañías a cargo de la construcción y fiscalización de las obras.
Los proveedores recibieron pagos, aunque entregaron trabajos inconclusos y los materiales que instalaron incumplieron las
especificaciones técnicas, ocasionando un perjuicio económico a la entidad.
Durante el examen especial, el equipo de auditoría advirtió la modificación de la forma de pago establecida en el contrato. La constructora recibió $1’471.719 por el suministro de los equipos y materiales, a pesar de que el contrato señalaba que los desembolsos
debían efectuarse, exclusivamente, cuando las tuberías, accesorios y otros rubros estén instalados.
La Prefectura de Manabí también transfirió recursos en exceso por 8.343,75 metros de tubería que fue planillada, pero no se instaló; y por tubos con menor presión nominal a la establecida en la documentación contractual.
La resolución de la responsabilidad civil recoge falencias en pagos por $1’549.844, correspondientes a la instalación de 12.031 m de tuberías con diámetros y presiones que no fueron avalados por la fiscalizadora ni por el Gobierno Provincial.
La infraestructura sigue trazados diferentes a los planificados e incluye accesorios manufacturados de forma artesanal, valorados en $728.796, que no cumplieron las especificaciones técnicas.
El monto total de la glosa incluye el pago indebido de $4’097.770, por tramos de tubería sobre los cuales no se realizaron oportunamente las pruebas de funcionamiento señaladas en el contrato.
Dentro del periodo revisado por la Contraloría, las principales cabezas de la prefectura fueron Mariano Zambrano y Leonardo Orlando. En el primer caso, Zambrano fue sancionado por el organismo de control e incluso se pidió su destitución por que se encontraron indicios de responsabilidad penal tras un examen especial que realizó a varios proyectos de inversión, entre el 1 de agosto del 2014 y el 30 de noviembre del 2017.
Por otra parte, Orlando es actualmente prefecto en funciones, luego de haber sido funcionario en la década correísta. Hasta el momento, las investigaciones no han apuntado directamente contra el funcionario por acciones u omisiones hechas durante su gestión.
Los responsables tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado, o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.