Fernando Villavicencio dice que negativa de entregar datos sobre procesos que involucran a sus colegas asambleístas significa encubrimiento; Contraloría lo niega.
El contralor general subrogante, Carlos Riofrío, emitió este 6 de septiembre de 2021 una consulta a la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre la procedencia o no de la entrega de información de exámenes especiales practicados por la entidad de control.
El pedido se relaciona con la acusación del presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, respecto a un supuesto intento de ocultamiento por parte del Contralor de información respecto a glosas establecidas contra actuales asambleístas.
Los portales Periodismo de Investigación y La Historia hicieron público un reportaje, el 3 de septiembre, sobre investigaciones y presuntas glosas establecidas por la Contraloría a una treintena de legisladores. Las presuntas irregularidades de los asambleístas mencionados se refieren a acciones ejecutadas cuando ocuparon cargos públicos anteriores como prefectos, alcaldes, ministros y similares.
Villavicencio aseguró este 6 de septiembre que pidió al Contralor básicamente que especifique cuáles investigaciones se encuentran en firme (con glosas ya establecidas) y cuáles están aún en proceso. Y que la respuesta habría sido negativa, alegando que esos datos están sujetos a reserva. A esta posición de Riofrío, el asambleísta la calificó de inconstitucional e ilegal. Incluso aseguró que -a su juicio- el funcionario encubre actos ilícitos.
Ante esto, la institución señala que «en los últimos meses del presente año, la Contraloría General del Estado ha recibido por parte de los asambleístas, insistentes requerimientos de información personal certificada de exservidores, servidores públicos, personas naturales y jurídicas de derecho privado que tienen responsabilidades administrativas culposas, responsabilidades civiles (glosas y órdenes de reintegro) e informes con Indicios de Responsabilidad Penal, así como el detalle de los exámenes correspondientes».
En su defensa, la Contraloría sostiene que «los datos personales solicitados guardan reserva en virtud que los actos administrativos generados por este organismo de control están en proceso de juzgamiento de cuentas, lo que permite a las personas naturales o jurídicas auditadas, el derecho a ejercer su defensa en las instancias administrativas y judiciales que correspondan».
Y consulta a la Procuraduría «si es procedente que los asambleístas, con fundamento en los artículos 110, numeral 3 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, requieran a la Contraloría General del Estado, información certificada, a fin de conocer si los ciudadanos tienen expedientes abiertos con responsabilidades».
Así mismo, señala que el Contralor subrogante no “encubre” a nadie ni ha declarado “secreta” ninguna información y que puntualiza que “la institución realiza un trabajo técnico en estricto respeto a la Constitución, a las leyes vigentes y al debido proceso”. (LAG)
TE PUEDE INTERESAR:
Chile aprueba vacunación de niños de hasta seis años
Un muerto y cuatro desaparecidos por deslaves en Río Negro (Tungurahua)