Las elecciones seccionales cambian el tablero en la Asamblea Nacional

ELECCIONES. Asambleístas principales empiezan a renunciar para asumir candidaturas.

Los asambleístas que se postularán a cargos para las elecciones seccionales  deberán renunciar antes del 20 de septiembre

La bancada de la Unión por la Esperanza (UNES) podría perder  fuerza en la Asamblea Nacional con la renuncia de cinco de sus 47 integrantes,  quienes han decidido participar en las elecciones seccionales previstas para el 5 de febrero de 2023.

Se trata de Pabel Muñoz, quien se postulará para la Alcaldía de Quito; Cristóbal Lloret, aspirante a la Prefectura del Azuay; Alexandra Arce, para la Alcaldía del cantón Durán; Humberto Alvarado, para la Prefectura de Los Ríos; y Carlos Zambrano, para la Prefectura de El Oro.

Ellos deberán renunciar a sus curules hasta el 20 de septiembre de 2022 cuando se cumplirá el último día para la inscripción de candidaturas, según  determina el calendario electoral aprobado por el pleno del  Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 7 de  febrero.

Por lo pronto, Humberto Alvarado  y Pábel Muñoz  (UNES) renunciaron este jueves 8 de septiembre a su curul.  “Me voy con nostalgia de esta Asamblea Nacional pero también con alegría porque vamos a asumir un reto para la provincia de Los Ríos”, señaló  Alvarado en un mensaje en medio de una sesión del pleno de la legislatura.

Pocas horas más tarde, lo mismo hizo Muñoz.   «Voy a extrañar a mi bancada legislativa, tengo orgullo de ser de la revolución ciudadana», dijo al despedirse, no sin antes  pedir un mayor compromiso de los asambleistas  a futuro para que mejore la credibilidad.

‘Sin la  misma fuerza’

Si bien los parlamentarios que renunciarán ya tienen sus reemplazos, Marco Antonio Salgado, catedrático de comunicación política, opinó que aunque los que ocupen estos puestos tendrían la misma preparación en el ámbito legislativo y de fiscalización, no tendrían la misma fuerza ni la imagen que los que se postularon como principales para estas plazas.

Con esta opinión discrepó Juan Cristóbal Lloret (asambleísta por la provincia del Azuay de UNES). Consideró que los “compañeros alternos” tienen la misma orientación político-ideológica, y la capacidad y la experiencia porque han participado en diferentes procesos electorales, espacios y cargos públicos.

Por  el contrario, incluso con ellos se podría reforzar el quehacer legislativo. “No vamos a perder ni un solo voto en la Asamblea”, adelantó.

 Representación

Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), recordó que los electos como principales siempre tienen una mayor experticia en el ámbito legislativos, por lo que con los suplentes eventualmente podría producirse una “degradación de la representación”.

Aclaró que esto no ocurre en todos los casos, pues afirmó que los reemplazos también son sujetos de comportamiento ético y disciplinario partidista.

En todo caso,  Aguinaga afirmó que a lo largo de la historia ha quedado evidenciado que, en algunas ocasiones, los suplentes han preferido dar un paso al costado y renunciar.

Esto, a su criterio, podría convertirse en una “camisa de fuerza política” que obligaría a los titulares a terminar el mandato para el que fueron electos.

 “He cerrado un ciclo”

Juan Cristóbal Lloret ha ejercido cuatro años en la Legislatura (fue reelecto). Afirmó  que ha “cerrado un ciclo positivo” y que se va de la Asamblea con “el deber cumplido”.

Reseñó que a lo largo de su gestión ha presentado varios proyectos que se convirtieron en ley, como aquel que busca combatir los abusos de la banca, para la lucha contra el contrabando, y un proyecto de vivienda popular.

 También presentó un proyecto que se tramita en la Comisión Especializada de Justicia para el combate a la usura, y una reforma a la ley 047 que garantiza recursos para la provincia del Azuay.   “Hemos dado nuevas leyes al país,  y para poder ejecutarlo se necesitan políticas públicas y eso depende de otros organismos ejecutivos”.

También fue proponente de tres juicios políticos:  al exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres;   al exministro de Finanzas, Richard Martínez; y al entonces Contralor General del Estado (CGE), Pablo Celi.  (SC)

 Los suplentes de los que se van

 Bancada de la Unión por la Esperanza (UNES)

Fernanda Méndez Rojas, suplente de Juan Cristóbal Lloret (aspirante a la prefectura del Azuay).

Walter Gómez, suplente de Alexandra Arce (aspirante para la Alcaldía de Durán)

Mónica de Jesús Salazar, suplente de  Humberto Alvarado (aspirante para la Prefectura de Los Ríos).

Elizabeth Noriega, suplente de Pabel Muñoz (aspirante para la Alcaldía de Quito).

Noemí Cabrera, suplente de Carlos Zambrano  (aspirante para la Prefectura de El Oro)

Bancada del Partido Social Cristiano (PSC)

Karen Noblecilla Quintana, suplemente de Carlos Falquez (aspirante a la Alcaldía de Machala)

Pablo Muentes, suplente de Soledad Diab (aspirante a concejal de Guayaquil)

Bancada del Acuerdo Nacional (BAN)

Elizabeth Loor, suplente de Gruber Zambrano  (aspirante a la Prefectura de Santo Domingo).

Movimiento Alianza Únete (Independente)

Simón  Remache Moreno, alterno de María del Carmen Aquino  (aspirante a Alcaldía de Santa Elena)

El CNE abrió la inscripción de candidaturas  desde el 22 de agosto. Este periodo terminará el 20 de septiembre.

Autoridades que se elegirán en 2023

23 prefectos

221 alcaldes

864 concejales urbanos

443 concejales rurales

4.109 vocales de las juntas parroquiales

7 consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Asambleístas de Tungurahua no cumplen sus ofertas de campaña

TRABAJO. La Asamblea tiene poca aprobación.

La Función Legislativa es una de las más cuestionadas del país, hasta mayo de este año tenía apenas del 11% de aprobación según un informe de Click Report.

Esta crisis institucional se debe, sobre todo, al incumplimiento de las ofertas de campaña por parte de los asambleístas y las pugnas de poder.

Según el Observatorio Legislativo, en el primer año del periodo 2021 – 2025, el Pleno de la Asamblea aprobó 14 leyes, pero 13 de estas corresponden a proyectos presentados en el anterior periodo (2017 – 2021).

Rosa Belén Mayorga, de Alianza Unidad de Esperanza (UNES), Cristian Yucailla de Pachakutik, Ramiro Frías de Izquierda Democrática (ID) y Esteban Torres de Partido Social Cristiano – Tiempo de Cambio, legisladores por Tungurahua, en tiempos de campaña presentaron varias propuestas y, hasta el momento, ninguna ha sido cumplida.

 

 

Rosa Belén Mayorga

La asambleísta de UNES, en su plan de trabajo enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE) incluyó 25 propuestas de ley, entre estas se encuentran: un nuevo Código de Trabajo, una nueva ley de seguridad social, ley para recuperación de bienes de origen o destino injustificado o ilícito, ley para asegurar liquidez para el desarrollo, código para recuperar la producción, el empleo y la inserción económica, ley para impulsar el turismo, proyecto de ley para evitar los desperdicios de alimentos, entre otras 17 propuestas más.

Sin embargo, en el Observatorio Legislativo no se registra ningún proyecto de ley de las propuestas hechas en campaña por Mayorga, la Asambleísta afirmó que de manera individual presentó proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado, a la Ley de Trasplantes y al Código Orgánico del Ambiente.

De estos proyectos solo el de Contraloría fue enviado a la comisión correspondiente para ser analizado.

Respecto a las propuestas de campaña, Mayorga dijo que todavía no están en análisis de construcción, además, manifestó que desarrolla dos proyectos dentro del bloque parlamentario de mujeres en el Código de la Democracia y el derecho laborales para personas trans.

 

TOME NOTA
En el periodo legislativo 2021 - 2025, el Pleno 
de la Asamblea Nacional aprobó 14 leyes. 13 de 
las Leyes aprobadas corresponden a proyectos 
presentados en el anterior periodo 
legislativo 2017 - 2021.

 

 

Ramiro Frías

El asambleísta por la ID, en su plan de trabajo enviado al CNE solo incluyó cuatro propuestas: una ley de desarrollo agrario, la ampliación de la ley de emprendimientos e innovación al artículo 15 comercialización en el exterior, la ampliación del Código de la Niñez y Adolescencia artículo 27, numeral 1 y la ampliación al Código Orgánico Integral Penal (COIP) artículo 417, numeral 4.

Sin embargo, según información del Observatorio Legislativo, ninguna de estas propuestas ha sido trabajada.

Cuando se le consultó a Frías sobre su gestión en la Asamblea y el incumplimiento de su oferta de campaña, dijo que en este momento está trabajando sobre un proyecto de ley de barrios, propuesta que no estaba en el plan de trabajo enviado al CNE.

 

 

 

Esteban Torres

El asambleísta del partido Social Cristiano y Tiempo de Cambio, en su propuesta de campaña señaló que en primer año de trabajo elaboraría siete proyectos de ley destinados a: reformar el Código Civil, Código Orgánico Integral Penal y Código de la Niñez y Adolescencia respecto de la protección y defensa del rol de los padres y la familia en la educación de sus hijos.

Un proyecto de enmiendas constitucionales para reducir el número de asambleístas y promover la creación de un Senado.

También propuso elaborar un proyecto de enmiendas constitucionales que busquen eliminar la prohibición de contratación por horas.

Además, Torres planteó que en el segundo año de trabajo presentaría estas propuestas a la Asamblea, en el tercer año se discutirían en el pleno y en el cuarto año se aprobarían.

En la página web de la Asamblea Nacional consta que Torres ingresó un proyecto de ley reformatorio del artículo 58.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Diario La Hora intentó comunicarse con Torres para conocer el cumplimiento de sus ofertas de campaña, sin embargo, el Asambleísta no contestó ni llamadas ni mensajes.

 

Cristian Yucailla

El asambleísta de Pachakutik, en su propuesta de trabajo enviada al CNE constan dos proyectos: la revisión de la ley de tasas de interés de las cooperativas y los bancos, y la reducción del número de asambleístas.

Otra oferta que no incluyó en el plan de trabajo enviado al CNE, pero que la propuso en una entrevista en Diario La Hora fue la eliminación de la reducción de puntos en la licencia de conducir a las personas que infrinjan la ley. En este contexto Yucailla presentó un proyecto de ley reformatorio del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para disminuir el monto de multas por exceso de velocidad.

El Asambleísta también presentó un proyecto de ley reformatorio al COIP para fortalecer la seguridad ciudadana, y en conjunto con otros legisladores envió un proyecto de Código Orgánico de Trabajo.

Diario La Hora intentó comunicarse con Yucailla para conocer sobre el cumplimiento de sus ofertas de campaña, sin embargo, hasta el cierre de la edición no contestó ni llamadas ni mensajes.

 

Análisis local

Sobre el trabajo de los asambleístas, el analista político Giussepe Cabrera manifestó que esta es una muestra de la poca incidencia de los actuales legisladores de Tungurahua, exceptuando a Esteban Torres, que tiene una jefatura de bancada.

Según Cabrera, no existe un peso político de la provincia en el legislativo, esto se debe a que no hay un proceso de formación desde los partidos políticos y que muchas de las personas que llegan a la Asamblea es por arrastre de sus candidatos presidenciales.

Para Cabrera otro de los problemas para que los asambleístas no realicen sus funciones de forma adecuada, es la conformación de sus equipo de trabajo, que en la mayoría de veces no se cumplen con los perfiles, sino que son organizados por simpatías o afinidades y no por la preparación.

Respecto a cómo se puede sancionar a las autoridades que no cumplan con sus ofertas de campaña, Cabrera comentó que existe la opción de la revocatoria de mandato, luego de que se sigue el proceso de observación, recolección de firmas, entre otros. (CNS/FC)

 

 

Comisiones

  • Rosa Belén Mayorga

Integrante de la Comisión Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social.

  • Ramiro Frías

Integrante de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.

  • Esteban Torres

Integrante de la Comisión Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.

  • Cristian Yucailla

Integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Asambleísta es intimidado para votar por la destitución de Lasso

Mensaje. Con pancartas en mano llegaron hasta el domicilio del asambleísta Fernando Cervantes.

Un legislador de Imbabura denunció públicamente que llegaron hasta su casa, con pancartas y consignas.

Redacción IBARRA

Mientras en la Asamblea Nacional se debate la posible destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, el legislador imbabureño del movimiento CREO, Patricio Cervantes, denunció actos de intimidación hacia él y su familia.

“Un grupo de personas del pueblo Karanki ha pernoctado fuera de mi domicilio en la ciudad de Ibarra, con pancartas y gritando con la finalidad de presionar por la decisión que se va a tomar sobre la destitución del presidente Guillermo Lasso”, dijo, frente al Pleno de la Asamblea Nacional, este 26 de junio de 2022.

Según Cervantes, este tipo de actos no solo han llegado hasta él, si no que se ha sumado a otros legisladores, resaltando que “es necesario que el pueblo ecuatoriano conozca cómo están presionando para torcer la voluntad de los asambleístas”.

“Por más gente que envíen a presionarnos, en nuestras viviendas, como lo han hecho hoy atemorizando a mi familia, no permitiremos un golpe de Estado por un grupo de mafias aliadas al narcotráfico, que quieren destruir el orden público”, agregó.

Respuesta del pueblo Karanki

Tras las declaraciones públicas de Cervantes, el presidente del pueblo kichwa Karanki, Lenin Farinango, mencionó: “En ningún momento hemos intimidado, lo único que hicimos fue ir a pedir su voto, así como ustedes lo hacen en tiempos de campaña”.

Por su parte, Alexandra Farinango expuso que para asegurar y tachar que la movilización indígena es financiada por el narcotráfico, el asambleísta Cervantes debe tener pruebas.

“Caso contrario estaría usted cometiendo los delitos de odio y calumnias con esas aseveraciones falsas en contra del pueblo kichwa Karanki (…). Así como también al decir públicamente que el pueblo está amedrentando a su familia, cuando claramente, con testigos, lo único que se hizo es solicitar su apoyo al pueblo, ponerse de lado de quienes usted un día solicitó su apoyo y con su voto hoy está ocupando su curul”, agregó. (FV)

1.200 efectivos policiales se despliegan en Imbabura, en los ejes preventivos, investigativos y de inteligencia, durante las jornadas de protesta.
Los manifestantes también habrían visitado la casa del asambleísta Luis Marcillo, de la Izquierda Democrática (ID).
Cuatro asambleístas representan a Imbabura: Pamela Aguirre, de UNES; Mario Ruiz, de Pachakutik, quienes votarían por la destitución del presidente Guillermo Lasso; y, Luis Marcillo (ID) y Fernando Cervantes (CREO).

15 denuncias por paralizar la provincia

En 15 días de movilizaciones sin tregua en Imbabura, la Policía Nacional reporta, hasta el 27 de junio de 2022, la apertura de cuatro investigaciones previas y 15 denuncias fiscales.

Los delitos que se investigan son referentes a daños en bienes públicos y privados, por intimidaciones, lesiones, ataque y resistencia, incluso por secuestro.

Norman Cano, comandante de Policía en la provincia, dijo que dentro de las indagaciones por los actos antes mencionados, se tiene a 19 personas identificadas, así como 21 vehículos y dos motos.

Además, agregó que otras cuatro personas fueron aprehendidas por el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos y otras dos por paralización de servicios públicos.

“La protesta social está constitucionalmente autorizada, la respetamos porque somos una Policía democrática, pero lo que no se puede aceptar son los niveles de abuso y violencia con la que se expresan”, expuso.

“Pedimos transparencia en todas las investigaciones y ofreceremos la colaboración para que esto suceda (…). No olvidemos la cantidad de vidas que se han perdido por falta de atención médica, todos los afectados por no poder acudir a un hospital especializado, la falta de asistencia social y toda la afectación de aquellas personas que no lograron realizar sus actividades de forma normal”, agregó.

Según Cano, a pesar de que en Imbabura se han reportado las movilizaciones más contundentes a escala nacional, la provincia es la que menos complicaciones tuvo con respecto a niveles de violencia, “pero sí sufrimos una afectación muy drástica con el cierre de vías”.

Expuso que la Policía ha iniciado ciertas denuncias, a través de sus labores de inteligencia, pero que también existen denuncias particulares de ciudadanos contra los manifestantes.

“Por ejemplo, por el delito de lesiones, una persona que fue golpeada en Otavalo, ha puesto una denuncia particular. También otras personas a quienes les obligan a cerrar sus negocios, a quienes las han retenido contra su voluntad, han denunciado por secuestro”, refirió.

Asamblea continuará con la sesión sobre la destitución presidencial a las 16:00 de este 26 de junio

Tras casi 8 horas de sesión inicial, hasta la 01:45 tomaron la palabra 30 legisladores. En la reanudación de esta tarde se escuchará a otros 40 miembros del parlamento.

QUITO (AP) — La Asamblea Nacional de Ecuador suspendió temporalmente, la madrugada del domingo 26 de junio de 2021, una sesión en la que se debatía un pedido de destitución del presidente, Guillermo Lasso, tras 14 días de protestas y paro indígena.

El presidente del legislativo, Virgilio Saquicela, declaró un receso en las deliberaciones tras casi ocho horas de sesión. El Ejecutivo puso fin al estado de excepción declarado en seis provincias del país cuando comenzaba el debate parlamentario tras un acercamiento con los inconformes.

El parlamento tiene previsto reanudar el debate en la tarde del domingo, a la 16:00, para que intervinieran otros 40 asambleístas que lo habían solicitado. Se requieren 92 votos para destituir al presidente, en un proceso iniciado por el bloque de oposición Unión por la esperanza (Unes) según el artículo 130 de la Constitución.

La sesión inició en medio de un sorpresivo anuncio del asesor jurídico de la presidencia de la República, Fabián Pozo, quien, durante su intervención en delegación del presidente Lasso, anunció la derogación del decreto 459 y dio por terminado el estado de excepción que argumentó una “grave conmoción interna”.

La medida fue asumida como una estrategia política del régimen, ya que las pruebas presentadas por el movimiento Unes para sustentar su pedido de destitución presidencial fueron los decretos ejecutivos 455 y 459, ambos insubsistentes.

“No pretendan que se están burlando de la Asamblea Nacional, se están burlando del pueblo ecuatoriano con sus decretos de último momento”, dijo Johana Moreira, de la Izquierda Democrática, quien conminó al presidente Lasso a emitir un decreto que responda a las demandas del sector indígena.

En su turno, la asambleísta del movimiento político Pachakutik, Guadalupe Llori, rechazó el pedido de destitución, pero conminó al mandatario a que “acepte bajar el precio de los combustibles”, tal como solicitan las organizaciones indígenas y sociales.

“La democracia es grande cuando se gobierna para todos, si no se gobierna para todos, la democracia no funciona. Presidente, rectifique (…) los hombres grandes aprenden escuchar”, dijo el asambleísta del derechista Partido Social Cristiano.

En tanto, mediante un comunicado oficial, la presidencia aseguró que con la terminación del estado de excepción se “ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz, en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades”.

Aunque hubo un primer acercamiento entre el gobierno y la mayor organización indígena del Ecuador con vistas a entablar un diálogo luego de 14 días del paro nacional, el dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), dijo la noche del sábado que el paro continuará hasta alcanzar los 10 puntos de su pliego de peticiones.

“No ha habido compromiso alguno, sino simplemente la decisión de la CONAIE (…) de consultar a sus bases la designación de una comisión para el inicio de este diálogo”, aseguró Saquicela, promotor del encuentro. Para ello, “hemos pedido que se bajen las tensiones, que se bajen los enfrentamientos mientras se da este diálogo y se encuentra una solución”, acotó.

En la Universidad Central, en el centro norte de la capital, el presidente de CONAIE, Leonidas Iza, dijo el sábado que “la lucha es de resistencia”. “En lugar de meternos más miedo, más bien nos han levantado la rebeldía, la dignidad”, sentenció.

En las inmediaciones del parque El Arbolito, los manifestantes se congregaron a la espera de lo que sucedería en el hemiciclo legislativo.

La Organización de las Naciones instó en un comunicado a todos los actores políticos y sociales de Ecuador a “iniciar de forma urgente un diálogo significativo y de buena fe”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió también un diálogo inclusivo “atendiendo las demandas de grupos que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad y con pleno respeto a los derechos humanos”, mientras la organización civil Alianza por los derechos humanos realizará una observación de la situación para exigir “se garantice el derecho a la vida, la libre protesta y todos los derechos sociales”.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha reconocido cuatro fallecidos y centenares de heridos tanto de manifestantes como policías y militares.

DATO.- Luego de terminado el debate, los asambleístas tiene un máximo de 72 horas para realizar la votación final sobre el pedido de destitución del presidente de la República.

Fiscal pide que no se utilice a la Justicia en pugnas políticas

La Fiscal General del Estado fue llamada a comparecer por la investigación iniciada a 93 asambleístas.

La máxima autoridad de la Fiscalía compareció la mañana de este 11 de mayo en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Se retiró sin responder a los asambleístas por la tensión generada en la sesión

A las 10:00 de este 11 de mayo de 2022 fue convocada la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, a una comparecencia en la Asamblea Nacional. El llamado lo hizo el asambleísta del correísmo Ronny Aleaga, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, también presidida por otro correísta, Ferdinand Álvarez.

En dos horas y 13 minutos, Diana Salazar explicó por qué se enviaron notificaciones a 93 asambleístas el viernes 6 de mayo dentro de la fase de investigación previa por haber apoyado el cambio del orden del día de la sesión del Pleno 772, que desembocó en la creación de la comisión evaluadora de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea.

La Fiscal aseguró que es parte de sus competencias atender las denuncias de todos los ciudadanos.

Salazar recalcó que en principio eran 93 involucrados en el proceso, pero luego Guadalupe Llori (la denunciante), envió un alcance en el que solo se hizo la denuncia a 81 asambleístas.

Llamó a trabajar en conjunto todos los poderes del Estado para luchar contra problemas más graves como la delincuencia y la inseguridad dejando a un lado los intereses partidistas.

Luego se caldearon los ánimos entre el oficialismo y la oposición. El presidente de la comisión, al ver esta situación, llamó a la escolta legislativa y le dio permiso a la Fiscal para que se retirara sin responder a los asambleístas. Algunos de ellos se quedaron gritando en la sala. (GVL)

 

Pachakutik se revuelve entre escándalos y disputas internas

El movimiento ha tenido que salir varias veces al paso de denuncias y problemas.

El Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo considera que este escenario era predecible desde el inicio del actual periodo legislativo.

A pesar de que en las elecciones de febrero de 2021 Pachakutik alcanzó una votación histórica y obtuvo a escala nacional 27 legisladores, convirtiéndose en la segunda fuerza política en la Asamblea, hoy el movimiento se debilita y las disputas internas lo fraccionan.

Este fin de semana, el presidente Guillermo Lasso mencionó a los asambleístas Édgar Quezada, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla, Rosa Cerda y Gisella Molina, como los presuntos solicitantes de beneficios económicos a cambio de votar a favor del proyecto de Ley de inversiones, que fue rechazado y archivado en la Asamblea el 24 de marzo.

A esta nueva crisis de la agrupación política se suma la que ocurrió, por ejemplo, en julio de 2021 cuando Rosa Cerda, legisladora por el Napo fue cuestionada y luego sancionada por el Comité de Disciplina por decir en un discurso: “…si roben, roben bien, justifiquen bien…”.

Desde el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se piensa que este escenario era predecible desde el inicio del actual periodo legislativo.

Marcelo Espinel, director del Observatorio, dijo que la llegada de algunas organizaciones políticas con un número sorpresivo de asambleístas permitía determinar que muchos de ellos no estaban completamente alineados al proyecto político de esas agrupaciones ni venían desde las bases, por ejemplo, de Pachakutik. Añadió que muchos era personas que fueron candidatos por su potencial individual para conseguir votos.

La debilidad específica de esa agrupación es visible actualmente en dos situaciones: la existencia de un grupo de ocho legisladores, autodenominados “rebeldes”, que están empeñados en evaluar la gestión de su coidearia Guadalupe Llori.  Y el hecho de que a pesar de que el movimiento tiene la presidencia de la Asamblea, no logran articularse como una bancada sólida.

Al final, Espinel dejó abierta la interrogante: ¿Pachakutik habrá tenido procesos adecuados de democracia interna para seleccionar a los mejores cuadros para ocupar cargos? ¿Y controles internos disciplinarios bien hechos y exigentes? (SC)

Lasso: «Ley no se aprobó porque no aceptamos chantajes»

El Presidente dijo que buscará las vías legales para insistir en la propuesta.

El Presidente de la República reaccionó al archivo por parte de la Asamblea del proyecto de ley de inversiones. Llamó «ladrones y corruptos» a los legisladores.

El presidente Guillermo Lasso denunció este 24 de marzo de 2022, en un video, que el proyecto de ley de inversiones no obtuvo los votos necesarios este jueves para ser aprobado por la Asamblea Nacional porque el Gobierno no aceptó las peticiones que le habrían hecho legisladores.

«Quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas, que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto». Y calificó a los legisladores de «ladrones y corruptos«.

El Mandatario añadió «que el colmo de los colmos es el caso de asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al Gobierno». Mencionó, también, el caso de presuntos evasores de impuestos que habrían intentado vender el apoyo a la ley de inversiones, a cambio de que no se les cobre impuestos.

Lasso aseguró que analizarán todas las alternativas constitucionales y legales para insistir en la aprobación de la propuesta, a la que calificó como «una oportunidad a la que aspira el pueblo ecuatoriano». Y dijo que la ley permitiría la creación de empleos para padres, madres abandonadas, jóvenes profesionales; además, que la decisión de los asambleístas hizo perder una oportunidad a esas personas. (SC)

Tres asambleístas de Tungurahua votaron a favor del aborto por violación

La Asamblea tenía hasta este 15 de abril de 2022 para ratificarse o allanarse al veto.

Tres de los cuatro asambleístas por Tungurahua votaron a favor de la Ley de Aborto por Violación aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de febrero.

Los representantes de la provincia que dieron su voto afirmativo fueron Rosa Mayorga de Unión por la Esperanza, Cristian Yucailla de Pachacutik y Ramiro Frías de la Izquierda Democrática.

El único que votó en contra fue Esteban Torres, de la alianza partido Social Cristiano-Tiempo de Cambio.

Los legisladores aprobaron el informe final con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones.

La normativa que regulará el procedimiento en mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes será enviada al presidente, Guillermo Lasso, para que lo apruebe o lo vete total o parcialmente en 30 días.

El tiempo gestacional para acceder a un aborto era uno de los principales nudos críticos de la norma.

El reglamento señala que se permite que una mujer víctima de violencia sexual se practique un aborto hasta las 12 semanas para quienes tienen más de 18 años y 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad y en las nacionalidades indígenas. (RMC)

Ocho meses de la nueva Asamblea y ya van cuatro escándalos

POLÉMICA En la Asamblea no se obtuvieron los votos para destituir al legislador Eckenner Recalde.

En el actual periodo legislativo, dos casos fueron tratados en el Comité de Ética y dos en el CAL.

Los procesos en contra de los legisladores se iniciaron tras declaraciones públicas, trinos en Twitter o por denuncias de excolaboradores. Cuatro asambleístas que asumieron sus funciones en mayo último han enfrentado sumarios disciplinarios al interior del Parlamento.

La sanción más fuerte recayó sobre Bella Jiménez, quien había ganado una curul bajo el paraguas de la Izquierda Democrática (ID). El Pleno de la Asamblea la destituyó el 12 de octubre, luego de acoger un informe  del Comité de Ética que recomendaba esa decisión.

Ella conversó ayer, 1 de diciembre de 2021, sobre su salida del legislativo. Hace una pausa en el trabajo que cumple en la empresa de su esposo en Guayaquil y cuenta, vía telefónica, que todo fue producto de una persecución”. Insiste que retornará a la política cuando termine la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía General del Estado por supuesta concusión en su contra. Este delito se configura  cuando un funcionario pide dinero o retribuciones “abusando de su cargo”, según el Art.281 del Código Penal vigente y se sanciona hasta con 5 años de prisión.

La Fiscalía realizó ocho allanamientos por este caso. Incluso, agentes policiales ingresaron a las oficinas de Jiménez. En las incursiones se encontraron dispositivos con supuestos audios en los que se hablaba de entrega de cargos a cambio de dinero. Todo está judicializado.

Ella niega los cargos. Sonríe cuando hace referencia a publicaciones de redes sociales sobre su presunta huida del país vía aérea. “Es mentira. Yo estoy aquí trabajando porque de esto vivo”. Dice que los únicos aviones a los que sube son los que van hacia Quito, ciudad en la que se ventila el caso.

En la Fiscalía también se lleva adelante la indagación previa en contra del asambleísta Eckenner Recalde, ex ID y actualmente independiente. El Comité de Ética recomendó su destitución, pero el Pleno tomó otra decisión. Él se mantiene como legislador.

El martes, con la abstención de la bancada del correísmo (Unión por la Esperanza), se evitó su salida, tras la acusación de cobrar diezmos a su equipo de trabajo.

El informe elaborado por el Comité de Ética recomendaba su salida, con base en la denuncia de dos de sus excolaboradores, a quienes les habrían cobrado dineros para abrir una central de campaña en el sur de Quito, pagar gastos relacionados con boletos de hornados solidarios y pagar a dirigentes que habían apoyado con actividades en territorio.

Al igual que su excompañera Jiménez, él calificó las denuncias como parte de una “persecución”. La Fiscalía también abrió un proceso en su contra por presunta concusión. El caso todavía está en indagación previa.

Otros dos procesos en contra de legisladores han pasado por las manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Este organismo suspendió por ocho días y sin remuneración a la asambleísta de Pachakutik Rosa Cerda, luego de que tramitó una queja en su contra por sus declaraciones “si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”. Ayer, desde su despacho indicaron que “hablar del tema ya no es relevante” porque sucedió hace tres meses.

El último proceso disciplinario lo afronta Diego Ordóñez (Creo) por iniciativa de la legisladora correísta Mónica Palacios. La mujer invoca el artículo 170, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En el cuerpo normativo se cataloga de falta grave el agredir de palabra a otro legislador dentro o fuera del recinto parlamentario. La queja inició tras una publicación de Ordóñez en la que hacía referencia a Palacios. “Pasar del tubo a la curul y surgen argucias torpes”. Él, por su parte, ha presentado una queja en contra de la legisladora, por insultos.

Desde el Observatorio Legislativo, una organización sin fines de lucro, señalan que estos escándalos golpean la imagen de la Asamblea. Marcelo Espinel, vocero de la entidad y subdirector de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, resaltó que hayan procesos de autodepuración y sanción.

Dijo que tras las reformas a la Ley de la Función Legislativa, que entraron en vigencia en 2020, se añadieron causales para la destitución y eso haría evidente más inconductas. Por ejemplo, antes de los cambios en la Ley. No se podía sancionar a quienes más falten. Hoy sí.

La Fiscalía abrió 29 investigaciones a exlegisladores

La Fiscalía emitió un informe en el que detalla que 29 de los 137 asambleístas del periodo legislativo anterior (2017-2021) terminaron con acusaciones por delitos contra la administración.

De ese número, 14 asambleístas que entonces ocupaban una curul tenían expedientes por tráfico de influencias; es decir, por hablar con otro servidor público “para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros”. Mientras que otros 15 legisladores de la época enfrentan investigaciones por concusión. Dentro del informe oficial de Fiscalía también se señalan otros delitos supuestamente perpetrados por legisladores. Entre ellos destacan lavado de activos, delincuencia organizada y peculado.

Dentro de los investigados están políticos que pertenecían a la tienda oficialista que representaba al correísmo .
Cinco años es la pena máxima para quienes sean encontrados culpables de concusión o tráfico de influencias.