Fiscal pide que no se utilice a la Justicia en pugnas políticas

La Fiscal General del Estado fue llamada a comparecer por la investigación iniciada a 93 asambleístas.

La máxima autoridad de la Fiscalía compareció la mañana de este 11 de mayo en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Se retiró sin responder a los asambleístas por la tensión generada en la sesión

A las 10:00 de este 11 de mayo de 2022 fue convocada la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, a una comparecencia en la Asamblea Nacional. El llamado lo hizo el asambleísta del correísmo Ronny Aleaga, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, también presidida por otro correísta, Ferdinand Álvarez.

En dos horas y 13 minutos, Diana Salazar explicó por qué se enviaron notificaciones a 93 asambleístas el viernes 6 de mayo dentro de la fase de investigación previa por haber apoyado el cambio del orden del día de la sesión del Pleno 772, que desembocó en la creación de la comisión evaluadora de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea.

La Fiscal aseguró que es parte de sus competencias atender las denuncias de todos los ciudadanos.

Salazar recalcó que en principio eran 93 involucrados en el proceso, pero luego Guadalupe Llori (la denunciante), envió un alcance en el que solo se hizo la denuncia a 81 asambleístas.

Llamó a trabajar en conjunto todos los poderes del Estado para luchar contra problemas más graves como la delincuencia y la inseguridad dejando a un lado los intereses partidistas.

Luego se caldearon los ánimos entre el oficialismo y la oposición. El presidente de la comisión, al ver esta situación, llamó a la escolta legislativa y le dio permiso a la Fiscal para que se retirara sin responder a los asambleístas. Algunos de ellos se quedaron gritando en la sala. (GVL)

 

Pachakutik se revuelve entre escándalos y disputas internas

El movimiento ha tenido que salir varias veces al paso de denuncias y problemas.

El Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo considera que este escenario era predecible desde el inicio del actual periodo legislativo.

A pesar de que en las elecciones de febrero de 2021 Pachakutik alcanzó una votación histórica y obtuvo a escala nacional 27 legisladores, convirtiéndose en la segunda fuerza política en la Asamblea, hoy el movimiento se debilita y las disputas internas lo fraccionan.

Este fin de semana, el presidente Guillermo Lasso mencionó a los asambleístas Édgar Quezada, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla, Rosa Cerda y Gisella Molina, como los presuntos solicitantes de beneficios económicos a cambio de votar a favor del proyecto de Ley de inversiones, que fue rechazado y archivado en la Asamblea el 24 de marzo.

A esta nueva crisis de la agrupación política se suma la que ocurrió, por ejemplo, en julio de 2021 cuando Rosa Cerda, legisladora por el Napo fue cuestionada y luego sancionada por el Comité de Disciplina por decir en un discurso: “…si roben, roben bien, justifiquen bien…”.

Desde el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se piensa que este escenario era predecible desde el inicio del actual periodo legislativo.

Marcelo Espinel, director del Observatorio, dijo que la llegada de algunas organizaciones políticas con un número sorpresivo de asambleístas permitía determinar que muchos de ellos no estaban completamente alineados al proyecto político de esas agrupaciones ni venían desde las bases, por ejemplo, de Pachakutik. Añadió que muchos era personas que fueron candidatos por su potencial individual para conseguir votos.

La debilidad específica de esa agrupación es visible actualmente en dos situaciones: la existencia de un grupo de ocho legisladores, autodenominados “rebeldes”, que están empeñados en evaluar la gestión de su coidearia Guadalupe Llori.  Y el hecho de que a pesar de que el movimiento tiene la presidencia de la Asamblea, no logran articularse como una bancada sólida.

Al final, Espinel dejó abierta la interrogante: ¿Pachakutik habrá tenido procesos adecuados de democracia interna para seleccionar a los mejores cuadros para ocupar cargos? ¿Y controles internos disciplinarios bien hechos y exigentes? (SC)

Lasso: «Ley no se aprobó porque no aceptamos chantajes»

El Presidente dijo que buscará las vías legales para insistir en la propuesta.

El Presidente de la República reaccionó al archivo por parte de la Asamblea del proyecto de ley de inversiones. Llamó «ladrones y corruptos» a los legisladores.

El presidente Guillermo Lasso denunció este 24 de marzo de 2022, en un video, que el proyecto de ley de inversiones no obtuvo los votos necesarios este jueves para ser aprobado por la Asamblea Nacional porque el Gobierno no aceptó las peticiones que le habrían hecho legisladores.

«Quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas, que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto». Y calificó a los legisladores de «ladrones y corruptos«.

El Mandatario añadió «que el colmo de los colmos es el caso de asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al Gobierno». Mencionó, también, el caso de presuntos evasores de impuestos que habrían intentado vender el apoyo a la ley de inversiones, a cambio de que no se les cobre impuestos.

Lasso aseguró que analizarán todas las alternativas constitucionales y legales para insistir en la aprobación de la propuesta, a la que calificó como «una oportunidad a la que aspira el pueblo ecuatoriano». Y dijo que la ley permitiría la creación de empleos para padres, madres abandonadas, jóvenes profesionales; además, que la decisión de los asambleístas hizo perder una oportunidad a esas personas. (SC)

Tres asambleístas de Tungurahua votaron a favor del aborto por violación

La Asamblea tenía hasta este 15 de abril de 2022 para ratificarse o allanarse al veto.

Tres de los cuatro asambleístas por Tungurahua votaron a favor de la Ley de Aborto por Violación aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de febrero.

Los representantes de la provincia que dieron su voto afirmativo fueron Rosa Mayorga de Unión por la Esperanza, Cristian Yucailla de Pachacutik y Ramiro Frías de la Izquierda Democrática.

El único que votó en contra fue Esteban Torres, de la alianza partido Social Cristiano-Tiempo de Cambio.

Los legisladores aprobaron el informe final con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones.

La normativa que regulará el procedimiento en mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes será enviada al presidente, Guillermo Lasso, para que lo apruebe o lo vete total o parcialmente en 30 días.

El tiempo gestacional para acceder a un aborto era uno de los principales nudos críticos de la norma.

El reglamento señala que se permite que una mujer víctima de violencia sexual se practique un aborto hasta las 12 semanas para quienes tienen más de 18 años y 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad y en las nacionalidades indígenas. (RMC)

Ocho meses de la nueva Asamblea y ya van cuatro escándalos

POLÉMICA En la Asamblea no se obtuvieron los votos para destituir al legislador Eckenner Recalde.

En el actual periodo legislativo, dos casos fueron tratados en el Comité de Ética y dos en el CAL.

Los procesos en contra de los legisladores se iniciaron tras declaraciones públicas, trinos en Twitter o por denuncias de excolaboradores. Cuatro asambleístas que asumieron sus funciones en mayo último han enfrentado sumarios disciplinarios al interior del Parlamento.

La sanción más fuerte recayó sobre Bella Jiménez, quien había ganado una curul bajo el paraguas de la Izquierda Democrática (ID). El Pleno de la Asamblea la destituyó el 12 de octubre, luego de acoger un informe  del Comité de Ética que recomendaba esa decisión.

Ella conversó ayer, 1 de diciembre de 2021, sobre su salida del legislativo. Hace una pausa en el trabajo que cumple en la empresa de su esposo en Guayaquil y cuenta, vía telefónica, que todo fue producto de una persecución”. Insiste que retornará a la política cuando termine la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía General del Estado por supuesta concusión en su contra. Este delito se configura  cuando un funcionario pide dinero o retribuciones “abusando de su cargo”, según el Art.281 del Código Penal vigente y se sanciona hasta con 5 años de prisión.

La Fiscalía realizó ocho allanamientos por este caso. Incluso, agentes policiales ingresaron a las oficinas de Jiménez. En las incursiones se encontraron dispositivos con supuestos audios en los que se hablaba de entrega de cargos a cambio de dinero. Todo está judicializado.

Ella niega los cargos. Sonríe cuando hace referencia a publicaciones de redes sociales sobre su presunta huida del país vía aérea. “Es mentira. Yo estoy aquí trabajando porque de esto vivo”. Dice que los únicos aviones a los que sube son los que van hacia Quito, ciudad en la que se ventila el caso.

En la Fiscalía también se lleva adelante la indagación previa en contra del asambleísta Eckenner Recalde, ex ID y actualmente independiente. El Comité de Ética recomendó su destitución, pero el Pleno tomó otra decisión. Él se mantiene como legislador.

El martes, con la abstención de la bancada del correísmo (Unión por la Esperanza), se evitó su salida, tras la acusación de cobrar diezmos a su equipo de trabajo.

El informe elaborado por el Comité de Ética recomendaba su salida, con base en la denuncia de dos de sus excolaboradores, a quienes les habrían cobrado dineros para abrir una central de campaña en el sur de Quito, pagar gastos relacionados con boletos de hornados solidarios y pagar a dirigentes que habían apoyado con actividades en territorio.

Al igual que su excompañera Jiménez, él calificó las denuncias como parte de una “persecución”. La Fiscalía también abrió un proceso en su contra por presunta concusión. El caso todavía está en indagación previa.

Otros dos procesos en contra de legisladores han pasado por las manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Este organismo suspendió por ocho días y sin remuneración a la asambleísta de Pachakutik Rosa Cerda, luego de que tramitó una queja en su contra por sus declaraciones “si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”. Ayer, desde su despacho indicaron que “hablar del tema ya no es relevante” porque sucedió hace tres meses.

El último proceso disciplinario lo afronta Diego Ordóñez (Creo) por iniciativa de la legisladora correísta Mónica Palacios. La mujer invoca el artículo 170, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En el cuerpo normativo se cataloga de falta grave el agredir de palabra a otro legislador dentro o fuera del recinto parlamentario. La queja inició tras una publicación de Ordóñez en la que hacía referencia a Palacios. “Pasar del tubo a la curul y surgen argucias torpes”. Él, por su parte, ha presentado una queja en contra de la legisladora, por insultos.

Desde el Observatorio Legislativo, una organización sin fines de lucro, señalan que estos escándalos golpean la imagen de la Asamblea. Marcelo Espinel, vocero de la entidad y subdirector de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, resaltó que hayan procesos de autodepuración y sanción.

Dijo que tras las reformas a la Ley de la Función Legislativa, que entraron en vigencia en 2020, se añadieron causales para la destitución y eso haría evidente más inconductas. Por ejemplo, antes de los cambios en la Ley. No se podía sancionar a quienes más falten. Hoy sí.

La Fiscalía abrió 29 investigaciones a exlegisladores

La Fiscalía emitió un informe en el que detalla que 29 de los 137 asambleístas del periodo legislativo anterior (2017-2021) terminaron con acusaciones por delitos contra la administración.

De ese número, 14 asambleístas que entonces ocupaban una curul tenían expedientes por tráfico de influencias; es decir, por hablar con otro servidor público “para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros”. Mientras que otros 15 legisladores de la época enfrentan investigaciones por concusión. Dentro del informe oficial de Fiscalía también se señalan otros delitos supuestamente perpetrados por legisladores. Entre ellos destacan lavado de activos, delincuencia organizada y peculado.

Dentro de los investigados están políticos que pertenecían a la tienda oficialista que representaba al correísmo .
Cinco años es la pena máxima para quienes sean encontrados culpables de concusión o tráfico de influencias.

Hoy se define si Municipio tendrá que pagar a Safety

PROCESO. La audiencia se desarrollará en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.

La jueza Freire de Quevedo falló a favor de Safety en dos ocasiones en 2021, contra el Municipio de Ambato y Loja.

Varios juristas de Loja defenderán al Municipio ante el proceso legal interpuesto por la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. Safenforvia, donde mediante resolución de la jueza Jenny Patricia Freire de Quevedo, pretende el cobro de cerca de 12 millones de dólares a la municipalidad, por concepto de incumplimiento del contrato de fotomultas, firmando en el 2015 en la administración del revocado José Bolívar Castillo.

La audiencia en segunda instancia se desarrollará este jueves 2 de diciembre de 2021 en el cantón de Quevedo, Los Ríos. Abogados lojanos intervendrán a través de la figura jurídica ‘amicus curiae’ (ver EL DATO) para presentarse a la audiencia en segunda instancia, y advertir a la sala de todas las irregularidades cometidas en el caso.

Fiscalización

Además, los asambleístas por Loja: Johanna Ortiz, Byron Maldonado, Lucia Placencia y Manuel Medina, iniciaron el proceso de fiscalización y control a la acción de la Función Judicial en este proceso.

Byron Maldonado, asambleísta de Loja, mencionó que por primera vez están unidos los cuatro legisladores, “porque no puede ser posible que la municipalidad cancele cerca de 12 millones de dólares, por una sentencia ilegal dada en un cantón distinto a Loja, donde la Jueza debe ser investigada”, señaló.

Indicó que lo primero que hicieron fue reunirse como legisladores y luego solicitaron a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, la información del proceso legal para ver su alcance y cómo se dio la sentencia. Además, lograron un espacio para mantener una reunión este jueves 2 de diciembre, a partir de las 09:00, en donde se expondrán los antecedentes del caso, el porqué de la fiscalización y su alcance.

Maldonado adelantó que en reuniones anteriores acordaron que el caso será remitido a la Dirección de Transparencia Judicial, para investigar lo que sucedió con el sorteo de este caso específico, porque llama la atención que dos causas de una misma empresa que corresponden a dos municipios diferentes (Loja-Ambato) sean presentadas en la provincia de Los Ríos en Quevedo, y sorteado a una misma Jueza.

Sorteo

Además, reveló que es insólito que a las 17:00 haya recibido el proceso, a las 17:03 tenga ya un acta de notificación y a las 17:05 cuente con el acta de sorteo. “Inmediatamente, sin saber a quién se sorteó, ya se avocó a conocimiento por parte de una Jueza y adicionalmente se emite un auto de llamamiento a una audiencia. Además, en materia constitucional, los jueces tienen la obligación de verificar si se ha vulnerado o no un derecho, pero cuando se trata de liquidación de haberes o valores en materia administrativa, quien tiene que llevar el caso es el Tribunal Contencioso Administrativo”, relató.

 

EL DATO

Amicus curiae: permite que terceros ajenos a un proceso ofrezcan
opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a
conocimiento judicial, justificando su interés en su resolución final.

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Exigir más experiencia para ser asambleísta no es ayudará a mejorar el legislativo

HECHO. Las sesiones del pleno volvieron a presencialidad.

La imagen de la Asamblea Nacional está por debajo del 10%. Se presentó una propuesta para cambiar los requisitos para ser asambleísta.

La baja popularidad que dejó la anterior Asamblea Nacional, así como los hechos de corrupción que se han denunciado en la presente, que terminó con la destitución de asambleístas, pone nuevamente en entredicho a esta función del Estado, contra la cual también pesa la acusación del Gobierno de obstaculizar su trabajo. El Parlamento anterior terminó con una imagen al 6%, la nueva no supera el 10%.

La principal razón de rechazo son los escándalos de corrupción, por eso, la vicepresidenta, Bella Jiménez fue destituida. A esto se suman los cuestionamientos por el ranking de asistencias y excusas en las sesiones y votaciones.

El Observatorio Legislativo pone los cinco asambleístas que más ausencias tienen con respecto a las votaciones. Al momento se han dado 138 votaciones, y quien encabeza esta lista es la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pk) con 31 ausencias; Luis Segovia (Minka por la Vida); César Rohon (Ind); Luis Almeida (PSC) y Esteban Torres (PSC).

En tanto, que los asambleístas que más veces se han excusado de una sesión, de un total de 39 sesiones, son: Dallyana Passailaigue (PSC) 31; Sandra Sánchez (Minka por la Vida) 21 ocasiones; Daniel Noboa (Movimiento Ecuatoriano Unido) 20 ocasiones; Pabel Muñoz (UNES) 10 ocasiones; y, Sofía Espín (UNES) 8 ocasiones.

Y aunque son elegidos mediante voto, la gente ha pedido -a través de redes- que los requisitos sean más estrictos. Por eso, se presentó una propuesta de enmienda para cambiar los requisitos para ser asambleísta.

Es conveniente el cambio

Para el politólogo de la Universidad Central Mario Unda, “la calentura no está en las sábanas” y el establecer requisitos deja ver que la clase política sigue equivocada y no entiende que se ha alejado de lo que en verdad quiere la sociedad.

“El poder político tiende a distanciarse de la sociedad y eso no se va a lograr revertir exigiéndoles más títulos a los candidatos, es un asunto de la conformación  de las agrupaciones  políticas y su relación con la sociedad. Lo que hay que buscar es recuperar ciertos mecanismos de participación  de la sociedad en los asuntos públicos,  que se ha venido deteriorando desde el Gobierno de Rafael Correa, se profundizó  en la época de Lenín Moreno y seguimos exactamente igual”, sentenció Unda.

Mientras que para el analista político, Lolo Echeverria, el cambio de los requisitos no mejoraría ni cambiará en nada la Asamblea, tomando en cuenta dos criterios: que los asambleístas son los representantes de los ciudadanos y no se puede poner requisitos que excluyan a los ciudadanos; y segundo que quienes proponen a los candidatos son los partidos políticos, y por tanto es de ellos es la responsabilidad de quienes son elegidos.

“La Asamblea que tenemos actualmente refleja bien la crisis de los partidos políticos, que no tienen ni democracia interna, ni estudios de la realidad nacional, ni forman sus cuadros, no tienen militancia joven, no tienen  formación, no hay elección democrática  de las directivas ni de los candidatos, todo  eso se ve reflejado en la Asamblea, por lo que no cambiaría nada con cambiar los requisitos”, sentenció el analista.

Propuesta de modificación

El artículo 119 de la Constitución establece que para ser asambleísta se requiere tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de sus derechos políticos.

A esta normativa la legisladora Sofía Sánchez (Pachakutik) presentó un proyecto de enmienda constitucional, que busca determinar que para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, ser mayor de edad y acreditar, a más de probidad notoria, experiencia, capacitación o formación justificada al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.

Sánchez considera que las acciones afirmativas juegan un papel importante en la ampliación de los espacios de participación política, no solo de las mujeres sino también de los indígenas y afros en la reivindicación de estos derechos coartados en la práctica por parte de los partidos y movimientos políticos.

“La enmienda busca mejorar la calidad de nuestros representantes, sin que esto implique algún tipo de discriminación respecto de personas que puedan acreditar otro tipo de experiencia, capacitación o formación justificada, distintas a la académica exclusivamente, es decir, podrán acreditar experiencia, trabajo comunitario en organizaciones sociales”, dijo Sánchez.

El procedimiento

El constitucionalista Ismael Quintana explicó que una vez que se ha presentado la solicitud de enmienda, la presidenta de la  Asamblea, Guadalupe Llori, deberá enviar este planteamiento a la Corte Constitucional para que emita un dictamen de constitucionalidad, es decir, que la propuesta de cambio de requisitos no vulnera derechos y es procedente que se haya elegido este camino para cambiar la norma constitucional.

Si el dictamen es favorable, la solicitud de enmienda irá a la Comisión Ocasional de Enmiendas para su trámite. El organismo parlamentario deberá elaborar los informes para primero y segundo debate, tomando en cuenta que entre el primero y el segundo debe haber transcurrido un año, de conformidad con lo que determina el artículo el numeral 2 del artículo 441 de la Constitución.

“Yo creo que el dictamen de la Corte Constitucional será negativo, porque ya hubo un pronunciamiento anterior, cuando el Comité por la Reinstitucionalización planteó      nuevos requisitos para la los asambleístas, en esta ocasión la Corte dijo que era regresivo en derecho y que no era procedente ni la enmienda ni una reforma constitucional”, manifestó el jurista.

Normas aprobadas por la Asamblea

La Ley Reformatoria al Código Civil en materia de regulación marítima

Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí

Ley Reformatoria a la Ley de Creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Seguridad Social

Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el Retorno de la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados a los Partícipes

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación efectiva del Emprendimiento Juvenil

Fuente: Observatorio Legislativo

PSC califica de calumnias aseveraciones del presidente Lasso

HECHO. Jaime Nebot apoyó la candidatura de Guillermo Lasso

Los socialcristianos, en un comunicado, sostienen que ellos son oposición no conspiración. El mandatario acusó a Correa, Nebot e Iza de conspirar en su contra.

La acusación del presidente de la República, Guillermo Lasso,  de que Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Iza quieren “golpear a la democracia, no a través del típico golpe militar del pasado, sino ahora queriendo apelar a la Constitución simplemente porque tienen una mayoría de votos”, tuvo respuesta del Partido Social  Cristiano (PSC).

Con un comunicado, los socialcristianos, tras rechazar las afirmaciones del Gobierno de que conspiran en su contra, califican a  las afirmaciones de calumnias, al tiempo de reiterar que lo suyo es la oposición en democracia.

“Ustedes no merecen ser desorientados ni engañados con afirmaciones calumniosas: el PSC y Aliados, así como su bancada de asambleístas está en la oposición; pero jamás estarán en la conspiración”, señala el comunicado.

Además, aseguran que “la grave crisis política, económica y social que soporta el Ecuador, no merece ni puede ser agravada por actitudes antidemocráticas ni desestabilizadoras del régimen constituido“.

Insisten en que se están oponiendo, con todo derecho, a ciertas acciones y omisiones del gobierno, porque irrespetan y son contrarias “a los compromisos que conjuntamente adquirimos en campaña con el pueblo ecuatoriano“.

Dicen estar de acuerdo con el anuncio del Gobierno de enviar en partes el proyecto de la Ley de Creación de Oportunidades para su tratamiento en la Asamblea Nacional. (RR)

Presidente y Asamblea pueden optar por la ‘muerte cruzada’

Las diferencias entre el Ejecutivo y Legislativo podrían conllevar a que se aplique la figura.

En ambos casos, en un plazo máximo de siete días el Consejo Nacional Electoral convocaría a elecciones de Presidente y asambleístas para el resto del periodo.

La constante inestabilidad política que vivía el país por las fricciones entre los poderes Ejecutivo (Presidente de la República) y el Legislativo (Asamblea Nacional), determinó que en la Constitución de 2008 se incluyera como posibilidad la denominada ‘muerte cruzada‘.

Pero qué es la ‘muerte cruzada‘, cómo funciona, en qué casos se aplica esta figura constitucional:

1.- Esta figura legal está contemplada en el artículo 148 de la Constitución aprobada en el 2008 para cerrar la Asamblea.

2.- La ‘muerte cruzada’ consiste en la facultad del Poder Ejecutivo para disolver el Poder legislativo.

3.- El Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando:

  1. a) A su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional.
  2. b) Si de forma reiterada e injustificada obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que el Gobierno presenta para su ejecución.
  3. c) O por grave crisis política y conmoción interna.

4.- La Constitución precisa que esta facultad del Presidente de la República podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato.

5.- La disolución deberá ser publicada en el Registro Oficial.

6.- En un plazo máximo de siete días contados después de la publicación de la disolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá convocar a elecciones anticipadas de Presidente y asambleístas para el resto del respectivo período.

7.- Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el Presidente de la República, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, podrá expedir decretos leyes de urgencia económica, los cuales podrán ser aprobados o derogados por el Legislativo tras su instalación.

8.- El artículo 130 de la Constitución también determina la facultad de la Asamblea para destituir al Presidente de la República por:

  1. a) Por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC).
  2. b) Por grave crisis política y conmoción interna.

9.- Para la destitución se requerirá el voto favorable de 91 asambleístas.

10.- En un plazo máximo de siete días desde la publicación de la destitución, el CNE convocará a elecciones anticipadas de Presidente de la República y asambleístas para el resto de los  respectivos períodos. (RR)


 

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