La herramienta de la consulta popular hace que los ecuatorianos tengan que ir a las urnas con frecuencia. ¿Esto debilita el interés de la ciudadanía por la democracia?
ANÁLISIS.
En Ecuador votar no solo es obligatorio, sino que también es algo frecuente. Desde 2018, la consulta popular de este 21 de abril de 2024 será la octava en que los ecuatorianos acuden a las urnas, y en menos de un año ya habrá otra elección presidencial. Los comicios seccionales intercalados, la denominada ‘muerte cruzada’ y las frecuentes consultas populares han dado pie a esta dinámica de permanentes procesos electorales, cuyos efectos aún están por verse.
Muy pocos países requieren que sus ciudadanos voten con tanta frecuencia. Exceptuando algunos casos en los que prevalece la democracia directa —como Suiza o Taiwán, donde los referéndums son frecuentes, pero aun así la participación es inferior al cincuenta por ciento—, las democracias representativas contemporáneas llevan a cabo comicios de manera excepcional. Sin embargo, en Ecuador prevalece la idea de que la participación frecuente implica mayor involucramiento y representatividad; fue eso lo que llevó, por ejemplo, a extender los períodos de las autoridades seccionales por un año más en dos ocasiones (2009-2014 y 2014-2019), para que, a partir de 2019 se llevarán a cabo de manera intercalada con las elecciones presidenciales. Otra idea, parte del espíritu de la Constitución de 2008, es la del pronunciamiento del pueblo en las urnas como árbitro máximo ante cualquier diferencia; fue eso lo que condujo a la introducción de la ‘muerte cruzada’, una figura que resuelve, por medio de procesos electorales, las crisis de popularidad de los mandatarios o diferencias irreconciliables entre Ejecutivo y Legislativo.
La figura de la consulta popular fue incluida en la Constitución de 2008 como una herramienta de democracia directa. Sin embargo, solo una, y con muchos contratiempos, se llevó a cabo a escala nacional por iniciativa ciudadana —la del ITT—; todo el resto han sido idea de los diferentes presidentes, llevadas a cabo por motivos políticos. La de 2011 le sirvió al entonces presidente Rafael Correa para levantar su popularidad luego de la crisis suscitada por los hechos del 30 de septiembre de 2010 y para enfrentar el pico de inseguridad que estaba afectando sus índices de aceptación. La consulta de 2018, en cambio, le permitió a Lenín Moreno reconstruir su legitimidad y base política tras su rompimiento con Correa, así como desmontar parte del modelo estatal que había heredado. Finalmente, en febrero de 2023, Guillermo Lasso intentó, por medio de un referéndum, renovar su desgastada popularidad, pero la derrota subsiguiente tuvo el efecto contrario. Ahora, todo parecería indicar que el presidente Daniel Noboa busca la misma fórmula de sus antecesores.
Este empleo de la consulta popular como herramienta de reafirmación política, desde hace más de una década, resulta profundamente dañino para la relación de la ciudadanía con el sistema democrático. En teoría, la consulta popular debería servir para poner en palestra temas que interesan urgentemente a la ciudadanía, pero que la clase política insiste en ignorar; eso no ha sucedido. También, la consulta popular sirve para decidir sobre temas que, por motivos gremiales o por interés propio, los partidos y legisladores no abordarán —como fue la consulta de León Febres Cordero en 1986, que buscaba reformar el sistema de partidos y elecciones—, o para abordar reformas radicales que fueron mencionadas en campaña, pero que el presidente no puede impulsar en el Legislativo por falta de fuerza política —como intentó Sixto Durán Ballén en 1995—. Se supone que las consultas no deberían ser empleadas para cuestiones secundarias o extremadamente técnicas que bien podrían ser resueltas, de forma mucho más ágil, en la propia Asamblea Nacional. El empleo de estas con el único fin de revigorizar la popularidad es el resultado de una serie de deficiencias en el sistema político: mandatarios sin un partido político fuerte ni una propuesta ideológica clara, partidos desconectados de su base electoral, asambleístas con insuficiente conocimiento jurídico y técnico. Todo ello conduce a que se abuse de la consulta popular como herramienta de gobernabilidad y legitimación política.
Lo valioso suele ser, por definición, escaso. Mientras más se abusa de los procesos electorales, menos serán apreciados por el electorado. Puede que el resultado no sea una población comprometida e involucrada, sino, al contrario, una insensibilizada, cada vez menos informada, que ve a los comicios y consultas como un mero trámite. Peor aún si es que los referéndums, por la intrascendencia de los temas que abordan, no hacen diferencia alguna en la vida de los ciudadanos. Por último, siempre es oportuno preguntarse qué tanto participa en ellos la gente si es que hacerlo no fuese obligatorio. (DM)