Por Econ. Jaime Carrera | observatoriofiscal.org
Las cuentas del presupuesto entre enero-marzo de 2024 reflejan una precaria sobreviviencia, falta de transparencia, incierta proyección de los ingresos estatales, y una serie de interrogantes en su futura evolución.
Hasta marzo, los ingresos totales fueron de $5.323 millones (cuadro). En los mismos se incluyen $508 millones de utilidades del Banco Central, $333 millones de transferencias de empresas públicas, $140 millones de excedentes de las mismas empresas, y $29 millones del impuesto del 2% a las utilidades de las empresas.
En las recaudaciones del impuesto a la renta se incluyen $292 millones de la autorretención de tal impuesto por las empresas privadas.
Como este valor no debe incluirse como parte del impuesto a la renta, pues, es un anticipo que debe considerarse como financiamiento, el ingreso real por impuesto a la renta entre enero-marzo, fue de $925 millones. Este último valor incluye $163 millones de ingresos por la amnistía tributaria.
Calculemos el ingreso real del impuesto a la renta. Este entre enero-marzo 2023 fue de $1.106 millones. De otra parte, el ingreso por impuesto a la renta entre enero-marzo de 2024, fue $1.217 millones.
A este último restamos los ingresos por la autoretención y la amnistía arriba descritos (1.217-292-163=762) y obtenemos $762 millones de impuesto a la renta permanente entre enero-marzo de 2024. Este valor al compararlo con los $1.106 millones de enero-marzo de 2023, refleja una reducción del impuesto a la renta de $344 millones entre los dos períodos, esto es, 31,1 por ciento menos. Esta reducción es producto del retroceso en la reforma tributaria aprobado en el gobierno anterior, en la cual se restituyeron las deducciones del impuesto a la renta por educación, salud y otros conceptos. Aunque está en duda el registro de las autorretenciones de los bancos.
Los ingresos no alcanzaron para cubrir los $5.498 millones de gastos (cuadro), por tanto, existió un déficit de $175 millones. No obstante, el déficit real asciende a $467 millones al deducir del impuesto a la renta las autorretenciones que son fuente de financiamiento.
A pesar de todos los ingresos adicionales citados, solo se cubrieron los gastos devengados en sueldos, gastos operativos mínimos, transferencias a las seguridades sociales, bonos de los pobres, intereses de la deuda pública, y transferencias a los GADs. La inversión pública fue nula.
Misterios y más misterios
Entre enero-marzo de 2024 las cuentas por pagar del presupuesto fueron de $1.558 millones (cuadro). Estas se agregan a los $4.445 millones de cuentas por pagar de años anteriores que se muestra en los boletines de deuda del Ministerio de finanzas al mes de enero de 2024. Sin embargo, a nivel de caja se refleja una acumulación de $1.383 millones de dólares, lo cual es imcompatible con los saldos del Tesoro de $330 millones al mes de marzo, y con la acumulación de atrasos de $1.558 millones.
Además al mes de marzo, la emisión neta de deuda interna fue de $1.519 millones.
Por lo expuesto en el párrafo anterior, se asume que se han efectuado pagos hasta marzo de deuda de años anteriores, reducciones en las deudas en convenios de liquidez y CETES, y que hay operaciones de la Tesorería del Estado que se manejan al margen del presupuesto y se cancelan a nivel de caja.
Según la Tesorería de la Nación, entre enero-marzo de 2024 se cancelaron $1.428 millones de cuentas por pagar de años anteriores y $390 millones de los convenios de liquidez. No existen explicaciones de algunas diferencias en las cifras.
En el plan financiero presentado en la proforma de 2024, el saldo de los pasivos derivados de los convenios de liquidez fue de $4.481 millones que incluían $825 millones de cuentas administradas por el Tesoro, mientras en los boletines de deuda pública el saldo de estos pasivos es de $3.656 millones al 31 de diciembre de 2023.
Las cuentas públicas adolecen de una secular falta de transparencia, rigor técnico y descordinación. Aún no se entiende que el Estado maneja los impuestos, renta del petróleo y deudas que los paga la sociedad. Por tanto, los gobiernos tienen la intrínseca obligación de rendir cuentas a la sociedad con absoluta responsabilidad y transparencia la gestión de las finanzas públicas.
Econ. Jaime Carrera
observatoriofiscal.org
