El organismo creado en 2007 gasta $4,2 millones en sueldos de 276 funcionarios. La Presidenta asegura que el pago de salarios corre peligro.

Pugnas internas, problemas con el presupuesto, señalamientos por incumplimiento de funciones son parte de los problemas que enfrenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Esta semana, la presidenta del organismo, Sofía Almeida, anunció que la entidad estaba “paralizada”.

Darwin Seraquive, exsecretario general del Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs-t), habló con LA HORA e hizo una acusación directa. “El Cpccs fue un instrumento creado por el correísmo para tratar de captar todos los poderes del Estado bajo el principio de la mal llamada participación ciudadana”.

Él conoce al organismo por dentro. Ocupó el cargo desde marzo de 2018 hasta junio de 2019. Los vocales de entonces, liderados por Julio César Trujillo (+), tenían una tarea principal: evaluar a las autoridades que estaban en funciones y que habían sido designadas por un consejo previo, cercano al Ejecutivo

 Lo que dicen los informes

LA HORA accedió a los informes que realizó el Cpccs-t y que sirvieron para una posterior destitución de los titulares de la Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otros. En las conclusiones consta que el proceso de selección previa se había realizado con “falta de independencia”, “conflicto de intereses”, “vinculaciones con el Ejecutivo”. Todo esto, mientras estaba en el poder el expresidente Rafael Correa. En total, el Cpccs-t destituyó a 29 funcionarios de nueve instituciones.

Acusaciones de injerencia política

Hoy, el actual Consejo, con diferentes actores, cae nuevamente en señalamientos de intromisión política. Almeida denunció la existencia de “un plan de boicot” en el que “ciertos grupos de poder quieren captar el Consejo”. Dijo que no le sorprendería que para designar autoridades “a dedo”, sobre todo al Contralor, la saquen de la Presidencia.

El consejero Hernán Ulloa descartó cualquier tipo de plan y respondió que es la propia Presidenta la que no ha llamado a tratar temas como la designación de autoridades. Añadió que el Cpccs ha sufrido un desprestigio de personas que buscan su eliminación y que no han existido los recursos para cumplir con los concursos. “Todo esto se agravó con la pandemia, estuvimos obligados a tener teletrabajo y a resolver cosas que no estaban en la agenda”.

Bajo una posible consulta popular

Desde el Ejecutivo también ven con preocupación lo que sucede en el Cpccs. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció el martes último que piensa en preguntar a la población, en una eventual consulta popular, sobre las atribuciones que tiene la entidad.

El Gobierno busca incluir una pregunta para limitar las atribuciones. Descartó preguntar a la gente sobre la eliminación de la entidad porque se requeriría una reforma a la Constitución.

Actualmente, el Consejo tiene 14 competencias, entre las más importantes, promover la participación, designar autoridades de funciones del Estado y luchar contra la corrupción.

Voces de incumplimiento de funciones

El Cpccs está retrasado en el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la selección del nuevo Superintendente de Compañías. Esteban Ron, docente de Derecho y jurista, considera que los vocales han caído en incumplimiento de funciones.

El art. 68 de la Ley del Consejo de Participación atribuye la competencia de escoger al nuevo Superintendente, cuya terna fue enviada por el Ejecutivo el 6 de enero último. Recién el martes, los consejeros aprobaron el reglamento y la comisión técnica de apoyo.

En el caso de la renovación del CNE, el plazo para posesionar a los nuevos vocales terminó el 19 de marzo de 2021. “La constitución te dice el plazo. Es claro, no pueden irse para atrás ni para adelante. Es un tiempo exacto”, sostiene el académico. Por eso, asegura que el Legislativo ya podría iniciar un proceso de fiscalización por incumplimiento de funciones.

Una deuda pendiente

El padre Fernando Vega, asambleísta constituyente, apoyó en 2007 la creación del Cpccs. Catorce años después dice que todo fue distorsionado y se convirtió en un “mecanismo” para que el correísmo tenga la dirección de las autoridades de control.

Él indica que también se pensó en mejorar la participación de la ciudadanía en procesos de control y lucha contra la corrupción, pero eso no se cumplió. “Fue una decepción gigante. Se preveía que fuera una versión mejorada de la Comisión Cívica contra la Corrupción. Eso fracasó. Hoy hay otras organizaciones civiles que hacen ese trabajo, como la Comisión Nacional Anticorrupción de la que soy parte”.

 Sin acuerdos ni para el presupuesto

Almeida acusó a cuatro consejeros de no aprobar el presupuesto para 2022 y el Plan Anual de Contrataciones. Con eso, añadió, se pone en peligro el pago de sueldos. El organismo gasta $4,2 millones en salarios de 276 funcionarios. La titular comentó que incluso estarían en riesgo los procesos de selección.

Ulloa señaló que la propia presidenta no ha llamado a tratar estos temas y que eso es de exclusiva competencia. “Le pedimos que incluya el tema del presupuesto y el plan anual de contrataciones para una sesión extraordinaria de este miércoles. No lo hizo”. (DP)