El 15 de julio de 2023, en los exteriores del edificio de la Unidad de Flagrancia, en Quito, se colocó un artefacto explosivo.
La dirección provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura (CJ) está a la espera de los avances en la investigación que realiza la fiscalía general del Estado respecto al supuesto ataque terrorista ocurrido en los exteriores de la Unidad de Flagrancia, en Quito, el 15 de julio de 2023.
Para avanzar en la indagación, Santiago Aráuz, director del CJ en Pichincha, solicitó a la Fiscalía el cumplimiento de una serie de diligencias y que se requiera de “manera urgente y en cadena de custodia” una copia auténtica de los videos de seguridad de Flagrancia, y que se señale día y hora para que Juan Zapata, ministro del Interior; y Fausto Salinas, comandante de la Policía rindan su versión sobre los hechos.
El 11 de julio de 2023, Carmen Ramírez, jueza de la Unidad Judicial concedió el pedido de medidas cautelares a favor de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) y dispuso al ministro del Interior que de «manera inmediata» se proceda a designar personal policial para que refuerce la seguridad en las unidades judiciales, Corte Nacional de Justicia (CNJ), cortes provinciales, fiscalías y Consejo de la Judicatura a escala nacional.
La Judicatura todavía está a la espera que el ministerio del Interior cumpla lo dispuesto por la juzgadora. “Las amenazas en contra de operadores judiciales no han cesado y existe un clima de zozobra e inseguridad entre los servidores judiciales de todo el país”, advirtió el CJ en un comunicado oficial.
Además, pide que se remita la documentación de todas las unidades policiales que intervinieron en los hechos del 15 de julio, en especial, del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que efectuó la desactivación del artefacto explosivo que fue colocado por los presuntos responsables en los exteriores de Flagrancia.
Araúz solicitó, adicionalmente, que se recepten las versiones de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, y el registro del personal de jueces y servidores judiciales que se encontraban laborando desde las 18h00 hasta las 22h00 el 15 de julio.
El presunto delito de terrorismo está tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y está sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
En el acápite de terrorismo y su financiación se describe como “la persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con 10 a 13 años de prisión”. (SC)
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