Un proyecto de ley de consulta previa e informada, y reformas en materia de energía, son algunas de las iniciativas que se proponen.
El proceso de diálogo que por más de 90 días reunió en diez mesas temáticas a 39 instituciones del Estado, y a representantes del sector indígena y que se cerró el 14 de octubre de 2022, entra a una nueva etapa.
Este miércoles, 18 de octubre de 2022, se instalará en Quito una comisión de seguimiento y planificación para la instrumentalización de los acuerdos que podrían darse por decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, resoluciones, e iniciativas de ley. “Esta mesa es muy importante porque se impulsará el establecimiento de medidas concretas a los 218 acuerdos logrados”, dijo Ana Changuín, viceministra de Gobierno.
Pero Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aclaró que a partir de este 19 de octubre, se conocerá cuáles fueron los acuerdos, los tiempos de implementación, los procedimientos, los retrocesos y los desacuerdos.
Afirmó que muchos de los 218 acuerdos que menciona el Gobierno son procedimientos. “Los acuerdos deben tener un cronograma de implementación, porque algunos, incluso están desfasados. Algunos tenían que salir hasta el 7 de octubre y algunas comisiones tenían que empezar a trabajar hasta el 25 de octubre, como en el tema de la consulta previa, libre e informada (sobre minería). Este es un punto que está rezagado”, expresó.
Iza remarcó que en el plan de implementación que arranca este miércoles se debe establecer el cronograma. “Si después de un tiempo, tras realizar una evaluación no se ha concretado ni el 10% de los acuerdos habrá reacción, pero si se cumple hasta el 50% o 60% de los acuerdos, las bases dirán ¡muy bien vamos avanzando!”.
No obstante, señaló que “todo dependerá del plan de implementación que el Gobierno debe cargar sobre sus hombros con toda la responsabilidad. De nuestra parte, nuestro equipo estará trabajando en la programación de la metodología, diferenciando los acuerdos de aplicación inmediata, a medio plazo, y a largo plazo que es menos de un año”, explicó.
La agenda queda abierta no solo con el Ejecutivo, sino con otras funciones del Estado como la Asamblea Nacional que “deberá tramitar con urgencia” los cuerpos legales que deben ser reformados, dijo Iza.
Según el Gobierno hay 21 desacuerdos: 3 en control de precios, uno en fomento productivo, 9 en energía, 3 en seguridad y justicia, 3 en derechos colectivos y 2 en acceso a la salud.
La metodología
Una comisión de seguimiento, encabezada por el subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, Sebastián Salazar, y la coordinadora de Planificación, Sara Moya, más dos delegados de cada una de las organizaciones, sistematizará los acuerdos, y habrá una semaforización según el nivel de cumplimiento. “Este será un proceso serio y complejo. No hay que pensar en las mesas como el cierre del proceso, sino como el inicio de un procedimiento de construcción de política pública”, agregó Changuín.
Los temas que se pondrán en práctica estarán sustentados en 42 acuerdos que tienen que ver con la construcción de una normativa o iniciativa de ley. Entre ellas, constan el proyecto de ley de consulta previa e informada y reformas en materia de energía. (SC)
Los desacuerdos, según el Gobierno
Control de precios
Fijar el precio a 44 productos de la canasta básica utilizando como referencia el precio de enero 2022.
Estimular mecanismos de compras públicas y ferias inclusivas, garantizar el perchado de productos de la economía popular y solidaria y establecer un sistema de almacenaje para comercialización pública comunitaria.
Observatorio de control de precios, debido a que no se ha fijado el precio de los 44 productos.
Fomento productivo
No se desarrolló el impacto de las políticas de libre comercio y TLC del sector agrícola.
Energía y recursos naturales
Se continuará realizando actividades en los bloques por licitar de la ronda intra-campos en 7 bloques.
No se acepta la moratoria al bloque Perico plataformas 1 y 2, bloques 50 y 51, 61 y 107.
No se acepta la prohibición para la ampliación de actividades petroleras.
No se acepta la no ampliación del polígono de los bloques 14, 17, 61, 12, 16, 31 y 43, se respetará la zona intangible.
No se acepta la no apertura del catastro minero. El Gobierno abrirá el catastro sin otorgar nuevos títulos.
No se aceptan las propuestas relacionadas a la derogatoria del decreto 151 sobre las políticas hidrocarburíferas y mineras.
No se acepta que la licencia ambiental se someta a consulta libre previa e informada, sino a la consulta ambiental.
No se acepta la derogatoria del decreto 1247 de 2012 sobre la licitación de áreas hidrocarburíferas.
No se acepta la derogatoria del Acuerdo Ministerial 13 publicado en Registro Oficial 466 del 11 de abril de 2019 que sustituye el capítulo V sobre “procesos de participación ciudadana para la regularización ambiental”.
Seguridad y justicia
No se acepta la creación de un fondo emergente para reparación integral en el contexto de las manifestaciones para los casos en los que aún no se cuenta con una sentencia ejecutoriada.
No se puede entregar los protocolos internos, mallas y procedimientos de la Policía y Fuerzas Armadas relacionados con el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones por ser confidenciales.
No se trataron las demandas que estaban a cargo de entidades que no acudieron a la mesa de diálogo, como es el caso de la Defensoría del Pueblo.
Derechos colectivos
No se concede amnistía a miembros de pueblos y nacionalidades criminalizados.
No se derogará el decreto 1247 de 2012 ni el decreto 468 19.
No se elaborará el decreto de forma participativa para el régimen de transición para consulta prelegislativa.
Acceso a la salud
No se solicitará el aumento en 0.8% la asignación del PIB para el Ministerio de Salud en 2023. El Ministerio solicitará en su proforma presupuestaria un valor de $3.540 millones.
No se acuerda el porcentaje de disminución de la brecha de profesionales de salud en 2023.