Los pueblos ejercen el legítimo derecho a la protesta cuando los gobiernos cometen errores que violan los derechos humanos, económicos, políticos, sociales y culturales. En junio, 18 días duró el paro nacional y levantamiento indígena del Inti Raymi, organizado por la Conaie, Feine y Fenocin, que firmaron un acta en la que se establecieron los logros alcanzados que originaron las mesas técnicas de diálogo para que se cumplan acuerdos a los que se comprometió el Gobierno Nacional, en relación a una agenda de 10 puntos.
El inicio de las mesas temáticas estuvo en riesgo debido a las declaraciones del presidente Lasso, que fueron rechazadas por el movimiento indígena, que acusó al presidente de “mentir, atacar, desprestigiar y difamar al movimiento y su derecho a la legítima protesta social”. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, expresaba: “En las mesas debe quedar claro que luchamos como pueblos y nacionalidades sobre un derecho, más no vinculados a los procesos que se nos está acusando como el narcotráfico”. Las declaraciones de Lasso atentan y deslegitiman a la protesta social.
Superados los insultos, se instalaron las mesas temáticas sobre la focalización de subsidios a los combustibles y moratoria de deudas en la banca pública, privada y cooperativas. Es loable que luego de las discusiones se haya logrado el primer acuerdo sobre condonación de deudas, reestructuración, refinanciamiento y recalificación de deudores. No soluciona la totalidad del problema, pero es un paso significativo.
Un tema en extremo delicado se refiere al uso excesivo de la fuerza por parte de los aparatos represivos del Estado que ocasionó muertes, heridos, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes. ¿Será capaz el Gobierno de asumir sus responsabilidades?