Falta de detalle en el desarrollo de los conflictos de interés, la sintetización del texto y la falta de un responsable para la ejecución de la reglamentación son algunas de las observaciones realizadas por Luis Verdesoto y Ana Belén Cordero
El presidente Daniel Noboa emitió en horas de la noche del pasado martes 19 de diciembre, su decreto Nº 86 con el que modificó el Código de Ética de los funcionarios públicos, vigente desde la asunción del presidente Guillermo Lasso al poder.
El código tendría como objetivo establecer “las normas de comportamiento ético para la administración pública transparente y eficiente, al servicio de todos los ciudadanos, con apego al derecho, la justicia, los derechos humanos, la objetividad, integridad, honestidad, probidad e imparcialidad”.
El instrumento pretende establecer controles en cuanto a la utilización de los recursos del Estado, evitar el nepotismo y evitar los escenarios de conflictos de interés que puedan existir en aquellos ciudadanos que ocupen cargos públicos y hayan tenido relaciones con el sector privado.
Los exsecretarios anticorrupción, Ana Belén Cordero y Luis Verdesoto hicieron algunos señalamientos y críticas al nuevo instrumento, advirtiendo que en el nuevo texto existe el peligro de “diluir las responsabilidades”.
Diluir responsabilidades
El académico y exsecretario anticorrupción Luis Verdesoto indicó que existen cambios importantes en el Código de Ética firmado por el presidente Noboa e indicó que uno de los puntos débiles se encuentra en la resolución de los conflictos de interés entre la empresa privada y los funcionarios que recién están asumiendo sus responsabilidades en la administración pública.
“Hay una especial susceptibilidad; no estoy diciendo que haya problemas de corrupción, pero es muy susceptible el riesgo de corrupción cuando la mayor parte de los funcionarios están vinculados a la empresa privada, especialmente el presidente y su gabinete”, apuntó.
Verdesoto recordó que durante su gestión al frente de la Secretaría Anticorrupción se desarrolló una propuesta de ley para la Resolución de los Conflictos de Interés que permitiría hacer precisiones sobre cuándo existe un conflicto de interés, cómo debe manejarse, cuándo debe declararlo el funcionario, cómo debe “excusarse” o excluirse.
“No es solamente el alcance de los regalos ni el alcance de determinados nombramientos; son fundamentalmente las decisiones de política pública, hecho que incluye además la información y el uso de esa información”, acotó.
Un aspecto que llamó la atención a Verdesoto fue la sintetización del contenido del Código de Ética decretado por Guillermo Lasso y el actual, indicando que debido a este proceso en algunas materias se diluyen las responsabilidades. “Lo fundamental es que se diluye la responsabilidad y le quita la responsabilidad al secretario de la Administración Pública sobre el cumplimiento del código”, alertó Verdesoto.
Precisó que en el actual Código de Ética “se está tratando de diluir, de olvidar la culpa del anterior, de eliminar la responsabilidad al presente y diluir lo que está previsto en el proyecto de ley sobre el conflicto de interés”.
Regulación más general
Por su parte, la exsecretaria anticorrupción Ana Belén Cordero estimó, al realizar una comparación entre ambos Códigos de Ética, que en muchos temas es un “copy y paste” del presentado por el presidente Guillermo Lasso.
Acotó que la versión de Lasso fue más específica y precisa en cuanto a la definición de los tipos de nepotismo, la caracterización de las conductas y el tema de la recepción y entrega de regalos; hecho que en el nuevo código es más general.
Cordero acotó que esta reglamentación viene dada por las irregularidades cometidas durante el Gobierno de Rafael Correa, quien durante su gestión recibió y entregó obsequios y joyas costosas que incluso llegaron a ser exhibidos en el Palacio de Carondelet.
Reparos al uso del avión presidencial
Agregó que otra diferencia puede encontrarse en la precisión que el pasado código desarrolló en el uso del avión presidencial y los vehículos oficiales; “el decreto del presidente Noboa habla sobre el hecho, dice que será únicamente utilizados para fines oficiales y de acuerdo a lo que disponga La Casa Militar; sin embargo, el decreto del expresidente Lasso iba mucho más allá, regulaba quiénes podían utilizar el avión presidencial, incluso regulaba el tipo de carga, de equipamiento y de equipaje”.
Sobre los conflictos de intereses, Cordero destacó que fue un tema ampliamente regulado en el Código firmado por Lasso, mientras que en el caso del presidente Noboa, no se observan detalles que precisen las faltas y quien será el encargado de velar por su cumplimiento.
“En el decreto del expresidente Lasso estaba claramente quién era el responsable de supervisar los potenciales conflictos de interés; se establecía cómo tenía que manejarse. En cambio, en el actual no se menciona y no se responsabiliza a nadie”, alertó.
Cordero acotó que la función fue encargada a las unidades de talento humano de los Ministerios y organismos; “yo veo ahí un problema, porque las unidades de talento humano dependen directamente del ministro y puede haber una relación de poder compleja que impida hacer visibles los conflictos”. (ILS)
Sin Secretario Anticorrupción
Tanto Luis Verdesoto como Ana Belén Cordero mostraron su preocupación por la aprobación de la ley para la Resolución de los Conflictos de Interés en la función pública e indicaron que esta se encuentra en la Asamblea esperando por su discusión.
Verdesoto acotó que luego de presentar el proyecto al presidente Guillermo Lasso, este fue remitido al parlamento a través de un grupo de asambleístas, quienes lo entregaron, “pero nunca la trataron”.
Por su parte, Cordero indicó que el proyecto se encuentra en la Comisión de Régimen Económico del parlamento. “entiendo que están en las comparecencias y en los debates para redactar el informe para el primer debate, pero como se comprende, no es un proyecto ley económico urgente”.
Es importante destacar que hasta el momento, el presidente Daniel Noboa sigue sin designar al encargado de ocupar la Secretaría Anticorrupción de su gobierno.