Inseguridad jurídica, corrupción o abuso policial son algunas de las posibilidades que dos penalistas encuentran en la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa.
Camilo A., es arquitecto y tiene 32 años. Desde los 25 fuma marihuana. Dice que lo hace de vez en cuando y que jamás ha desarrollado adicciones “ni con el alcohol, ni el tabaco, ni la yerba”.
Este profesional, que tiene un trabajo estable y es independiente desde el 24 de noviembre de 2023, podría ir a la cárcel por consumir marihuana, algo que no pasa en casi ningún país del mundo, ya que lo que se sentencia es la venta y no el consumo.
Pese a que la Constitución del Ecuador, en su artículo 364, prohíbe la criminalización del consumo de drogas y declara a las adicciones como un problema de salud pública; la derogación de la tabla de consumo de sustancias sujetas a fiscalización abre la puerta a la criminalización de los consumidores o adictos, quienes podrían ser juzgados como traficantes, sin serlo.
Los abogados-penalistas Sebatián Cornejo y Pablo Encalada concuerdan en que la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, de eliminar la tabla de consumo es apresurada y tendrá graves consecuencias a nivel social y penal. Ambos expertos del derecho penal señalan al menos cinco escenarios.
1 Inseguridad jurídica
Esto significa que un consumidor deja de tener una herramienta, como la tabla, que le permita separarse de los traficantes. Quien sea detenido con drogas se verá condicionado por la discrecionalidad con la que actúe el juez. El magistrado puede –sin una base legal– determinar quién es consumidor y quien no.
2 Corrupción
Un juez podría juzgar a traficantes como consumidores, lo que generaría beneficios para los narcotraficantes.
3 Abuso policial
Más detenciones a ciudadanos comunes, ya que no existe un mínimo para el consumo. Esto se prestaría a coimas para los consumidores.
4 Hacinamiento en cárceles
Sin una norma que separe a los traficantes, consumidores y adictos las cárceles tendrán más presos. En cárceles como la Regional del Guayas, con capacidad para 545 presos, la población penitenciaria es de 1.305, es decir, hay un hacinamiento del 139%.
Con esto, dice Encalada, se tendrá que construir más centros, lo que complicaría arreglar la situación penitenciaria del país.
5 Altos costos para el sistema de justicia
Se aumentará funciones a fiscales y jueces. Habrá más trabajo para peritos, investigadores, más demanda de recursos tributarios, lo que será costoso para el Estado.
Proceso judicial
Tal como sucede con un presunto delincuente, si una persona es detenida por tener drogas ilícitas, se considerará detención en flagrancia.
Para eso, el detenido debe tener una audiencia en 24 horas. Cornejo dice que en ese tiempo, la Fiscalía podría demostrar que se trata o no de un consumidor, para lo cual se requiere de un exámen toxicológico que no siempre se logra tener en el tiempo antes de que expire la flagrancia.
Es así que mientras se determina quién es la persona detenida, el ciudadano podría ir a prisión preventiva, mientras corre la instrucción fiscal (30 días) o se realiza una investigación previa, que puede durar hasta dos años. (AVV)
¿Qué buscaba la tabla de consumo?
La tabla de umbrales de porte de drogas no busca ni la prevención de consumo, ni de delitos. Lo que es “es una herramienta objetiva para dividir a los consumidores de los traficantes”, señala Encalada.
Cornejo destaca que los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso ya intentaron eliminar esta herramienta, pero no lo hicieron porque posiblemente fueron asesorados sobre el impacto y la inseguridad jurídica que esto genera.
“Ahora que se ha eliminado la norma, lo que estamos logrando es que el COIP (Código Orgánico Integral Penal) sea una norma en blanco y todo quedará en discrecionalidad del juzgador y es algo grave porque le dejan al magistrado la sentencia, a su buen entender”, agrega Cornejo.
El decreto de la derogatoria de la tabla de consumo de drogas ya está en el Registro Oficial, por lo cual los consumidores ya pueden ser detenidos.