El Tribunal Contencioso Electoral recibe apelación en caso de proselitismo político del alcalde de Quito.
En una nueva fase del controvertido caso de proselitismo político, los actores principales, Mónica Jaramillo y Juan Esteban Guarderas, presentaron ayer, 19 de marzo, la apelación de la sentencia contra Pabel Muñoz por infracciones electorales. Muñoz, quien ya había interpuesto su propia apelación, enfrenta acusaciones por utilizar su posición como alcalde de Quito para influir en el voto a favor de una candidatura específica. La apelación de Muñoz es para que se desestime la sentencia.
La apelación, que ahora está en manos del Tribunal Contencioso Electoral, busca una revisión más profunda de la sentencia inicial. Se espera que, luego de que las partes presentaran la apelación, el tribunal realice un sorteo entre los cinco jueces del pleno para designar un juez sustanciador, encargado de revisar la apelación y determinar si cumple con los requisitos establecidos en el reglamento de trámites del tribunal.
Según Jaramillo, la secretaria relatora de juez de instancia Joaquín Viteri, tiene hasta mañana, jueves, para armar el expediente y enviar a la secretaria general del TCE para q se realice el sorteo y designe juez sustanciador. El viernes se llevará a cabo el sorteo, y el juez sustanciador deberá admitir la causa a trámite, convocar al pleno de jueces e iniciar el proceso de resolución, el cual tiene un plazo máximo de 10 días.
Infracción del alcalde
Conforme al Artículo 278 del Código de la Democracia. La infracción cometida, según lo establecido por el juez Joaquín Viteri, es haber inducido el voto a favor de una preferencia electoral específica y promover aportes económicos a una organización política o candidato, acciones prohibidas en el ejercicio de funciones públicas. Esta infracción tendría una sentencia con multa desde once salarios básicos unificados hasta veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
La pena impuesta al alcalde ha sido la máxima contemplada por la ley, una multa de veinte salarios básicos unificados, equivalente a $9.200, además de la obligación de ofrecer disculpas públicas por sus acciones. El juez Viteri explicó que estas sanciones se derivan del principio de proporcionalidad consagrado en el Artículo 76 de la Constitución de la República, que busca establecer equidad entre las infracciones y las sanciones correspondientes, ya sean penales, administrativas u otras.
En su resolución, Viteri subrayó la importancia de respetar el proceso democrático y el ejercicio de los derechos constitucionales, reconociendo la investidura del alcalde como resultado de la voluntad de los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito. No obstante, enfatizó en la necesidad de aplicar una sanción proporcional que no interfiera en el funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal.
Documento de Apelación
En el documento de apelación, los denunciantes argumentan que la sanción impuesta, que hasta el momento ha sido estrictamente pecuniaria, no es suficiente para disuadir futuras conductas contrarias a la ley por parte de servidores públicos. Se enfatiza la importancia del principio de proporcionalidad y se solicita la imposición de medidas más coercitivas, como la suspensión de derechos de participación y la destitución del alcalde Muñoz.
Según Jaramillo, lo establecido en el artículo 278 del Código de la Democracia, la infracción electoral grave cometida por Muñoz merece una sanción que garantice el respeto por las normativas democráticas en el país y fortalezca la integridad del proceso electoral. Jaramillo insiste en la importancia de unas elecciones libres, transparentes y en condiciones iguales, para el 2025, respetando el derecho a la libertad de sufragio, y hace un llamado al Tribunal Contencioso Electoral para que considere medidas coercitivas más efectivas que multa de $9.200 en juego y las disculpas públicas. (EC)
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