Aunque la sentencia dejó inconformes a las dos partes del caso, en el Concejo Metropolitano ya han reflexionado por el fallo. Conozca lo que piensan los ediles.
Avanza el proceso legal contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien busca revocar la sentencia que lo señala de proselitismo político. La abogada Mónica Jaramillo, una de los dos denunciantes, ha confirmado que las solicitudes de aclaración del juicio han sido resueltas y que el alcalde ya ha presentado una apelación contra la sentencia. En respuesta, Jaramillo y Guarderas también planean apelar la sentencia este 19 de marzo de 2024.
Mientras tanto el Concejo Metropolitano ha comenzado a debatir las posibles repercusiones que este caso puede tener, con el alcalde luchando por la anulación de la sentencia y sus detractores buscando su destitución.
Voces críticas
El concejal Bernardo Abad explica que el veredicto del tribunal ha sido claro en cuanto a la gravedad de la infracción y las consecuencias impuestas. A pesar de la relevancia de este caso, el edil afirmó que este asunto no debería afectar las actividades del Municipio. Argumentó que es una cuestión personal del alcalde y no refleja la responsabilidad del Concejo o la ciudad en su conjunto.
Según Abad, el Concejo se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que determinará si la sentencia será ratificada o rectificada. Aunque no se espera que el Consejo tome ninguna medida en este momento, el caso sirve como un recordatorio para todas las autoridades de respetar y cumplir con las leyes electorales para preservar la integridad democrática, dijo Abad.
Para el concejal, esta sentencia deja un precedente importante para las futuras acciones de los funcionarios electos, destacando la necesidad de abstenerse de influir en el proceso democrático y garantizar una competencia justa y transparente en todas las elecciones.
Respeto a las leyes
La concejala Sandra Hidalgo destacó la preocupación por el uso de recursos públicos para actividades proselitistas, como la grabación de un video de apoyo a una candidata presidencial en instalaciones municipales y pronunciamientos políticos en medios municipales. Recordó que estas denuncias se realizaron en octubre de 2023, en una sesión del Concejo.
En relación a las medidas específicas que se deben tomar en el Concejo para garantizar la protección de los recursos de los quiteños, Hidalgo hizo hincapié en el respeto a las instituciones, las leyes y las normas que rigen el país. Destacó la importancia de cumplir con las normativas de manera democrática y transparente para garantizar la integridad del gobierno local. Aseguró que Quito no necesita más leyes, sino personas que sepan respetar las que ya existen.
Cumplir con el mandato
La concejala Analía Ledesma, por su parte, celebró que la justicia esté actuando adecuadamente en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Subrayó la importancia de respetar el trabajo de cada entidad correspondiente, señalando que la competencia sobre este asunto recae en el TCE y no en el Concejo Metropolitano.
La sentencia preliminar, según Ledesma, advierte la precaución necesaria para garantizar la correcta actuación de una autoridad electa durante los períodos electorales. Remarcó que está prohibido para los servidores públicos inducir a los electores a respaldar cualquier preferencia electoral y, como autoridades, deben cumplir con el mandato entregado por el pueblo.
No obstante, Ledesma destacó que la sentencia de primera instancia fue impugnada por el alcalde, lo cual es su derecho. Resaltó la importancia de que la decisión judicial quede en firme antes de establecer un precedente definitivo, y que solo entonces se podrá determinar el alcance de dicha decisión.
Finalmente, independientemente de la decisión final, Ledesma hizo hincapié en que las autoridades electas y los servidores públicos deben recordar que están al servicio del pueblo y que su actuar será juzgado por los ciudadanos. (EC)
El peritaje no fue válido, dice la justicia electoral
Los denunciantes, Juan Esteban Guarderas y Mónica Jaramillo, impulsaron recurso de aclaración y ampliación en el Tribunal Contencioso Electoral, fundamentando sus argumentos en tres puntos clave.
Cuestionan la falta de consideración del peritaje realizado por el Sargento Primero de Policía, Hugo Adriano, designado por el Tribunal y acreditado por el Consejo de la Judicatura.
Objetaron la imposición de una sanción puramente pecuniaria, argumentando que podría ser insuficiente como disuasión para futuras infracciones.
Por último, se refieren a la remisión del expediente a la Fiscalía General del Estado por presunta suplantación de identidad, solicitando aclaraciones sobre si fue una decisión de oficio o a petición de los denunciantes, y planteando la posibilidad de una eventual demanda por daño moral en caso de una investigación por acusaciones maliciosas.
El TCE respondió a las alegaciones. Confirmó que los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia ya explican por qué el perito no fue considerado. Es decir, el peritaje no fue tomado en cuenta para la sentencia. El peritaje se realizó para comprobar la autenticidad de las pruebas, pero el mismo no fue tomado en cuenta ya que el perito no fue designado de forma correcta, lo que invalidaba su informe pericial.
El juez ha reiterado que no es competencia suya hacer juicios de valor sobre la suficiencia de las sanciones impuestas, sino que su función es imponerlas con estricta sujeción a la ley.
Finalmente, el juez ha explicado que la remisión del expediente a la Fiscalía General del Estado se realizó como un imperativo legal y no por decisión propia ni de las partes involucradas en el caso.
La sentencia de Muñoz crea un precedente en el Municipio
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