Por más de un año, la Fiscalía trabajó con un minúsculo grupo de funcionarios para evitar filtraciones, aunque al final no evitó que la información se liberara antes de tiempo. El caso que involucra al narcotráfico con la justicia está en la primera fase de un camino que, mínimo, durará 200 días.
La frase “durmiendo con el enemigo” le calza bien a la Fiscalía General del Estado. Y es que, en menos de una semana, se filtró información que permitió a los involucrados huir.
Un ejemplo es el caso denominado ‘Metástasis’. 14 horas antes de que la Fiscalía allane y detenga a los 38 vinculados, el expresidente Rafael Correa ya sabía de los operativos y los alertó por redes sociales. Es así que, según la fiscal Diana Salazar, siete personas se fugaron.
El otro caso fue el de Jorge Glas. El exvicepresidente logró refugiarse en la embajada de México, tras filtrarse el requerimiento de su presencia en la entidad liderada por Salazar, sin que esto implique una orden de detención.
Salazar ha reconocido que las filtraciones se deben “a las redes de corrupción que aún operan en el sistema judicial y político”, según dijo en entrevista con Teleamazonas.
Un grupo reducido de investigadores
En referencia al caso Metástasis, Salazar relató que la investigación arrancó con un análisis de acto urgente, con un grupo reducido de policías y fiscales. Este pequeño grupo de trabajo pudo recabar información durante unos meses; luego, cuando ya se debía iniciar la investigación previa con operativos que involucran allanamientos, “es ahí cuando se filtra la información, porque ya debemos sumar equipos de varios fiscales, de varios policías y, lamentablemente, conocen cuál fue el resultado (filtraciones)”.
La Fiscalía podría iniciar una indagación contra Correa por la filtración de información, pero Salazar ha señalado que ahora están enfocados en “lo importante”.
Pero es justamente el Consejo de la Judicatura, cuyo presidente está detenido por este proceso, la entidad que debe realizar las evaluaciones y pruebas de confianza a los funcionarios de justicia.
El inicio de un largo camino
La audiencia de formulación de cargos se realizó entre el 14 y 15 de diciembre de 2023, el primer paso del camino judicial que deberá seguir el caso ‘Metástasis’.
Sebastián Cornejo, abogado-penalista, explica cuáles serían los tiempos para este caso:
- De existir nuevas vinculaciones, la instrucción fiscal podría pasar de 90 a 120 días. La ley no permite un plazo mayor.
- Es decir, que la instrucción fiscal duraría casi 4 meses.
- Una vez cumplida esta fase, la Fiscal tiene que solicitar día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
- Cuando el juez recibe el pedido, según la ley, debería convocar a la diligencia dentro de un plazo de 24 horas, o sea, de manera inmediata.
- Una vez de que se convoca a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el juez determina si existen elementos suficientes para llamar al juicio.
- En esta fase, los 31 vinculados podrían ir todos a juicio o solo los que el juez considere. Es decir, se individualiza cada caso. Esto debería tomar no más de 20 días.
- En los casos llamados a juicio se realiza una práctica probatoria, y se determina quiénes son declarados culpables y quiénes inocentes.
- Para Cornejo, este caso va a ser llevado a cabo con el cumplimiento de los plazos a rajatabla debido a su carácter mediático. “Ahí se cumple a cabalidad los plazos”, reitera el penalista.
- Si es que no existen diferimientos o recusaciones el juicio tomaría unos 30 días.
- Es decir, que deberían existir condenas en aproximadamente 200 días, es decir, seis meses.
Pero la justicia ecuatoriana ya tiene antecedentes de juicios que no logran concretarse por los recursos legales como recusar (sacar) a jueces del proceso. Un ejemplo es el juicio del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, que lleva estancado casi dos años.
Caso Metástasis resumido
Cada día hay nueva información sobre el caso Metástasis y, de seguro habrá más, ya que solo 200 de las 14.900 hojas de chats han sido reveladas.
Por lo pronto esta es la trama develada por la Fiscal:
Leandro Norero traficaba con armas y drogas. Lo hacía incluso desde la cárcel de Cotopaxi, a la que fue llevado tras ser detenido.
Para seguir con sus negocios, Norero compraba a jueces, policías, fiscales y abogados.
El caso se conoció luego de que Norero fue asesinado, en la cárcel de Cotopaxi, en octubre de 2022.
La Fiscalía tiene, al menos, 11 celulares que muestran los vínculos.
Según los chats hay conversaciones del narco con su abogado Cristian Romero y con su operador Helive Angulo, alias ‘estimado’.
Ambos mencionan tener contacto con jueces de la Corte Nacional de Justicia, entre ellos Wilman Terán (en prisión preventiva), a quien llamaban ‘El Diablo’ o ‘El jefe’. La función de Terán era influir en el tribunal que resolvería el habeas corpus de los familiares de Norero, por los que habría pagado $70.000.
Otro vínculo con Terán habría sido Álex Palacios, en ese entonces subcoordinador jurídico de la Corte Nacional, donde Terán era juez. Palacios se habría referido al pago de jueces en un chat en el que pregunta “¿cómo se dividen los 450 abdominales?”.
@lahora.ecLeandro Norero compraba a jueces con dinero, e incluso con mujeres. ???? En esta primera parte, te contamos para qué hacía esto y cuáles son algunos de los involucrados. ???? ♬ For movie / picture / action / suspense – G-axis sound music
Otro fuerte nexo del narco sería Pablo Ramírez, quien antes de ser General de la Policía, era director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). En los chats, Norero dice haberse reunido con Ramírez y lo llama ‘Pablito’. De hecho señala haberle agradecido el dejarlo en la cárcel de Cotopaxi y no haberlo llevado a la cárcel de máxima seguridad, La Roca.
La filtración de información sobre operativos es un delito y puede ser sancionada con uno a tres años de cárcel.