Oficialistas y opositores critican que la asambleísta siga cobrando su sueldo, pese a estar en prisión.
El caso de Esperanza Galván (ex PAIS), asambleísta que a pesar de estar presa no ha perdido ni su cargo ni su sueldo, evidencia un problema legal y ético, aseguraron varios legisladores, quienes añadieron que es un tema que debió ser resuelto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El asambleísta Miguel Ángel Moreta (CREO) aseguró que en este caso hay negligencia por parte del CAL, presidido por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, porque considera que debió suspender a Galván hasta que se resuelva su situación jurídica.
Similar criterio mantiene la asambleísta Cristina Reyes (PSC), quien reconoce que, de acuerdo con la normativa, Galván aún ocupa el cargo ya que aún no se cuenta con una sentencia ejecutoriada.
Sin embargo, considera que el CAL ha caído en una especie de “limbo” jurídico que se contrapone con lo ético, pero que a través de acto administrativo debió disponer que la alterna ejerza la función de principal con todos los deberes y derechos. “Debería ser la presidenta de la Asamblea, que también vive en el limbo, la que determine que el asambleísta que se ha principalizado haga uso de los recursos”, dijo Reyes.
Y siendo del oficialismo, el asambleísta Gabriel Rivera también considera que es el CAL, como máximo organismo administrativo, y específicamente Rivadeneira, la que tiene potestad para resolver esta situación.
“Hay que entender dos cosas claramente. Primero, que la responsabilidad sobre el personal, sobre lo que se hace o no desde el punto de vista administrativo, corresponde al CAL, no a nosotros, los asambleístas”, dijo Rivera.
Mencionó que entre una de las alternativas se podía otorgar a Galván una licencia sin sueldo y después pasar el tema al Pleno. “Pero siempre la responsabilidad estará en el CAL y Rivadeneira, que es quien lo preside”, dijo Rivera.
El tema del sueldo
Para Moreta resulta indecoroso que si Galván no está trabajando, continúe recibiendo una remuneración ya que los sueldos se dan como pago de un trabajo realizado. “Si está en la cárcel no hay ese trabajo devengado”, dijo Moreta.
Reyes dijo que es éticamente cuestionable porque continúa pagándose a una asambleísta que no está ejerciendo sus funciones ya que está en la cárcel.
Mientras que Rivera aseguro que “no siempre lo legal es justo, y no siempre lo justo es legal”, pero que debe haber soluciones de fondo moralmente aceptables y legalmente defendibles. (HCR)
La voz de Rivadeneira
Gabriela Rivadeneira (PAIS), presidenta de la Asamblea, reiteró ayer que al no haber una sentencia ejecutoriada, Galván sigue gozando de sus derechos constitucionales y los que le otorga la Ley de la Función Legislativa.
Aseguró que la licencia sin sueldo solo se aplica si así lo solicita la asambleísta. “Como CAL estamos garantizando los derechos otorgados en la Constitución, en la Ley de la Función Legislativa, tanto para el principal como para el alterno, que en este caso está siendo posesionado por su principal de manera permanente y en eso también ya está la actuación del principal dentro de lo determinado en la Ley”, dijo.
Frases
«Debería ser la Presidenta de la Asamblea, que vive en el limbo, la que determine que el asambleísta que se ha principalizado haga uso de los recursos”.
Cristina Reyes,
PSC
«Si está en la cárcel, no hay ese trabajo devengado”.
Miguel Ángel Moreta,
CREO
«La responsabilidad sobre el personal, sobre lo que se hace o no desde el punto de vista administrativo, corresponde al CAL”.
Gabriel Rivera,
PAIS
«Estamos garantizando los derechos otorgados en la Constitución, en la Ley, tanto para el principal como para el alterno”.
Gabriela Rivadeneira,
PAIS
Cifra
13
meses ha cobrado su sueldo Galván desde prisión.