Fernando Santos Alvite aseguró que se detectó aumentos de entre 400% y 500% en las ventas de diésel de 109 estaciones de servicio de todo el país. Por eso, se estableció cupos a esas estaciones y se les dio 90 días para justificar los aumentos.
Según el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, se analizó el comportamiento de las estaciones de servicio en el país, y se detectó que en 109, de un total de 1.200, un aumento de entre 400% y 500% en las ventas de diésel durante el primer semestre de 2023, en comparación a igual periodo de 2022.
Santos Alvite apunta a que camaroneras grandes (a las que se le quitó el subsidio a los combustibles en diciembre de 2022) y minería ilegal son los compradores que dispararon el consumo de diésel en alrededor del 10% de las estaciones de servicio del país.
Esas gasolineras tendrán 60 días para justificar sus ventas. Si no lo hacen, de acuerdo con el ministro de Energía, se mantendrán los cupos. En concreto, habría un desvío de $1 por galón, pero con la medida de cupos, se espera ahorrar 3 millones de galones de diésel premium al mes, es decir, $3 millones al mes.
Según las cifras que manejan las autoridades, las 109 estaciones pasaron de unas ventas de 10 millones de galones en 2022 a 13 millones en 2023. Entonces, lo que se está haciendo es reducir los despachos para que se vuelva a los niveles de 2022.
Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), durante una entrevista con LA HORA, aseguró que el aumento de las ventas en las estaciones de servicios están en concordancia con con el crecimiento del parque automotor y la demanda normal.
Desde Camddepe se apunta a que el problema está en el despacho que hace Petroecuador a los sectores eléctrico e industrial y al contrabando en las estaciones de frontera manejadas por la petrolera estatal.
Además, los distribuidores de combustible está pidiendo que se revise su margen de comercialización, que está congelado hace 20 años, y que se establezca una focalización práctica y transparente.
Así, la situación es que de lado y lado se deslindan responsabilidades, mientras lo real es que los subsidios a los combustibles le costarán al país casi $3.000 millones este 2023. El mercado interno de comercialización tiene varias distorsiones y muchas interrogantes.
Camaroneros aseguran que cupos de venta no solucionan el problema
El 7 de junio pasado la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) denunció la alarmante falta de control en la comercialización de combustibles subsidiados en el país al Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos;y alex Ministro de la Producción, Comercio Exterior, inversiones y Pesca, Julio José Prado.
La CNA solicitó a las autoridades realizar un análisis exhaustivo de las cifras de Petroecuador , con el objetivo de sancionar el abastecimiento ilegal de combustibles subsidiados; lo cual no solo afecta negativamente a la industria camaronera, sino que también ocasiona pérdidas económicas considerables al Estado.
Sin embargo, más de un mes y medio después de esta denuncia, el gobierno decidió implementar un sistema de cupos en 109 gasolineras del país para controlar los aumentos inusuales en la venta de diésel premium.
El Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, expresó su descontento con esta medida, argumentando que resulta insuficiente para abordar adecuadamente la problemática.
En su cuenta de Twitter, Camposano afirmó: «La CNA advirtió el año pasado lo que sucedería. Castigar a la actividad formal que cumple con todas tas exigencias afecta constantemente nuestra capacidad de competir».
Es relevante recordar que, en el año 2022, el Gobierno anunció mediante Decreto la eliminación del precio diferenciado del diésel para los camaroneros que poseen más de 30 hectáreas productivas, lo que provocó un aumento de más de 16 centavos en el costo de producción por libra de camarón, impactando directamente en la competitividad del sector.
La medida fue duramente criticada por la CNA al no ser consensuada con el sector camaronero que propuso por varias ocasiones y cronograma paulatino de salida del subsidio atado a la adopción de otras energías limpias como la eléctrica.
«Sin estos controles efectivos, se está castigando una vez más a los actores formales de la cadena camaronera, mientras que la informalidad se beneficia ilegalmente de tos subsidios». Destacó Camposano.
La Cámara Nacional de Acuacultura hace un llamado urgente a las autoridades para que implementen medidas más efectivas y equitativas que protejan a la industria formal y aseguren el uso adecuado de los recursos subsidiados.
Se insta al Servicio de Rentas Internas (SRI) a realizar controles junto con la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) para verificar facturas de compra de combustibles y determinar quiénes, de forma inescrupulosa, se benefician de un subsidio que no les corresponde. (JS)