La entrega de 1.300 páginas del libro de visitas a la Presidencia revive el debate sobre la transparencia. Perú tiene fuertes leyes que exponen, digitalmente y en tiempo real, las visitas a todas las altas autoridades.
El pasado 14 de marzo, la Asamblea Nacional levantó la reserva que existía sobre el acceso al libro de visitas de la Presidencia de la República, llamada por muchos ‘Bitácora Presidencial’. Y tras difundir la documentación vuelve el debate sobre el derecho a la transparencia y al acceso a la información pública.
La documentación entregada por la Casa Militar es un compendio de dos archivos digitales con más de 1.300 páginas escaneadas; con su respaldo físico en dos carpetas Bene. En estas se puede observar la imagen de cada hoja del registro de visitas por la prevención principal del Palacio de Carondelet, como también el registro de extranjeros, desde el 24 de mayo de 2021 hasta la fecha de solicitud.
Muchas de las páginas presentadas tienen los datos incompletos, pues justificándose en el derecho a la protección de datos personales, dichos elementos fueron editados. Esto dificulta la verificación de la identidad de quienes acudieron al Palacio de Carondelet, tampoco se puede conocer los nombres de los funcionarios que validaron el acceso, o a qué dependencia se dirigía el visitante.
La solicitud de levantamiento de la “reserva” tendría como objetivo, para la oposición parlamentaria, encontrar algún dato de relevancia dentro de las visitas recibidas por el presidente Guillermo Lasso, para sustentar la solicitud del juicio político.
El jefe de la Casa Militar Presidencial, general Iván Vásconez Hurtado, al entregar la documentación, justificó que desde el 28 de marzo de 2022, el registro de visitas había sido catalogado como “reservado” bajo la resolución CMP-AJ-2022-030. Aunque fuentes ligadas al Ministerio de la Defensa indicaron a LA HORA que este tipo de información no debió tener tal calificación.
A pesar de la carrera tecnológica y la automatización en muchos procesos de la administración pública del país, hasta el momento todas las instituciones del Estado manejan un sistema de registro, comúnmente manual y al que muchas veces le faltan datos de identificación.
Esta realidad contrasta con la seguridad que manejan pequeñas, medianas y grandes empresas en el país; o incluso instituciones públicas de otros países en el continente, donde los accesos son digitalizados y de acceso para cualquier persona con conexión a internet.
Si bien en Ecuador existe la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se mantienen vacíos que dan lugar a la entrega de información incompleta. Mientras que en otros países, con legislaciones adelantadas en materia de transparencia, la información del Estado, es de dominio público, aunque con limitantes en temas de seguridad nacional, según lo establecen sus leyes.
Agendas públicas
La asesora legal de Fundamedios, Sonia Romero Pico, sostiene que dentro de los estándares internacionales, el tema de las agendas en las instituciones públicas es “transparente”.
“Sobre las agendas a nivel de altos funcionarios y de toma de decisión debe existir una transparencia completa, porque son mecanismos que permiten prevenir la corrupción”, puntualizó a LA HORA.
Romero destacó que la posición de Fundamedios siempre ha sido avanzar en el respeto a la transparencia y la prevención de la corrupción, por lo que instó a la autoridades a que exista voluntad política para que se dé acceso a las agendas de las instituciones públicas.
Recordó que, en marzo de 2022, la Asamblea Nacional archivó el proyecto de Ley de Lobby. Dicha propuesta fue rechazada por los asambleístas indicando que este tipo de instrumentos permitía el incremento de la corrupción.
La representante de Fundamedios señala que “la ley de Lobby lo que regulaba era el tema de las agendas, y las agendas de los altos funcionarios, dónde se toman decisiones, con quiénes se reunían, con organizaciones o instituciones, públicas o privadas; a cuáles acuerdos llegaban. Pero lamentablemente fue archivada”.
A juicio de Romero, el archivo del proyecto de ley no fue sustentado. “Fueron temas políticos, como ha sucedido lamentablemente en esta Asamblea”.
La asesora legal de Fundamedios remarcó que, a pesar de existir una ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ella solo se contempla la información mínima que debe ser presentada por las instituciones.
Para Romero, “todo lo que se generé con recursos públicos debe ser transparente”. Sin embargo, al no existir una disposición expresa en la normativa en muchas ocasiones no se cumple el libre acceso a la información.
Romero finalizó manifestando que es necesario desarrollar mecanismos claros que permitan transparentar toda la información y determinar al mismo tiempo qué datos deben ser protegidos. (ILS)
Fuerte transparencia en Perú
A pesar de la grave crisis política que se vive en Perú, el avance en materia de transparencia y acceso a la información es mayor que en Ecuador.
Incluso parte de las complicaciones de los últimos dos mandatarios electos, Pedro Castillo y Martín Vizcarra, tienen relación con las visitas recibidas en el Palacio Presidencial y los intentos por alterar el registro de visitas.
Susana Silva, adjunta para la Lucha contra la Corrupción de la Defensoría del Pueblo de Perú, indicó a LA HORA que desde 2011 se trabajó en el desarrollo de un sistema que permitiera visualizar y transparentar todas las relaciones y gestiones que realizaba “todo” funcionario público.
A raíz de esto, en 2012 se creó el registro de visitas online (www.transparencia.gob.pe) y en la actualidad toda institución tiene la “obligación” de llevar un registro en tiempo real que puede ser revisado por cualquier persona y que debe mostrar la información de visitas a un servidor público, diputados, ministros, secretarios… hasta el propio Presidente de la República.