Llenar y presentar una Declaración de Conflicto de Interés es obligatorio para todos los funcionarios del Legislativo, pero solo 20 de de 137 asambleístas han cumplido con la norma que rige desde 2002.
Esto se conoce a detalle en el Observatorio Legislativo, una organización que forma parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y que cada mes actualiza el informe de conflicto de intereses que los legisladores pueden tener con las leyes que se están tratando en la Asamblea Nacional.
Según el informe de marzo del Observatorio Legislativo, 13 de 137 asambleístas tendrían potenciales conflictos de interés relacionados con proyectos de ley que se tratan en la actualidad. Esto, debido a sus relaciones con compañías y gremios.
Según el artículo 162 numeral 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas deben presentar la declaración de sus intereses en relación con la pertenencia a gremios, compañías, afiliaciones que pueden comprometer la decisión de una ley o ser familiares o parientes de funcionarios públicos de alto nivel.
Un control necesario
¿Por qué se deben conocer y vigilar los posibles conflictos de intereses que pueden tener los asambleístas? Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo cita un ejemplo: “si un asambleísta tiene una empresa de venta de leche, no podría votar o intervenir en decisiones que analicen una normativa que quiera regular al sector lácteo”.
Justamente, el artículo 142 de la Ley de la Función Legislativa establece que: “Los asambleístas que tengan conflicto de intereses en la aprobación de un proyecto de ley o de una resolución, se abstendrán en la votación, sin perjuicio de que principalicen a su suplente o alterno, según corresponda”.
Casos para el análisis
Ronny Aleaga, asambleísta de UNES es accionista de la empresa Tilacorp. S.A., la cual comercializa productos alimenticios. Para el Observatorio Legislativo, Aleaga tendría un potencial conflicto de interés con el Proyecto de Ley para evitar el Desperdicio y Pérdida de Alimentos.
Marcos Alvarado Espinel, asambleísta de UNES, es gerente general de Arkae S.A., una empresa que se dedica a la construcción y reparación de vías y comercialización de repuestos. Este tema es reñido con el Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento del Control en los Procesos de Contratación Pública. También con el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
En contacto telefónico con La Hora, Alvarado sostuvo que la empresa no factura hace cinco años. A pesar de que está como activa en la Superintendencia de Compañías, no estaría en funcionamiento. Sin embargo, el asambleísta dijo estar dispuesto a abstenerse de votar si así lo demanda la Ley.
Guido Chiriboga, asambleísta de CREO, es presidente de Maquimax S.A., una importadora de insumos y maquinaria para la construcción, minería y agricultura. Según el informe del Observatorio Legislativo podría tener intereses con la sección tercera del informe para segundo debate que regulará la comercialización de bienes y servicios agropecuarios.
Manuel Medina, asambleísta de Pachakutik, es accionista de una empresa de transporte público y podría tener conveniencias con lo que se resuelva en el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
LA HORA se comunicó por Whatsapp con Medina, quien dijo que la empresa de transporte no se encuentra activa. A pesar de ello, aceptó que analizaría con su equipo técnico y jurídico si es mejor abstenerse en alguna votación.
De los 13 asambleístas con potenciales conflictos de interés, cuatro son de UNES, seis de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), dos del PSC y uno de Pachakutik.
Para Marcelo Espinel, esto es un riesgo para la democracia porque las decisiones que se tomen en la Asamblea no responderían a lo que requiere la sociedad, sino a intereses particulares, lo que podría llevar al tráfico de influencias e incluso al soborno. (GVL)
Investigación que incomoda
El 29 de marzo, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo denunció haber sido amenazado por el asambleísta Ferdinand Álvarez y dos personas más en un restaurante de Quito.
“No sabes con quién te metes” fue una de las amenazas que el legislador correísta le dijo a Espinel, según su versión.
En entrevista telefónica con LA HORA, el subdirector del Observatorio Legislativo sostuvo que el legislador también dejó claro que “le incomodan sus declaraciones (de Espinel) en los medios de comunicación”.
Según la organización, la razón de este altercado fue que unos días antes se hizo pública la relación de Álvarez, presidente de la Comisión de Transparencia, con una empresa dedicada a actividades de cabildeo y lobby
Tras las acciones de intimidación hacia nuestro subdirector @marceloespinel, hacemos público nuestro respaldo a su trabajo.
Más sobre lo sucedido aquí➡️ https://t.co/YLTWhushX8 https://t.co/6KigFMEw1n
— Observatorio Legislativo (@OjoALaAsamblea) March 30, 2022
En la Superintendencia de Compañías, Ferdinand Alvarez está registrado como gerente general de DIMARBE DESIGN & LAWYERS CORPORATION DIDELAWCORP S.A. Coincidencialmente, esa empresa brinda “servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en materia de: actividades de cabildeo”.
Lo paradójico es que Álvarez preside la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. El 24 de febrero, ocho legisladores de esta Comisión archivaron la propuesta de Ley que pretendía controlar y regular los cabildeos y conflictos de interés en toda la función pública. Eso se hizo pese a que el artículo 142 Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que “los asambleístas que tengan algún conflicto de interés con un proyecto de Ley, deben abstenerse de votar”.
Uno de los puntos de la normativa archivada buscaba obligar a todo servidor público a llenar y presentar una Declaración de Conflicto de Interés.
LA HORA accedió al Proyecto de Ley sobre la regulación del cabildeo y lobby, la cual fue archivada con ocho votos en la Comisión de Transparencia .
Entre las conclusiones del documento se dice que “los proyectos de ley en la regulación del lobby, son ineficientes, improcedentes, inviables e inconstitucionales al poseer un texto deficiente que no resulta útil en la realidad práctica”
LA HORA intentó comunicarse con el Presidente de la Comisión, Ferdinand Álvarez, para conocer su versión. Sin embargo, su asesora de comunicación informó que por el momento no está concediendo entrevistas.
50 de los 137 asambleístas tienen relación con compañías.
38 de los 137 asambleístas pertenecen a gremios.