La Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito está en vigencia desde inicios de abril.
Por ser un presunto objeto y medio de uso para un posible lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, aprobada en la Asamblea Nacional a inicios de abril de 2023, se incorporó al control de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a nueve sectores que deberán reportar mensualmente sus movimientos ante este estamento del Estado.
La decisión apunta a regular las actividades económicas de políticos y tiendas políticas (partidos y movimientos), para evitar el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas.
En su resolución, la Función Legislativa también consideró que sectores inmersos en el sistema judicial podrían ser utilizados por el crimen organizado para delinquir en el fraude fiscal y el lavado de activos en el país.
En la normativa también se incluyó el control a quienes, eventualmente, realicen movimientos superiores a 10 mil dólares, si realizan inversiones, si reciben préstamos, si hacen o reciben donaciones.
La Unidad de Análisis planifica una reunión (aún está por definirse la fecha) con estos sectores para explicarles el procedimiento. Se prevé que, hasta septiembre de este año, la entidad deberá emitir un reglamento que determine el mecanismo que deberán utilizar estos actores para realizar sus reportes.
La UAFE también cruza información con el sistema financiero e inmobiliario para determinar si entre estos sectores existirían acciones inusuales o no reportadas. El informe de la Unidad deberá ser remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE) en caso de hallar presuntas irregularidades.
Declaración de patrimonio
Dalton Bacigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática (ID), opinó que todas las medidas que signifiquen transparencia del ingreso de recursos, tanto de instituciones como de personas naturales y funcionarios públicos, son positivas.
Aclaró que en el caso de los legisladores, cada año declaran su patrimonio a la Contraloría General del Estado (CGE), que es la encargada de establecer inconsistencias o no. “Todo control adicional es importante con miras a la transparencia”, expresó.
Abogados en ‘resistencia’
José Alomía, presidente de la Federación de Abogados, concuerda que la Asamblea se ha “sintonizado” con la decisión de la UAFE de ampliar el paraguas para que más sectores reporten sus actividades para detectar presuntos problemas de lavado.
Recordó que la decisión de la Asamblea también se produce a un año de que los gremios de los profesionales del derecho se declararon en “resistencia” ante una polémica de resolución que adoptó la UAFE, el 8 de abril de 2022, con la cual notificó a los abogados y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios como sujetos obligados a reportar a la entidad la actividad de sus clientes.
“No hay derecho a la defensa si al abogado le obligan a delatar, simplemente se convertiría en el enemigo de su cliente”, insistió Alomía.
Equipos de fútbol
El presidente de la Federación de Abogados mencionó que en el caso de los equipos de fútbol si están obligados a reportar sus actividades, porque generalmente para sus clubes contratan equipos caros.
Puso de ejemplo, que ellos no tienen la obligación de guardar el secreto de su entrenador o jugador; por lo tanto, tienen la obligación de transparentar los movimientos, caso contrario se podrían convertir en cómplices, añadió Alomía. (SC)
Nuevos sectores que se incorporan al control de la UAFE
- Los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a las series ‘A’ y ‘B’, que participen de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano y por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
- Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos de alta gama.
- Jueces del sistema judicial y fiscales.
- El personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo.
- Directores de los Centros de Rehabilitación Social y Guías con rango de Jefaturas.
- Los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos (públicos y privados).
- Las compañías y empresas que usan el factoring, que también deberían reportar actividades sospechosas.
- Los partidos y movimientos políticos legalmente reconocidos.
- Asambleístas.
Fuente: Asamblea Nacional
El sueldo que un asambleísta recibe mensualmente es de $4.759.