La acción es por tiempo indefinido hasta que una autoridad competente declare la inconstitucionalidad de la resolución y la deje sin efecto.
Los abogados agremiados de Ecuador se rebelan en contra de la resolución No. UAFE-DG-2022-0129 que, el 8 de abril de 2022, emitió Carla Mera Proaño, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La decisión del organismo de control apunta a la eliminación del secreto profesional en el ejercicio del Derecho. Así, todo abogado que intervenga en materia societaria y transacciones, incluso de bienes raíces, deberá reportar la actividad de sus clientes.
Para contrarrestarlo, los profesionales del derecho adoptaron medidas, entre ellas, demandas de inconstitucionalidad, a las que la UAFE deberá dar una respuesta. Pero también acciones de resistencia.
El domingo 24 de abril de 2022, el directorio central de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (FNAE) resolvió acogerse al derecho a la resistencia, porque “obliga a los profesionales a hacer algo que las leyes y los convenios internacionales lo prohíben”.
José Alomía, presidente del gremio que agrupa a cerca de 80.000 profesionales, dijo que los instrumentos internacionales los amparan en la determinación de no revelar los secretos de sus clientes. “No acataremos la resolución en ningún momento y lugar, hasta que esta se derogue o sea declarada inconstitucional o sea dejada sin efecto por autoridad competente”, alertó.
La decisión la tomaron amparados en el artículo 98 de la Constitución. La norma señala que “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones y omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.
Medida indefinida
La declaratoria de “resistencia” es inmediata y tendrá el carácter de indefinida hasta que una autoridad competente declare la inconstitucionalidad de la resolución y la deje sin efecto.
La Federación también tomó esta decisión en solidaridad con los representantes de la Red Multidisciplinaria de Juristas del Ecuador, a quienes el juez Eliécer Jácome, durante una audiencia que se llevó a cabo el viernes pasado en el Complejo Judicial Norte, negó una acción de protección para detener la pretensión de la Unidad de Análisis sobre la entrega de información sensible de los clientes por parte de los abogados. José Alomía puntualizó que el argumento del Juez fue que la resolución no viola derechos.
Ciro Guzmán, representante del Colegio de Abogados de Pichincha, si bien respaldó la postura de la Red Multidisciplinaria, aclaró que una acción de protección es personal y procede en cuanto a violación de derechos, y no en contra norma expresa.
Corte analiza demanda
Desde el 21 de abril, en la Corte Constitucional (CC) ya se analiza una demanda de inconstitucional a la resolución de la UAFE que fue presentada por el Colegio de Abogados de Pichincha.
Ciro Guzmán, uno de sus representantes, explicó que en el documento remitido a la Corte se solicita que ésta quede sin efecto, porque “evidentemente” violenta una serie de elementos referidos al derecho a la defensa, a la reserva que debe guardar el profesional, etc.
Guzmán opinó que ante la afectación que puede causar la decisión de la UAFE, la CC debe priorizar el tratamiento del tema.
Mientras los magistrados de la CC se pronuncian, los abogados gestionan un acercamiento con la autoridad de la Unidad de Análisis Financiero, para pedirles que “sean ellos mismos los que revoquen su decisión, sin perjuicio de la demanda de inconstitucionalidad”, aclaró Guzmán.
Carolina Ordoñez, de la Red Multidisciplinaria de Juristas, remarcó que la resolución vulnera la seguridad jurídica, los derechos de rango constitucional de los profesionales, que de alguna manera se verán abocados a solicitar información personal-financiera de sus clientes.
Hasta el cierre de esta edición, la UAFE no emitía un pronunciamiento sobre estas decisiones del gremio. (SC)
Usuarios en la indefensión
El delegado del Colegio de Pichincha asumió que, con la decisión de la UAFE, el usuario también se siente directamente afectado y entra en una situación de absoluta desconfianza de acudir a un abogado.
Se presume -indicó- que alguien pide estos servicios cuando es acusado de un presunto delito o infracción administrativa, penal, civil, etc. “Pero quizá esta persona se preguntará ¿para qué voy donde un abogado si me va a denunciar?”, indicó Guzmán.
“¿Qué otra alternativa tiene la persona? Ninguna”, se respondió. Tal vez podría acudir al Defensor Público, pero este profesional también está obligado por la resolución de la UAFE. De esta forma se afecta al usuario porque se vulnera el derecho de defensa.
Más argumentos
En el VIII Congreso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre prevención del delito, existe el principio básico número 22 que tiene que ver con la función social de los abogados que dice: los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes en el marco de su relación profesional.
80.000 profesionales se agrupan en la Federación de Abogados del Ecuador.