La bancada de la Revolución Ciudadana busca imponer su criterio al iniciar este miércoles acciones que pretenden impedir la posesión de Patricio Carrillo como asambleísta Nacional por el Movimiento Construye 25
En horas de la mañana de este miércoles 20 de septiembre, un grupo de parlamentarios de la bancada de la Revolución Ciudadana encabezados por las legisladoras Jhajaira Urrestra y Gissela Garzón, solicitaron ante las autoridades la no posesión del también asambleísta electo por el Movimiento Construye 25, Patricio Carrillo.
Las legisladoras recordaron que sobre Carrillo pesa una inhabilitación de dos años, luego de ser censurado por los integrantes de la extinta Asamblea Nacional, el pasado 23 de febrero de este año.
Según los argumentos de la bancada de la Revolución Ciudadana, el exministro del Interior y ahora asambleísta electo ya fue notificado por el Ministerio del Trabajo que no podrá ejercer cargos públicos, “aún así el sigue apelando, porque desea ser asambleísta”, indicó Urrestra.
La asambleísta electa reiteró que “las leyes se tienen que cumplir”. Acotó que el pleno de la Asamblea Nacional extinta concluyó la inhabilitación de Carrillo por tres causales “al no haber cumplido sus funciones en junio 2022, incumplimiento de funciones en el caso de María Bernal e incumplimiento de funciones en la gestión de su Ministerio en contra de la Policía Nacional, la inseguridad nacional”.
Jhajaira Urrestra destacó que con estas acciones esperan que el “Contencioso Electoral, el CNE y el juez de primera instancia brinden favorable en contra del señor Patricio Carrillo y el no sea asambleísta y no le entreguen las credenciales como tal” (Sic).
Por su parte, la asambleísta Gissela Garzón reconoció que existen vacíos sobre la candidatura de Patricio Carrillo, “este vacío no significaba que ética y moralmente se tome una decisión alrededor de su candidatura. Nosotros hacemos campaña con fondos públicos, no recibimos un centavo, pero el sistema del CNE asigna fondos públicos a las candidaturas y una vez que esto se desconoce, él ha hecho campaña sabiendo que de llegar no podría posesionarse”.
Para Garzón al existir la inhabilitación, “lo que debía era esperar a que pasen los dos años de candidatura, pero no se puede burlar de la gente”.
Hemos ganado todas las impugnaciones
Por su parte, tras las declaraciones de la bancada de la Revolución Ciudadana, el asambleísta electo por Construye 25, Patricio Carrillo ofreció una rueda de prensa en la que manifestó su rechazo a las acciones del correísmo y recordó que su candidatura fue aprobada por el CNE a pesar de las impugnaciones.
“Nosotros presentamos una candidatura que fue aprobada por el CNE a pesar de todas las impugnaciones en todas las instancias en el electoral, ganamos, fuimos a las urnas, y ganamos, ahora estamos esperando que se entreguen las credenciales y el acto lógico de que se entreguen las credenciales es la posesión en la Asamblea Nacional”, recalcó.
Haremos respetar la voluntad de millones de Ecuatorianos.
No permitiremos que los intereses delictivos del correísmo, ensucien la decisión de un pueblo valiente.#Construye25 #PatricioCarrillo pic.twitter.com/wOR5jcaJGq
— Construye_Ecu (@Construye_Ecu) September 20, 2023
Por su parte, para el abogado Ramiro García lo que busca la bancada de la Revolución Ciudadana es obstruir el resultado de una consulta popular. “En este caso se estaría a través de una decisión judicial obstruyendo una decisión de democracia directa, situación que le permitiría al CNE actuar de forma directa en contra del juez que emita la medida”, alertó.
Carrillo destacó que las autoridades electorales tienen una deuda importante con la sociedad ecuatoriana, “porque hay que decirlo, hay se está construyendo la nueva mayoría, entre todos aquellos que no solamente quieren tomarse el legislativo, sino todos los órganos del poder”, advirtió.
El abogado explicó a la bancada de la Revolución Ciudadana que están confundiendo los «cargos de elección popular», con los «cargos públicos», diferencia que está establecida en los convenios internacionales que son leyes constitucionales de Ecuador al haberlos suscrito. (ILS)