Para que los resultados de las preguntas de la consulta popular puedan aplicarse, Noboa remitió a la Función Legislativa un paquete de cinco reformas. Desde el 21 de mayo de 2024, empezaron a ser tramitadas por una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional.
En la consulta popular del 21 de abril de 2024, el 64.06% del electorado (6.155.324 ecuatorianos) se pronunció a favor de realizar una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
Para que el pronunciamiento popular en las urnas pueda aplicarse, el presidente de la República, Daniel Noboa, remitió el 13 de mayo de 2024 a la Función Legislativa, un paquete de cinco reformas que, desde el 21 de mayo de 2024 empezaron a ser tramitadas por una comisión ocasional multipartidista de la Asamblea Nacional, entre ellas, la posibilidad de que armas y municiones pasen a ser usadas por los organismos de seguridad pública.
La propuesta del Ejecutivo, sobre esta materia, está contenida en cuatro páginas, con un artículo, dos disposiciones transitorias y una final.
Para agilizar el traspaso, en la propuesta de ley se sugiere que un fiscal deberá agotar todas las pericias pertinentes e individualizar las armas o explosivos que se encuentren bajo cadena de custodia, y que (según las características) podrían ser objeto de uso inmediato de militares y policías. Para ello, se solicitará a un juez la autorización para que disponga la conclusión de la cadena de custodia. El juez emitirá su pronunciamiento en un plazo máximo de diez días, y en caso de no hacerlo, se entenderá concedida la autorización.
Con la autorización del juez competente, las armas serán entregadas para el uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, según la necesidad priorizada de cada institución, o su destrucción de ser el caso.
En el caso de las armas, explosivos, municiones o accesorios hayan sido encontradas encaletadas u ocultas, enterradas, o en cualquier circunstancia en la que no exista identificado un sospechoso o procesado, el conocimiento de la noticia del delito estará a cargo de la unidad correspondiente de la fiscalía general del Estado (FGE).
El Ministerio Público deberá agotar, de ser necesario, todas las pericias en un plazo máximo de treinta días; posteriormente, un juez los declarará bienes de interés público en un plazo máximo de quince días, y ordenará la entrega al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para el uso de policías y militares. Le corresponderá al Consejo de la Judicatura (CJ) determinar los jueces competentes para estos casos.
Policía: Hasta 2023, había 42.166 armas en centros de acopio
En la exposición de motivos del proyecto presidencial, se hace referencia a que en los centros de acopio se evidencia, con corte al 31 de diciembre del 2023, la existencia de 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones, según lo determinado por la Policía Nacional, y sin que éstas tengan ningún uso.
“Por ello, es imperativo que puedan usarse en beneficio del país una vez que se cumplan todas las investigaciones necesarias”, agrega el texto de la propuesta del primer mandatario, Daniel Noboa, y señala que, si bien la resolución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), No. 08-2023 es un instrumento que aportó claridad para la aplicación de la norma en estos casos, el procedimiento debe ser mucho más expedito.
Esta argumentación se refiere a que, en julio de 2023, la CNJ aprobó una resolución que habilita la declaratoria de utilidad pública para que en las sentencias se establezca cómo y a quién entregar estos bienes incautados. Determinaron que previamente, la Fiscalía presentará al juez un informe pericial actualizado sobre el arma, para conocer sus condiciones y si es apta para su uso.
La resolución respondió a un pedido que hizo la Policía Nacional con el fin de aprovechar estos bienes, no solo en el combate a la delincuencia en las calles, sino también como insumos en la Unidad de Criminalística, que requieren armas y municiones para llevar a cabo investigaciones técnico-científicas. (SC)
Según información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hasta febrero de 2024, en los operativos de control se incautaron 2.380 armas de fuego, 1.235 alimentadoras,12.071 explosivos y 166.545 municiones.