El jurista Joffre Campaña explica que este proceso legal se puede dar en cualquier momento, por ejemplo, mientras una persona es enjuiciada. Y, Pachakutik presentó un proyecto de amnistía a favor de 250 personas, entre esas, quienes estuvieron en el paro de octubre de 2019.
En medio de llamados al diálogo y amenazas con un nuevo levantamiento indígena, los máximos dirigentes del movimiento Pachakutik, acompañados de los presidentes de organizaciones de base, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentaron en la Asamblea un proyecto de amnistía en favor de 250 personas, entre esas, un grupo vinculado al levantamiento de octubre de 2019.
Ese suceso costó, solo al Centro Histórico de Quito, $400.000 para restauración.
Ese trámite está en manos de los asambleístas, dice el exasambleísta y exvocal de la Comisión de Justicia, Henry Cucalón, porque así lo dispone el artículo 99 de Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
El hecho de que se dé trámite al proyecto no significa que sea seguro que a todos se les otorgue esta garantía constitucional y legal.
¿Qué posibilidades hay de dar luz verde?
Cucalón dijo que una vez que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) califique el proyecto, en la Comisión se conformarán equipos de trabajo para ver la legalidad de la solicitud, es decir, si cumple con los requisitos.
“Una vez que está en la Comisión se hace un razonamiento de oportunidad y político, porque los asambleístas no son jueces jurisdiccionales. El desafío está en tratar de ver si configura una infracción política, porque hay muchas que van en el campo penal”, señaló Cucalón.
Manifestó que se deberá revisar caso por caso, a fin de que se establezca si cada expediente cumple con los requisitos de ley.
El jurista Joffre Campaña dice que “la amnistía es el olvido del delito cometido”. Además, por vía constitucional se lo haría para delitos comunes: robo, hurto, abigeato, delitos políticos, insurrección. Asimismo, dejó claro que la amnistía no aplica en los delitos en contra de la administración pública. Esto es, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, genocidio, tortura o desaparición forzada de personas, secuestro y homicidios por razones políticas o de conciencia.
Detenidos del 19 de octubre
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien también participó de la entrega dijo que en el caso del levantamiento de octubre de 2019 se encuentra detenida gente de Sucumbíos,” ya que su accionar fue confundida con una acción más política. El número no sé, pero todos están con el proceso judicial abierto y otros que están en etapa de juicio”, dijo Iza. (RR)
La amnistía se puede dar en cualquier momento, es decir, mientras una persona es enjuiciada, sentenciada e inclusive sobre los hechos que pudieran devenir de una infracción.
Personas que fueron favorecidas por amnistía
A Abdalá Bucaram se le dio la amnistía en 1990 por el proceso que tenía en su contra cuando fue alcalde Guayaquil, por el tema del cascajo.
La amnistía que propuso el expresidente Gustavo Noboa y aprobó el Congreso Nacional en 2000, para todos los involucrados en la asonada del 21 de enero de 2000, donde había civiles y militares, entre ellos, Lucio Gutiérrez, Carlos Solórzano, Antonio Vargas.
En 2008 la Asamblea Constituyente tramitó la solicitud de amnistía en favor de Gustavo Noboa y otros funcionarios quienes fueron acusados de un presunto negociado de la deuda externa y contra quienes se dictó prisión preventiva.
Los Comandos de Taura fueron amnistiados por la Asamblea Constituyente en el 2008. Les dieron Ley de Gracia (perdón) en 1989, durante la administración de Rodrígo Borja, dejándolos en libertad, pero en sus hojas de vida seguía constando que eran culpables de haber secuestrado al Alto Mando, al expresidente León Febres Cordero. En 2008 la Asamblea Constituyente los amnistió, es decir, borró las infracciones de sus hojas de vida.
El 30 de julio de 2020, el pleno de la Asamblea aprobó el pedido de solicitud de amnistía para 20 autoridades indígenas procesadas por administrar justicia indígena en San Pedro de Cañar.
Manuel Pichizaca, un comunero de Cañar, se benefició de la amnistía concedida por la Asamblea. El ciudadano afrontaba un proceso por el delito de paralización de servicio público, tras una manifestación que bloqueó el paso por la principal carretera de la provincia de Cañar, en julio del 2015.