La Judicatura destituyó a los dos fiscales que conocieron el caso. Antes de que uno de los niños terminara en estado crítico hubo un parte policial de alerta.
El 5 de septiembre de 2021, dos hermanos de seis y ocho años fueron hospitalizados en Guayaquil con señales de violencia física y sexual. Ambos vivían en Naranjal junto a su padre y madrastra.
El más pequeño se encuentra en estado crítico: su cuerpo muestra que fue quemado, violado y torturado. Su hermana, de ocho años, fue trasladada a una casa de acogida del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
El caso impactó a las autoridades de Salud y Justicia, no solo por la violencia ejercida sobre los pequeños, sino por la ineficiente actuación de dos fiscales, los cuales fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura el 5 de enero de 2022. Y es que pese al informe médico legal, el padre y la madrastra fueron detenidos el 8 de septiembre, pero horas después, una orden judicial les dio la libertad ya que el fiscal que llevó el caso no formuló los cargos adecuados.
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Alertas ignoradas
Meses antes de la tragedia, el 23 de agosto, el niño ya había ingresado al hospital del IESS de Naranjal. Tenía quemaduras y otras lesiones graves. El IESS no alertó a las autoridades para que investigaran lo que se catalogó como un «accidente casero».
Tres días antes de que el niño de seis años entrara en estado crítico, un agente policial levantó un parte que califica como “una situación de riesgo» y solicitó boletas de detención con fines investigativos ante la posible vulneración de derechos de los niños y adolescentes.
Pero nunca se verificó lo qué pasaba en esa casa.
Un nuevo parte policial se levantó el 5 de septiembre; una fiscal junto a un funcionario del MIES visitaron la casa. La fiscal dictaminó que “no había señales de violencia, ni maltrato a los niños, solo falta de aseo”.
Todo esto provocó que a lo implicados se les formularan cargos tres meses después de lo sucedido.
Implicados
El padre y la madrastra de los menores señalaron que los niños se quemaron por un accidente casero. Sin embargo, los niños tenían señales antiguas de maltrato.
El 1 de diciembre, la Fiscalía formuló cargos: prisión preventiva en contra de Mariana Q., madrastra, por el delito de violación y tortura.
Maicon V., el padre, cumple prisión preventiva. Y Paula V., la abuela, se le ordenó presentarse periódicamente ante la autoridad competente y se le prohibió salir del país. (AVV)
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