El excontralor subrogante dijo en la CNJ que la Fiscalía violó el derecho a su presunción de inocencia.
En el día 38 de audiencia de juicio en contra de once procesados por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso ‘Las Torres’, Pablo Celi, exContralor General del Estado subrogante, llegó al octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para ejercer su derecho a la defensa y la presentación de su prueba.
En un relato que le tomó alrededor de cuatro horas -desde las 10:32 hasta la 14:20 de este martes 22 de noviembre de 2022,- Celi hizo una descripción y un análisis a partir de su detención del 13 de abril de 2021, y enseguida apuntó sus dardos en contra de Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Se autocalificó de “víctima” e “inocente” y afirmó que su arresto fue «ilegal» y «arbitrario», porque no existía un delito flagrante y, además, tenía fuero de Corte.
También acusó a Salazar de presuntamente «encubrir” una “estructura criminal” integrada por José Raúl de la Torre, y José Luis de la Paz y que según Celi ahora están como testigos protegidos.
Añadió que la Fiscalía, a lo largo de todo el proceso, ha llegado a la conclusión de que existe un delito y muestra como evidencia chats con funcionarios de la Contraloría, viajes al extranjero, y el uso de jerga criminal. Celi aseguró que de ello no tienen ninguna participación.
Contrainterrogatorio
En medio del contrainterrogatorio que inició Diana Salazar, el excontralor afirmó que «la fiscal también debería materializar los chat que también mantenía conmigo donde sí había peticiones”, expresó.
El comentario dejó risas entre los abogados del resto de procesados en el caso que asistieron a la audiencia. La afirmación de Celi se produjo poco después de que Diana Salazar le preguntó sobre los chats encontrados en su teléfono.
Consultada por los periodistas en un receso de la audiencia sobre la afirmación de Pablo Celi, la Fiscal anticipó que dará declaraciones una vez finalizada la diligencia.
La trama de corrupción
La trama investiga una presunta estructura delictiva que habría exigido sobornos a la empresa NoLimit por cerca de $13 millones a cambio de desvanecer cinco glosas en la Contraloría General del Estado (CGE), y liberar planillas de contratos suscritos con Petroecuador entre 2017 y 2020, y en el que está involucrado Celi, su hermano, Esteban Celi, y otras once personas.
Sin embargo, en la presentación de su prueba, Celi aclaró que él no podía solicitar el desvanecimiento de glosas y que por lo tanto no lo hizo con NoLimit.
En la audiencia develó, a su criterio, como la Fiscalía habría armado un proceso en su contra en menos de 24 horas, y se habrían alterado documentos. Insistió que los ahora testigos protegidos serían los autores del presunto delito de delincuencia organizada.
“Pablo Celi no tenía ningún conocimiento de los hechos; y la Fiscalía actuó con deslealtad procesal porque no se le notificó del inicio del proceso”, señaló su abogado Marcelo Ron.
Subrayó que con los datos obtenidos por la Fiscalía se envió información tergiversada a los medios para provocar una “sentencia mediática que no se compadece con la realidad procesal”. Ron tildó a las preguntas que le formuló la fiscal como “capciosas” y “autoincriminatorias”.
Los testigos protegidos
En julio de 2021, la Fiscalía incluyó a seis personas en el programa de protección a víctimas y testigos, entre ellas a Raúl de la Torre, exasesor de la gerencia de Petroecuador y familiar de Pablo Celi, y a José de la Paz, accionista de la empresa Nolimit. Ambos fueron sentenciados en Estados Unidos luego de confesar que formaron parte de un sistema de pago de sobornos en la estatal petrolera.(SC)
Lavado de activos
En junio de 2019, José Raúl de la Torre y Roberto Barrera. fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos, por delitos relacionados con lavado de activos. Con esta información, la Fiscalía inició una investigación previa y practicó varias diligencias aplicando técnicas especiales y asistencia penal internacional, a través de las que se evidencia que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad habría sido cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.
Esta organización –cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos– habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre la estatal Petroecuador y la empresa NoLimit S.A., entre 2017 y 2020.
Se deslinda de parentescos y amistades
Pablo Celi se deslindó de tener un parentesco con Raúl de la Torre. “No es mi sobrino, no tiene ningún cuarto grado de consanguinidad conmigo, ni siquiera como un familiar directo”, afirmó.
Sobre José Augusto Briones, exfuncionario del Gobierno de Lenin Moreno, quien falleció en mayo de 2021 en prisión luego de ser procesado por los mismos presuntos hechos de corrupción, Celi comentó que su muerte fue consecuencia de “esta trama macabra”, y aseguró que su cercanía con él se limitó a espacios oficiales como aquel cuando se buscaron acuerdos con la dirigencia indígena tras las movilizaciones de octubre de 2019.
Sobre su hermano Esteban Celi, sostuvo que más allá de la condición familiar, no tuvo relación con sus actividades, ni sociales, ni profesionales. “Jamás solicite a Esteban que gestione operaciones en el campo financiero; no existen cuentas de los hermanos Celi, ni en el Ecuador, ni en el extranjero”, afirmó.
Pablo Celi: “La Fiscalía se excedió en la acusación aplicando indebidamente el tipo penal y asumiendo como acto delictivo el desvanecimiento de glosas. El desvanecimiento de glosas no es un hecho ilegal”.