Por: César Ulloa Tapia
La redacción y aprobación de leyes de comunicación en América Latina inició en la Argentina de los Kichner en 2009, siguió a la Venezuela gobernada por Hugo Chávez en 2010, continuó en la Bolivia presidida por Evo Morales en 2011 y aterrizó en el Ecuador en 2013 dentro de la década de la llamada revolución ciudadana.
De los países autodenominados de izquierda, este fenómeno pasó desapercibido en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay. No hubo un efecto de contagio, si así se puede decir, en Michelle Bachelet, Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica y Fernando Lugo. Este es un elemento que diferenció a las llamadas izquierdas.
La discusión de las leyes de comunicación en los países mencionados fue intenso y por varios momentos muy hostil, sobre todo porque las normas habían sido concebidas desde el sector más radical de las izquierdas para legitimar a la prensa como un contradictor de ‘peso pesado’ ante el partido predominante de cada país. De esa manera se justificó la actuación de intelectuales, académicos y algunas organizaciones de la sociedad civil para impulsar una norma que pretendía “democratizar la comunicación”, sin caer en cuenta en lo peligrosa que iba a resultar la confección de estados conventuales e instituciones inquisitoriales a la caza de periodistas incómodos para el poder de turno.
La última ocurrencia de estas piruetas ideológicas fue concebir a la comunicación como un ‘servicio público’ en Ecuador, como si el acto consustancial del ser humano de intercambiar ideas, criterios o pensamientos respondiera a una lógica, donde uno y otro están prestando sus servicios en términos de calidad, cantidad u oportunidad como el agua potable, la energía eléctrica o la telefonía. O, peor aún, como si los interlocutores fuesen servidores públicos. La Ley Orgánica de Comunicación tendrá que ser revisada en su totalidad por su concepción anclada en los siglos pasados, en los cuales la libre circulación de ideas era limitada, vigilada y castigada.