Redacción, QUITO
La tarde del martes, 11 de septiembre de 2018, en el Consejo de la Judicatura (CJ), los consejeros Juan Pablo Albán y Aquiles Rigaíl habrían tenido una discusión por declaraciones del director de la Judicatura, Juan Vizueta, dentro de la denuncia colocada en su contra por supuesto delito de tráfico de influencias. Vizueta habría ejercido su profesión en un caso de delito penal tras haber asumido su cargo como director.
Durante el pleno, el consejero Juan Albán expresó su desacuerdo frente a las acusaciones del director del CJ hacia la fiscal Cecilia Rodríguez sobre el supuesto “prontuario penal” que tendría, a lo que Albán aseguró que sería falso. “No aguanto más que se denoste a nadie en este pleno”, indicó, y recalcó que la línea de interrogatorio a la que fue sometida la fiscal sería “desubicada” al contar con su presencia para dar información, y no para ser investigada.
Frente a estas declaraciones, el consejero Aquiles Rigaíl expresó su disconformidad y lo calificó de “atrevido” por interrumpirlo. El vocal Albán ya había anunciado anteriormente que trabajará sólo hasta el 21 de septiembre.
En la mañana de hoy, 13 de septiembre de 2018, durante una entrevista en Telerama, Juan Pablo Albán explicó que el CJ “tiene la obligación legal de evaluar periódicamente a todos los operadores de justicia” y añadió que en las próximas sesiones del Pleno contarán con “el apoyo de expertos externos” para la aprobación de parámetros y metodología de evaluación”.
La discusión sobre el tema se encuentra en redes. El Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, quien señala en Twitter su apoyo a la investigación de actos de corrupción dentro del CJ, pero recalca otros “temas fundamentales” que “siguen pendientes”, tales como la evaluación a la Corte Nacional de Justicia y el colapso del Código Orgánico General de Procesos.
Daniela Salazar, docente del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), indicó en Twitter que el CJ “debe ejercer potestad disciplinaria respecto de infracciones cometidas por servidores de la función judicial del gobierno pasado y del ACTUAL. Así como no todo valía por “el proyecto”, no todo vale por “la transición”. La meta es institucionalizar, no descorreizar.”
De igual manera, Farith Simon, Decano del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ, recalcó en su cuenta de Twitter que Albán y Porras «son los dos que se han puesto en hombros algunos temas complejos» sobre la justicia.