El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) presentó una nueva denuncia en contra de la familia Armas, en el caso Chinaló. Según los integrantes de la organización, habrían vulnerado los derechos de las familias que se encuentran dentro de su propiedad.
El caso de la comunidad Chinaló Alto, de la parroquia Chugchilán, cantón Sigchos, sigue sonando en los pasillos del MICC, pues el miércoles nuevamente los moradores de este sector tuvieron un enfrentamiento con la familia de terratenientes cuya propiedad colinda con territorios comunitarios, contra la comunidad indígena.
En el enfrentamiento la familia Armas, que es la dueña de las tierras colindantes con la comunidad, habría llegado hasta los terrenos de varias familias para colocar los cerramientos y sacar a los habitantes, para esto según Jorge Ugsha, recurrieron a la violencia con el uso de gas y la fuerza pública, “nos dijeron que nos iban a detener, nos empujaron y arrastraron”.
Los comuneros de Chinaló Alto, entre los que se encuentra las familias Ayala, Cuchipe, Latacunga, entre otros, aseguran que no van a permitir este atropello y que se llevará este caso a la comisión de justicia indígena nacional.
Leónidas Iza, presidente del MICC, dijo que como organización reconocen el derecho a la propiedad privada de la familia Armas; sin embargo piden a la justicia ordinaria que se reconozca el tiempo que viven estas familias en las tierras, que trabajaron en sus propiedades y que se respeten los límites que ya están fijados con recursos naturales como las quebradas y los árboles. “pedimos que se respeten los linderos en la primera vez dijeron que eran 10 metros, después 50 y luego 100, lo que debe verificarse bien”.
Iza destacó que van a poner una acción legal por violación a territorio comunitario, además responsabilizó al juez de Sigchos, Danilo Paredes, por los daños en la salud de la comunidad por este ingreso agresivo en el que se violentaron sus derechos, “la familia Armas aprovechando la humildad de la gente, ha impuesto linderos y quiere sacar a personas que han estado toda la vida”.
Iza comentó que este último desalojo se dio porque el Juez lo ordenó por lo que piden a la justicia que se analice este caso pues se estarían violentando los derechos de las familias que viven en este sector. (NA)