AFP
Las víctimas de una presunta violación en grupo perpetrada por unos 20 soldados mexicanos contra las trabajadoras de un burdel, así como el personal de una diócesis que las apoya, están recibiendo presiones y amenazas, denunciaron el lunes más de medio centenar de organizaciones civiles, incluida Amnistía Internacional.
«Recientemente se comenzó a presionar a las víctimas para que se retractaran y para que cambiaran sus declaraciones», denunció Consuelo Morales dirigente de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.
Los hechos denunciados tuvieron lugar en julio en el municipio de Castaños, en el estado de Coahuila (norte), cuando once mujeres fueron violadas por los militares, que irrumpieron en el local donde trabajaban como prostitutas.
Según las organizaciones no gubernamentales (ONG) una de las testigos fue presionada para que acusara a la responsable de prensa de la diócesis de Saltillo (capital de Coahuila), Jaqueline Campbell, que apoya a la mujeres, de ofrecerle dinero para que falseara su declaración.
Consuelo Morales afirmó también que el obispo de la diócesis, Raúl Vera, está recibiendo amenazas telefónicas y el domingo fue perseguido por un vehículo después de pasar por un retén militar en una carretera de Coahuila.
La activista anunció el inicio de una recolecta de firmas por parte de 58 organizaciones de defensa a los derechos humanos, entre las que está Amnistía Internacional, que serán enviadas junto con una carta al ministro de Defensa, general Guillermo Galván, en la que se manifestará la preocupación por el intento de desviar la atención del caso.
«Las nuevas declaraciones sobre Campbell no son más que una estrategia dolosa tendente a perjudicar el proceso legal que actualmente se lleva a cabo por este caso», agregó Morales.