Redacción QUITO
El Consejo de la Judicatura transitorio tiene cinco integrantes hasta hoy. El vocal Juan Pablo Albán termina sus funciones hoy en la noche después de más de dos meses de trabajo, por lo que el organismo se quedará con cuatro miembros.
Todavía no es claro si el Consejo de Participación transitorio nombrará a otra persona en su reemplazo, pero la posicion del consejero Xavier Zavala Egas es que no es necesario seleccionar a alguien más, una vez que se prepara el reglamento para elegir a los vocales definitivos.
La salida de Albán no responde a los últimos acontecimientos en la Judicatura, como la decisión del Consejo de Participación de suspender todas las evaluaciones que preparaban los vocales temporales o las denuncias en contra del director general Juan Vizueta.
Albán termina de sus funciones para retomar su doctorado, actividad que dejó en suspenso para cumplir las funciones en la Judicatura. Antes de aceptar el cargo indicó que cumpliría el plazo que le otorgara la universidad, el cual ya se vence.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) envió una carta a la universidad solicitando que se alargue el permiso, pero no fue concedido, por lo que tiene que regresar.
En la rueda de prensa convocada la tarde de hoy, 20 de septiembre de 2018, por los vocales Juan Pablo Albán y Angélica Porras, Albán resaltó el «esfuerzo de visibilizar los abusos del pasado» desde el inicio de funciones de Porras, dentro del cual se realizaron propuestas concretas para establecer «mecanismos extraordinarios de investigación» sobre la utilización del aparato judicial como » un sistema de atropello de derechos».
Dentro de sus funciones, Albán explicó que ambos habrían emprendido actividades para visibilizar problemas serios que afectan a la sociedad como es la trata de personas. Por otro lado, el vocal habló sobre su insistencia en que la institución acate el derecho interno e internacional con el fin de «evitar que el Estado siga recibiendo condenas por parte de organismos internacionales, de manera reiterada, por una mala administración de la justicia». (AGO)