La empresa brasileña aún no termina un poliducto y un acueducto, contratados por el Régimen anterior.
Ante la pregunta de periodistas, el director regional de Odebrecht, Mauro Hueb, respondió ayer que la constructora brasileña tiene aún tres obras por entregar en Ecuador. Dos con el Gobierno Central: el poliducto Pascuales-Cuenca y el acueducto La Esperanza; y el Metro de Quito.
Esto dista de las declaraciones que el exsecretario de la Presidencia Alexis Mera ofreció en diciembre del año pasado, cuando estalló el escándalo internacional por las coimas en varios países, incluido Ecuador. Entonces, Mera dijo que Odebrecht solo trabajaba en el Metro de Quito, lo cual fue replicado por varios altos funcionarios del pasado Régimen.
Hueb dijo ayer, en medio de un desayuno con la prensa, que en el poliducto y en el acueducto registran pequeños porcentajes por entregar y que eso se dará “próximamente”. Sin embargo, lo dicho ayer por el funcionario no solo contradice la versión de Alianza PAIS sino también la de la propia empresa, que en su página Wweb asegura que ambas obras fueron entregadas en diciembre, paralelamente a las declaraciones de Mera.
Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso del poliducto Pascuales-Cuenca, de acuerdo con un informe de la Gerencia de Transportes de Petroecuador, el costo todavía sigue sumando pagos y a mayo de este año el precio estimado del proyecto es de 657’992.623,89 dólares, lo que representa 287 millones más de lo pactado inicialmente. Esta obra, según reportó La Hora esta semana, llevaba a diciembre un año y tres meses de retraso. Sin embargo, con esta nueva revelación, el retraso ascendería a un año y ocho meses.
Según el documento, la obra se encuentra en fase de cierre, pero el avance físico del proyecto todavía está en un 98,5% y, con las proyecciones, la obra estaría terminada en un 100% en octubre.
La justificación que detalla es que todavía no se adquieren los filtros tipo ciclónico y magnético para proteger los sellos de las bombas principales. En abril pasado finalizaron las labores de reparación y estabilización del talud de Cuenca y se continúa con la reconstrucción de la vía.
El acueducto
La situación es similar en el acueducto La Esperanza, que se supone servirá a la refinería del Pacífico, cuando llegue a estar lista, pero que ahora, según la página de Odebrecht, ya dota de agua a tres cantones de Manabí.
La contratación para la construcción fue autorizada por el directorio de la refinería del Pacífico, en la época en que Pedro Merizalde Pavón era gerente. Merizalde fue designado a ese cargo en julio de 2011, para abril de 2013 pasó a ser ministro de Recursos Naturales No Renovables, en febrero de 2015 fue a dirigir el Ministerio de Hidrocarburos y en 2016 fue designado gerente general de Petroecuador.
El proyecto fue contratado por un valor de 168’877.126 dólares, pero la liquidación de gastos, detallada en un documento de la constructora, estableció que terminó costando 295’524,087.
El documento RDP-CON-ADC-13001-093-OFI, del 21 de noviembre de 2016, firmado por Mario Costa Morales, representante de Odebrecht y dirigido a Jimmy García, de refinería del Pacífico, ratifica lo dicho. Pero el documento de Odebrecht revela, además, que se trata de una “liquidación económica preliminar del contrato y de las órdenes de trabajo para su debida revisión y aprobación…”. (ASC/LGP)
Odebrecht quiere seguir trabajando en el país
“Odebrecht. Ética, integridad y transparencia. Nuestro compromiso”. Esa frase rezaba ayer en un cartel promocional colocado fuera del salón de un hotel de Quito donde la constructora citó ayer a periodistas, para decirles que esperan el perdón de Ecuador para poder seguir trabajando en el país.
“No estamos aquí para decir que lo que ha pasado no ha sido grave, porque sí lo fue. Sabemos que la confianza no se recupera de la noche a la mañana, pero queremos recuperar el respeto que una vez nos tuvieron», declaró el director de conformidad de Odebrecht, Michael Munro, cuando inició la exposición.
Aseguró que había un departamento «separado» de la constructora que estaba a cargo de gestionar los sobornos. «Queremos pagar la penalidad y poder seguir trabajando en el país. Si la decisión del Gobierno es expulsarnos, la acataremos, pero esperamos que esa no sea la decisión», detalló Michael Munro.
Declaró que está en el país para explicar qué van a hacer para cambiar estas prácticas. «Hay que hacer lo correcto. Ese es el mensaje que le estamos dando a nuestros empleados».
Insistió en que están dispuestos a pagar las multas y agregó que en los países en los que la empresa ha firmado acuerdos, como en Ecuador, parte de arreglo ha sido que puedan seguir trabajando en el lugar. «Obviamente, tiene que haber consecuencias. Pero estamos haciendo todo para hacer lo correcto. Es para nosotros importante demostrar que hemos cambiado», declaró Munro.
El asambleísta Fabricio Villamar (CREO), que es abogado, explica que no existe norma jurídica que señale algo como la expulsión de una empresa, pero que Odebrecht debería transparentar los contratos y lo sobornos que se dieron, en primer lugar.
Cosa que no hicieron ayer los directivos de la empresa quienes dijeron que venían a hablar del futuro y de su “cambio” pero no del pasado. Y cada vez que los periodistas preguntaron sobre los contratos respondieron que no tenían esa información y que respetaban el rol de la Fiscalía. Tampoco respondieron cuando se les preguntó cuándo fue la reunión del vicepresidente, Jorge Glas, con el directivo de la empresa, Marcelo Odebrecht, en la que, según ha declarado Glas, casi lo saca a patadas. “Tampoco tenemos esa información”, dijeron.
CIFRAS
33,5
millones pagó en sobornos Odebrecht en el país.
6
meses han pasado desde que se conoció el escándalo internacional.