El pasado jueves el Gobierno definió el plan de seguridad y defensa con énfasis en la frontera norte, como un mecanismo para enfrentar la inseguridad que se vive en la zona y con el objetivo de generar desarrollo socioeconómico de los pobladores. La aprobación del plan se dio durante una reunión que el presidente, Lenín Moreno, mantuvo en Quito con el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) en la que intervinieron los nuevos ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín, y del Interior, Mauro Toscanini.
Las autoridades de los gobiernos seccionales de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, directamente involucradas en el tema fronterizo, coinciden en la necesidad de contar con ese plan, pero cuestionan que no se les haga participar en la formulación de políticas y que las decisiones se “tomen” desde Quito, cuando son ellos los que conocen y viven la realidad y la problemática de cada una de sus jurisdicciones.
Voces
“Lastimosamente cuando hay las reuniones del Consejo de Seguridad, hubo la reunión binacional de seguridad acá en la frontera, no somos invitadas las autoridades locales. Hay un hermetismo total, no sabemos qué discuten adentro, qué decisiones toman. A las prefecturas no se les toma en cuenta y no se les informa de manera directa las decisiones que se toman”, dijo Melva Cadena, viceprefecta del Carchi. Agregó que como autoridades de frontera conocen su realidad al estar en contacto permanente con los pobladores afectados.
Guido Vargas, prefecto de Sucumbíos, concuerda con este criterio y asegura que el tema de seguridad no pasa por tener más militares en la zona de forma “eterna”. Su pedido es que en su provincia se cumpla un gabinete presidencial para intercambiar propuestas y definir en conjunto con las autoridades locales un camino común a seguir.
La prefecta de Esmeraldas, Lucia Sosa, de su parte, respalda la militarización de su zona fronteriza, afectada desde enero por una serie de atentados atribuidos a la banda narcoterrorista liderada por alias ‘Guacho’. Pero también espera ser parte de las decisiones para dar su opinión de lo que se debe hacer e impulsar entre todos la política pública de seguridad y desarrollo. “Ojalá que todo los que hemos planteado, las propuestas que hemos entregado sean tomadas en cuenta”, dijo. (HCR)