Los abogados en libre ejercicio están preocupados por el costo de la firma electrónica, ya que sus actividades están paralizadas y no todos tienen los recursos para obtenerla.
Aunque están conscientes de los beneficios y del avance tecnológico que les brinda la firma electrónica, no comparten el costo que ésta tiene para poder adquirirla, sobre todo en estos momentos de crisis que atraviesa el país por la suspensión de actividades.
Yadira Márquez Barrera, abogada en libre ejercicio, dijo que el Gobierno Nacional no está considerando que los ingresos a sus bolsillos son del día a día, incluso actualmente no cuentan con recursos para cancelar el arriendo de sus oficinas y a más de ello tienen que cancelar la firma para poder ejercer su trabajo.
“La mayoría de profesionales atravesamos una situación crítica, nos vemos afectados enormemente porque no tenemos la apertura necesaria para trabajar”, expresó Márquez, quien además aclaró que la firma electrónica sólo les da opción para presentar escritos y despachar sobre casos pendientes; no pueden presentar nuevas demandas.
Por su parte, Richard Maza Campoverde, de la misma profesión, dijo apoyar la firma electrónica, que les permite modernizarse, permitiéndoles dejar a un lado papeles y ahorrar tiempo, pero no comparten de la manera como se lo implementa. Solicita al Consejo de la Judicatura que revea el caso que les implica un costo más a ellos.
Rechazan que con ello se violente los derechos y principios de la Constitución en referencia a la igualdad, al trabajo y el acceso gratuito a la justicia. Pues habrá algunos que sí lo puedan sacar y otros no.
Para Carlos Marín González, abogado en libre ejercicio, se debe formular políticas administrativas de acuerdo a las necesidades y que la entidad debe ser la encargada de dotar herramientas necesarias para poder brindar un servicio de calidad a los usuarios.
“Al ser gratuita evitaría la discriminación porque ahora sólo beneficia a cierto grupo y por lo tanto no hay igualdad de condiciones”, indicó.
Entre algunos colegas han decidido emitir una propuesta en el que se hagan conocer las afectaciones que tienen. La intención es que se pueda otórgales sin costo al menos por dos años, como un apoyo al abogado en libre ejercicio.
Por su parte, Dolores Yamunequé, directora del Consejo de la Judicatura, dijo que no es obligación acceder a este servicio, porque también lo pueden hacer por ventanillas fijas, una vez que se retomen las labores.
Solicitó la comprensión a los profesionales, a quienes entiende la situación que atraviesan, pero existen protocolos que hay que cumplir. El 18 de mayo se reactivaron actividades a puerta cerrada con el 30% de funcionarios, sin atención a usuarios para evitar el contagio.
Progresivamente se irá activando los servicios. Mientras dijo que quienes deseen obtener la firma pueden realizarlo a través de la página web de la institución, con todos los documentos que se solicita y lo entregarán en plazo máximo de 48 horas.
EL DATO
24 dólares es el costo de la firma electrónica.