El pleno del Consejo de Participación recibió el informe técnico para evaluar a la Corte.
El pleno del Consejo de Participación Ciudadana de transición conoció el informe técnico y el proyecto de resolución de evaluación de gestión de la Corte Constitucional, el cual será enviado a los jueces del organismo. La idea es que en un plazo de cuatro días término, a partir de la notificación, remitan sus pruebas de descargo previamente a la audiencia pública.
El presidente del Consejo transitorio, Julio César Trujillo, dijo que el informe “no es nuestra opinión, es la opinión de la Coordinación de Evaluación. (…) Los consejeros estamos en la faculta de aprobar el informe tal como ha venido, de acoger las observaciones que haya o de enmendar ese informe de acuerdo con nuestro propio criterio”.
El contenido del documento es reservado. Sin embargo, debe abarcar los mismos parámetros contemplados en el mandato general de evaluación de autoridades y que se ha aplicado en casos como el del Consejo Nacional Electoral y de la Judicatura.
Uno de los puntos de esos informes fue la legitimidad del cargo relacionado con la independencia que deben tener las autoridades en el ejercicio de sus funciones. En casos como el de Gustavo Jalkh, cesado de la Judicatura; o de Paúl Salazar, cesado del CNE, una de las causales fueron sus vinculaciones con el gobierno anterior al haber ocupado cargos públicos durante aquella administración.
Al revisar la trayectoria de los jueces constitucionales que hoy son evaluados se puede observar que algunos de ellos están en esa misma condición. Así, Roxana Silva fue consejera del primer Consejo de Participación Ciudadana de transición y consejera del CNE. Pamela Martínez fue asesora de despacho del presidente Rafael Correa y su delegada a la Comisión de Verificación y Calificación de los Héroes y Heroínas Nacionales.
EL DATO
El consejero Xavier Zavala se abstuvo en la votación del informe.Francisco Butiñá, antes de ejercer como juez constitucional, se desempeñó como asesor del Ministerio del Deporte, de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre otros cargos. Mientras tanto, Wendy Molina se desempeñó en 2010 como asesora del presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, identificado con el gobierno de Rafael Correa.
Tatiana Ordeñana fue consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y asesora del Ministerio del Litoral. Mientras que entre los cargos desempeñados por Marien Segura están el de Subsecretaria del Litoral del Ministerio de Justicia y directora del Centro de Rehabilitación Social de Máxima Seguridad, conocido como ‘La Roca’. Por su parte, Ruth Seni fue delegada Distrital del Consejo Nacional de la Judicatura de Manabí.
Ámbito judicial
Otros dos parámetros de evaluación son la debida gestión de recursos públicos y la transparencia para identificar el nivel de respeto a derechos relacionados a la anticorrupción.
Al respecto, reportes de medios como el portal Milhojas y el canal Ecuavisa indican que la Fiscalía General del Estado ha abierto al menos siete expedientes en contra de algunos jueces de la Corte Constitucional. A Manuel Viteri se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, aunque el magistrado ha manifestado que es un error por una transacción fallida; Silva y Ordeñana también tienen abiertos expedientes por presunto lavado de activos, con base en informes de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE). (HCR)