Rodrigo Santillán Peralbo
El festín de la patria, del que se regodearon decenas de personajes con pocos de ellos en la cárcel, dejó la nefasta crisis económica con una descomunal deuda pública, obras inconclusas y con sobreprecios, hidroeléctricas inacabadas o con fallas estructurales, despilfarros que acrecentaron los negocios privados, para mayor ganancia de los corruptos que coparon todos los sectores.
Para pagar una porción de las deudas, tapar los más pequeños huecos de la corrupción y reducir una mínima parte del enorme déficit fiscal, no se ha encontrado mejor manera que ejecutar una impresionante campaña para acabar con los subsidios a los combustibles: nafta, gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo, que se dice ha subido en un 72%. El costo de los subsidios ascendería a unos 1.700 millones de dólares.
El subsidio a los combustibles sirve a ricos y pobres por igual, pero es el pueblo el que paga el subsidio a las gasolinas, diésel y gas que usan los automóviles de alta gama, los todoterrenos o 4/4 y las bombonas de gas que usan para calentar el agua de piscinas y negocios privados.
El subsidio generalizado es injusto porque no es equitativo, pero liquidarlo sería empobrecer más a los pobres, a los desempleados y subempleados porque subiría el costo de la vida. Se ahondaría la brecha entre pobres y ricos, las desigualdades serían insuperables y las injusticias sociales serían más execrables. Los subsidios tampoco acaban con todas las injusticias y abominaciones.
Liquidarán los subsidios, pero no los privilegios que perdonan impuestos y millonarias deudas a poderosos y tramposos empresarios, banqueros, financistas, petroleros nacionales y transnacionales. El pueblo no debe pagar el costo de los latrocinios, las corrupciones y los despilfarros de este perverso sistema.