En septiembre arrancará a un concurso para incorporar a 1.100 profesionales. Los datos se refieren a instituciones fiscales.
La violencia entre compañeros de aulas es un problema “muy marcado” en las 80 instituciones educativas de Calvas, en Loja, y el personal que está preparado para asistir estos casos resulta insuficiente. En este cantón apenas hay siete profesionales, entre sicólogos y trabajadores sociales, para atender a más de 3.000 estudiantes, cuando las propias autoridades reconocen que lo ideal es que cada plantel con más de 450 alumnos cuente con un equipo de este tipo.
Se los conoce como Departamento de Consejería Estudiantil y Ximena Valarezo, profesional de apoyo, cree que en todo el Distrito Educativo del que ella forma parte hacen falta por lo menos 601 para cubrir la demanda.
No se trata de un problema aislado. En todo el país, este tipo de departamentos cuentan con 3.500 profesionales y su cobertura alcanza al 54% de los establecimientos educativos fiscales. Eso significa que un 46% no tiene todavía este servicio.
El viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, anunció ayer que entre septiembre y noviembre de este año se llamará a un concurso para incorporar a 1.000 profesionales adicionales con lo que se espera aumentar la cobertura entre un 15% o 20%.
Aun así, para Sybel Martínez, directora de la organización Rescate Escolar, esa cantidad resulta insuficiente si el objetivo es convertir a las escuelas o colegios en agentes de protección, esto es, que los alumnos aprendan a resolver conflictos sin recurrir a la violencia.
“Solamente en un aula de 30 alumnos, posiblemente, tengamos que enfrentar varios problemas que van desde conflictos ‘normales’ hasta violentos”, dijo, tras señalar que también juegan un rol clave en prevenir el consumo de drogas y en las denuncias de abuso sexual a los chicos.
¿Resultados?
De aquellos que ya están operando, sus resultados no se conocen. Según las autoridades del Ministerio, al momento se realiza un cruce de información con la Judicatura y la Fiscalía “para poder cuantificar las denuncias que se están atendiendo o cuántas tienen ya sentencia”.
Sáenz explicó que aquellos que no cuenten con uno pueden acudir a cada Distrito Educativo o a los establecimientos que sí los tienen para buscar ayuda. Pero el Grupo Rescate Escolar alerta que no cuentan con la autonomía suficiente para funcionar.
“Definitivamente dependen de una autoridad de cada colegio, y si es que esa autoridad no quiere dar a conocer determinado hecho, los departamentos de consejería estudiantil no tienen la autonomía suficiente para poder denunciar”, expresó Martínez.
Caso emblemático
En su criterio, eso quedó demostrado con lo sucedido en la Academia Aeronáutica Pedro Traversari, de Quito, donde hace seis años un profesor abusó de 41 alumnos.
En momentos en que la Asamblea conformó una comisión que llevará el nombre de ese plantel para investigar los casos de abuso en los colegios, el viceministro Sáenz reconoció que “en ese caso hay que hacer un trabajo más a fondo, más allá de lo que hizo el sistema judicial”. (RVD)
Buscan mejorar respuesta
En Quito, entre martes y miércoles se desarrolló una jornada de capacitación a representantes de 140 distritos educativos de todo el país. Esto con el propósito de que mejoren los tiempos de respuesta a los problemas que se presenten dentro de los planteles.
En el caso de una denuncia por abuso sexual, los capacitadores indicaron que la respuesta debe darse en menos de 24 horas y ponerla en conocimiento de la Fiscalía. Los grandes ausentes, sin embargo, fueron los rectores o directores, los representantes de estudiantes y padres.