Nayib Bukele ha impuesto una política que ha llevado a la captura de 64.000 personas acusadas de ser pandilleras y también suma 7.900 denuncias de abusos a derechos humanos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sorprendió este 14 de febrero de 2023 a noticieros y políticos de la región cuando escribió en Twitter un mensaje celebrando la cifra de 300 días sin homicidios.
“¡Hemos llegado a 300 días sin homicidios! Para ponerlo en contexto, el Gobierno anterior no tuvo un solo día sin homicidios, y el anterior a ese, solo tuvo 1. Un día sin homicidios en 10 años. Pero gracias a Dios, ahora vivimos en un país diferente”, escribió Bukele, quien cumplió 44 meses de una gestión en la que ha implementado un Plan Control Territorial y en la que ha aplicado un régimen de excepción que va por su undécima ampliación y que es cuestionado por organizaciones humanitarias.
La celebración de Bukele se dio porque el 13 de febrero de 2023 fue el último día con cero homicidios y se convirtió en el día número 30 en lo que va de 2023 sin registrar asesinatos. Esa fecha fue, además, el día número 300 sin homicidios, en toda su administración, según los datos de su Gobierno.
Las estadísticas oficiales de El Salvador señalan que enero de 2023 ha sido el mes más seguro en 201 años de historia de ese país, pues ese mes solo se registraron 11 homicidios. En diciembre de 2022, asimismo, se contabilizaron 22 asesinatos.
Por estas y otras cifras, Bukele declaró el 7 de febrero que la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes era la más baja en toda América. “La tasa de homicidios anualizada de El Salvador es de 1,8 por cada 100.000 habitantes. La más baja de toda América, por debajo de la de Canadá”, aseguró desde su cuenta de Twitter.
Régimen de excepción
La disminución de muertes violentas en El Salvador durante la gestión de Bukele responde a un factor que también ha generado cuestionamientos: el régimen de excepción.
Justamente, la Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó este 14 de febrero de 2023 la undécima ampliación de dicho régimen, con lo que el país cumplirá un año con esta medida, que originalmente se aprobó a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Los legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la petición, sin un estudio o discusión previa, con 67 votos de los 84 diputados.
De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 64.111 detenidos, a los que el Gobierno acusa de ser pandilleros, además de la incautación de 2.326 armas de fuego y 1,7 millones de dólares en efectivo.
En esta ocasión, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, se mostró en contra de ampliar la medida y señaló que mantendrá su postura «mientras no haya un plan integral» y «respeto de las personas inocentes».
Esta postura se alinea con la de organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
El régimen de excepción suspende derechos constitucionales, como el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones, además de que la detención administrativa pasa de 3 días a un máximo de 15 días.
Una gran cárcel
En su lucha contra las pandillas, Bukele inauguró recientemente el Centro de Confinamiento del Terrorismo, considerado como la cárcel más grande de Latinoamérica. La infraestructura tiene capacidad para unas 40.000 personas.Su construcción comenzó justamente en el contexto del régimen de excepción.
La construcción de la prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
La prisión se ha hecho necesaria, pues la cifra de detenciones alcanzó las 64.111, lo que representa 1,01% del total de la población de El Salvador.
Según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, la población total de El Salvador es de 6’325.827.
Estos datos se dieron a conocer ante el Congreso, cuando el Gobierno presentó la solicitud de ampliar por undécima vez el régimen de excepción. Ahí se indicó que son casi 57.000 personas con detención provisional «decretada por un juez» y que 3.745 personas han sido liberadas.
En abril de 2022, el presidente Nayib Bukele dijo que se podía «esperar» un margen de «error» del 1% de detenciones de personas sin vinculaciones con pandillas.
Sin embargo, a finales de diciembre de 2022, Zaira Navas, jefa jurídica de la organización humanitaria Cristosal, dijo que se estaría deteniendo también a personas que recibieron la libertad condicional o «fueron sobreseídas o absueltas» de cargos.
«Esto obviamente no da confianza en las cifras que el Gobierno reporta. No obstante, siempre la cantidad de personas detenidas rebasa en gran manera la capacidad de los Centros Penales», dijo la letrada. EFE
Subregistro
Según datos oficiales, El Salvador registró 496 homicidios en 2022, aproximadamente un 57% menos que los contabilizados en 2021. Sin embargo, las autoridades habían dejado de incluir en esta cuenta las muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, dato que administraciones anteriores sí se agregaban.
No hay una cifra exacta de muertes violentas en lo que va de 2023.
102 muertes de detenidos se han contabilizado en este régimen, según datos de organizaciones humanitarias.
Derechos en riesgo
La mayor cantidad de denuncias de abusos por detenciones son de mujeres.
Los jóvenes entre 18 y 30 años han sido los más estigmatizados durante el régimen de excepción.
La población Lgbtiq+ también se ha visto afectada, con casos graves de acoso policial, violencia sexual o insultos ejercidos por agentes de seguridad estatal.
Personas con enfermedades crónicas también han sido detenidas en esta etapa.
Las organizaciones que recopilaron las denuncias y los datos son Cristosal, Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derecho Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamérica (Idhuca), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Azul Originario (AZO).