Redacción SAN FRANCISCO
Millones de inquilinos estadounidenses se exponen a ser desahuciados desde esta semana tras el vencimiento durante el fin de semana de la prohibición federal a los desalojos; aunque previsiblemente el impacto será progresivo y variará por estado.
Tras 11 meses de prohibición por la pandemia, ayer fue el primer día laborable en que los propietarios ya pueden tramitar peticiones de desahucio de aquellos inquilinos que no paguen el alquiler; una situación que tanto la Casa Blanca como los demócratas del Congreso dijeron que querían evitar.
Según las estimaciones más recientes de la organización sin ánimo de lucro Aspen Institute, más de 6,5 millones de hogares en EE.UU. (en los que viven alrededor de 15 millones de personas) acumulan retrasos en sus pagos del alquiler, lo que los convierte en potenciales víctimas de desalojos.
Sin embargo, a efectos prácticos es previsible que esta cifra termine siendo mucho más baja, puesto que no todos los inquilinos con retrasos en el pago serán desahuciados y la prohibición de desalojar sigue vigente mediante ordenanzas locales en algunos de los estados más poblados del país como California, Nueva York y Nueva Jersey.
Además, el Gobierno ha puesto a disposición de los estados y ciudades un fondo dotado con 46.500 millones de dólares para que los repartan entre las personas que están teniendo dificultades para pagar el alquiler, aunque el despliegue de estos recursos está siendo muy lento por las dificultades burocráticas.
Pese a todo, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, hizo un llamamiento directo este lunes al presidente del país, Joe Biden, para que vuelva a imponer la prohibición a los desahucios a nivel federal. EFE