La versión militar es que el operativo dio de baja a 11 guerrilleros, pero pobladores y activistas denuncian que hubo víctimas civiles.
Redacción BOGOTÁ
La Procuraduría colombiana (Ministerio Público) pidió explicaciones al Ejército sobre el operativo militar realizado el pasado lunes en el municipio de Puerto Leguízamo, en el sur de Colombia, en el que el Gobierno aseguró que habían dado de baja a 11 disidentes de las FARC.
Sin embargo, los reportes que han llegado de la zona desde entonces preocupan a las organizaciones sociales que temen que se trate de una masacre, e incluso de un nuevo caso de ‘falsos positivos’, más que de un operativo militar contra las disidencias.
Las organizaciones sociales denuncian que entre los abatidos se encontraba Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.
Y por ello, le pidió aclarar lo acontecido, así como le solicitó documentos, entre los que figuran la orden de operaciones, el informe de muertes y también que aclare si han abierto una «indagación preliminar o investigación disciplinaria». (EFE)