Alexandra Vela ha presentado su renuncia. Argumenta diferencia de criterio con el Presidente sobre la necesidad de aplicar la figura jurídica de la ‘muerte cruzada’, frente a una Asamblea Nacional a la que desenmascara, al denunciar que: “Muchas de las fuerzas políticas… lejos de defender convicciones ideológicas, y buscar el bien común, convirtieron a la política en expresión de intereses corporativos, personales y en algunos casos usaron la representación otorgada en las urnas para el chantaje y la extorsión , anteponiendo a cualquier acuerdo político, oscuros intereses, incluso la impunidad para quienes liquidaron nuestra democracia y saquearon los recursos públicos propiedad del pueblo”. Una de sus últimas actuaciones destacables fue la presentación de una acción de inconstitucionalidad en contra de la amnistía concedida por la Asamblea, argumentando que: “En un Estado de derecho NO puede existir impunidad” y que la amnistía concedida de manera indiscriminada a luchadores sociales y a terroristas “… deja intactos los delitos cometidos en contra de Quito y el país. Estas expresiones retratan a Alejandra Vela como una mujer firme en su lealtad democrática; personal y políticamente honesta; y, que ha prestado con pasión, invalorables servicios al país, desde su particular filiación ideológica.
Pero, el problema no radica en la gestión de la ministra, sino en la mala organización de la función Ejecutiva. Si bien Rafael Correa desarmó un sistema que, al menos en el tema de seguridad, era eficiente, realizó un importante esfuerzo para organizar el aparato gubernamental. Reemplazó la Secretaría del Consejo de Seguridad con un Ministerio Coordinador adecuado para enfrentar las amenazas y riesgos que actualmente afecta a los países; creó un ministerio para el área política, siempre conflictiva, el Ministerio del Interior, para enfrentar el ataque atroz del crimen organizado, que ha logrado convertirse en un actor con capacidades de desestabilizar los Estados, gracias a los recursos ilimitados que dispone y su capacidad de cooptar funciones críticas como la legislativa y judicial, gobiernos autónomos descentralizados y servidores de la fuerza pública.
En estas condiciones, llegó Lenin Moreno y resucitó al Ministerio de Gobierno, convertido en el verdadero centro de poder político; encargó las funciones del Ministerio de Seguridad al ministro de Defensa, sin entender que la seguridad es mucho más que la defensa; suprimió los ministerios del Interior y de Justicia, creó una serie de gabinetes, muchos innecesarios, y, con todo ello, agravó las fragilidades heredadas. Creer que un ministerio que fue útil en contextos de inseguridad del siglo XX, cuando las amenazas eran la delincuencia común y una incipiente insurgencia de corte marxista, puede ser adecuado a la realidad actual, es un error inexcusable que la pandemia se encargó de desnudar, cuando se supo del reparto con que se logró la estabilidad de ese gobierno. En conclusión, está bien reestructurar el aparato del Estado o, al menos, la función Ejecutiva, llena hoy de tantos asesores y gabinetes, que solamente entorpecen la acción de gobernar y no aportan a las solución de los problemas.