La Contraloría General del Estado ya emitió su informe final sobre 32 contratos. El nombre de un actual funcionario público aparece entre las observaciones.
Supuestas irregularidades fueron encontradas en la contratación de algunas obras que realizó la administración del exalcalde Jorge Domínguez, según el informe definitivo presentado por la Contraloría General del Estado (CGE), delegación Los Ríos.
El documento consta de 240 fojas, y detalla el análisis de 32 contratos. La concejala de la ciudad, Kerly García, ofreció una rueda de prensa el jueves 04 de agosto de 2022, donde dio lectura a una parte del informe. Ella se atribuyó tal proceso de fiscalización.
La funcionaria detalló que, “Uno de estos documentos fue firmado por Pablo Fernando Jacho Rodríguez, procurador Común del Consorcio 7 de Octubre encargado de la Regeneración urbana desde la avenida 7 de Octubre, desde la calle Primera hasta la Décima Cuarta”, dijo, Jacho actualmente ocupa el cargo de director distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Otras supuestas irregularidades en este y otros dos contratos también fueron expuestas por la concejala García.
Pese a que no existe un impedimento legal para ocupar un cargo público, cuando se es observado por la CGE, LA HORA consultó al funcionario Jacho sobre el tema, el cual a través de un audio de WhatsApp manifestó que prefería no pronunciarse al respecto.
Según el informe de la CGE, Jorge Domínguez, exalcalde de Quevedo; y Pablo Jacho suscribieron supuestamente los documentos que daban viabilidad a la regeneración urbana el 10 de octubre del 2017, por un monto que supera los dos millones 059 mil dólares, la obra debía ser entregada en 180 días.
En su informe final, la CGE concluyó, entre otros aspectos, que se presentan supuestas deficiencias constructivas en los rubros ejecutados, debido a la metodología implementada por el contratista, y la ausencia de controles por el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del fiscalizador.
Esto, habría provocado el deterioro prematuro de las bancas ornamentales, recubiertas con plástico y otros materiales.
También se señala que, se verificaron los ductos construidos, los cuales se taponaron y dieron origen a otras deficiencias.
De igual forma, se estableció que existen 1.163 días de incumplimiento del plazo correspondiente, tal como se lo manifestaría en el contrato suscrito.
La edil García, agregó que de acuerdo a la cláusula octava habría un supuesto perjuicio de un millón 272 mil 507 dólares, ya que no se habría impuesto la multa correspondiente por el desfase de la entrega de la obra.
“Se determinó que el director financiero y la tesorera del periodo entre el 01 de enero del 2016 al 09 de junio del 2019, al no haber realizado descuentos de los porcentajes y cantidades de cada planilla de avance de obra, no devengaron el anticipo entregado, lo que ocasionó que no solo se haya amortizado un monto de alrededor de 5 mil dólares, sino que se recalca que los directores de obras públicas y gestión de obras públicas no han impuesto las multas correspondientes”, indicó la concejala.
Manifestó que, solicitó que se dé por terminado los contratos unilateralmente, para que la responsabilidad no recaiga en la actual administración municipal.
Soterramiento
Otro contrato que presenta observaciones es el soterramiento y sistema de comunicación de la avenida 7 de Octubre desde la calle Primera hasta la Décima Cuarta.
Habría sido suscrito el 26 de diciembre del 2018, entre Domínguez y Jorvi Joel Miranda, gerente general de Inmogrialsa, por un monto de dos millones 185 mil 771 dólares.
Debía ser ejecutado en 120, días contando con la fecha del anticipo, el cual fue cancelado el 15 de enero del 2019, este rubro fue de 218 mil 576 dólares con 17 centavos.
Al respecto y según la concejala Kerly García, la CGE señala que el contrato fue adjudicado supuestamente sin contar con los estudios completos y la aprobación de proyectos eléctricos por parte de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); además, no se habría dispuesto ni viabilizó la contratación de un fiscalizador.
Se determinó falta de estudios y falencias en la contratación de la ejecución de trabajos, en los diseños de redes soterradas y alumbrado público.
Asimismo, se indica que los gabinetes que se encuentran colocados a lo largo de la avenida 7 de Octubre no tienen ninguna funcionabilidad, ya que no están energizados; no existen fichas técnicas ni protocolos de prueba y/o fábrica, no estuvieron homologados ni contaron con la aprobación respectiva; por último, estos objetos y los transformadores comprados no serían los requeridos para la obra.
“De esta manera, se elaboraron las planillas, sin la aprobación del fiscalizador, pues no estaba contratado y era una obligación tenerlo. Estas presuntas irregularidades han ocasionado que hasta la fecha esa obra esté suspendida, y no se brinda a la ciudadanía el servicio esperado”, argumentó García, quien agregó que pese a que la obra se encontraba paralizada se habría cancelado una planilla por más de 218 mil dólares.
Malecón
Pagos sin justificar e incumplimiento en los plazos establecidos son parte de las supuestas anomalías detalladas en la Regeneración Integral del Malecón de Quevedo, desde el Palacio de Cristal, situado en el malecón Eloy Alfaro, hasta la calle Décimo Quinta.
“El contrato se habría firmado el 05 de febrero del 2018 por el alcalde de aquella época Jorge Domínguez y Jaime David Gonzenbach, representante de Tractorinsa, por un supuesto monto de tres millones 679 mil 227 dólares. Su plazo de ejecución fue de 425 días. Luego se habría celebrado un contrato complementario de 292 mil 269 dólares”, expresó García.
La concejala reveló que, allí se determinó que el contratista recibió supuestamente 550 mil 384 dólares correspondiente al monto del anticipo y tramitó hasta el 20 de febrero del 2019 trece planillas que sumaron dos millones 800 mil que formaban parte del contrato inicial.
“Después del detalle de todas las planillas faltó por devengar el monto de 130 mil 039 dólares, determinándose que existen pagos sin sustento por un monto de 866 mil 929 con 17 centavos”, refirió la edil.
García prosiguió que, en este contrato existió un desfase de 526 días para el cumplimiento del mismo, lo que conllevaba a la aplicación de una multa de acuerdo a lo indicado en la cláusula octava del contrato, que correspondía a 456 mil dólares.
32 Contratos Fueron analizados a detalle por la Contraloría General del Estado.
En las próximas semanas se hará público las observaciones realizadas a las otras 29 contrataciones.
Demanda La Corporación Nacional de Electricidad presentó una demanda en contra del Gobierno Municipal de Quevedo. Por esa razón, peritos de la Fiscalía General del Estado inspeccionaron la avenida 7 de Octubre para conocer cómo se encontraban los conductos en los que irían los cables soterrados.