Quevedo • En 2017 empezaron los diálogos de parte del Gobierno Municipal de Quevedo con los comerciantes para lo que sería el inicio de la tan soñada regeneración urbana de la calle 7 de Octubre. En 2018 los trabajos empezaron a cristalizarse.
Tres años después, este tema sigue siendo noticia al ver que fue intervenido por la Contraloría.
La cuestionada obra, ejecutada durante la administración de Jorge Domínguez, no ha tenido un ‘final feliz’.
Evaluaciones técnicas señalan que no cumple las condiciones para albergar el cableado de alta tensión, ante la filtración de aguas lluvias y servidas, según informes.
La fiscalización ha sido eminente para este caso, puesto que la obra, cuya inversión sería de alrededor de 3 millones 200 mil dólares, ha quedado prácticamente como un mal recuerdo e inversión sin beneficio para la ciudad, al menos por ahora. Vinculándola
a un presunto caso de peculado.
¿Qué ha pasado?
La concejala Kerly García, explicó que el lunes de la semana pasada la Contraloría leyó el borrador de los contratos, en los que se presume existen irregularidades o corrupción.
Al no poderse revelar exactamente qué fue lo que se encontró, la concejala explicó que “en Quevedo si se va a hacer justicia” en contra de las personas involucradas en estos casos, mencionando que se tratarían de jefes departamentales, obras públicas, compras públicas y otros funcionarios que han sido vinculados al tema de contratación pública.
Entre las diligencias que se han hecho con la Fiscalía provincial, está el reconocimiento del lugar de los hechos o reconstrucción.
Una de las observaciones que hay dentro de la regeneración urbana, está una planilla de más de 200 mil dólares que habría sido pagada en su totalidad, porque de ahí hicieron la suspensión de la obra. En este caso quedaron los contratos abiertos y no se cerraron, teniendo un retraso de más de mil días.
No procede
Según los documentos que maneja la concejala, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no quiere responsabilizarse de soterrar los cables, ya que no existe una tubería adecuada. “Ellos enviaron un informe donde decían que esa obra no servía”, dijo García.
Las personas que están involucradas en este proceso tienen cinco días para presentar pruebas de descargo, y en máximo 60 días habrá una respuesta oficial por parte de la Contraloría.
Actualmente ya se han aplicado multas y sanciones en contra de algunos de los involucrados, entre ellos constan contratistas de las administración anterior, el exalcalde del cantón Quevedo, Jorge Domínguez, entre otros, pero lo que se espera son las sanciones penales. (MZA)
¿Qué pasó con el anterior informe del soterramiento? De acuerdo con la concejala Kerly García, anteriormente hubo un informe en el caso de soterramiento y regeneración urbana, pero caducó. Por eso se desechó y “beneficiaba al exalcalde”. “En este nuevo informe sí hay nuevos argumentos, y sí existe una presunta responsabilidad”, expresó.