Se anuncia una investigación exhaustiva y solicitaron la información correspondiente.
El malestar por el funcionamiento de radares en Los Ríos continúa.
Por esa razón, el asambleísta Camilo Salinas anunció el inicio de una investigación exhaustiva sobre los objetivos primarios de la instalación de estos dispositivos, especialmente en la ciudad de Quevedo.
Destacó su objeción al funcionamiento de los radares, argumentando que no se tiene certeza acerca de su estado para controlar la velocidad. Hizo referencia a problemas similares en el pasado, como la falta de calibración cuando se ubicaron inicialmente en Babahoyo.
Agregó que, por el momento, no considera conveniente la colocación de los radares. Además, señaló la importancia de que las autoridades de cada cantón informen públicamente sobre la empresa responsable de los contratos para la instalación.
Esto, según Salinas, sería crucial tanto para prevenir accidentes en las vías como para evitar que la implementación tenga un enfoque meramente recaudatorio, asegurando total transparencia en el proceso.
“Los lugares donde se han instalado estos dispositivos se consideran peligrosos como es el caso del Anillo Vial de Quevedo, una situación que todos conocemos. Las autoridades deben ser transparentes al informar sobre el monto y la duración del contrato, así como el destino de los fondos recaudados por sanciones y multas. En la actualidad, algunos conductores evitan reducir la velocidad en ciertas vías por temor a convertirse en víctimas de los delincuentes que operan en las carreteras del país”, expresó el asambleísta.
Apoyo
Sixto Parra, otro legislador, ha respondido a las numerosas solicitudes de ciudadanos preocupados por el funcionamiento de los radares. A través de un comunicado dirigido al gerente de la Empresa Municipal de Transporte Quevial EP, Oscar Gallardo, solicitó la documentación completa del convenio de asociación, coordinación y cooperación interinstitucional entre Quevial y la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (Prodeuteq-EP).
Entre la información solicitada se incluye la resolución del Directorio que aprueba la suscripción del acuerdo para la implementación de foto multas en el área urbana de la ciudad. Además, Parra busca obtener la lista de personas que integraron el directorio en el momento de la aprobación y firma del convenio.
También solicitó un análisis financiero que detalle los porcentajes de participación de las utilidades generadas asignadas a cada empresa involucrada en el acuerdo.
Y por último, requiere detalles sobre los productos entregados por Prodeuteq a Quevial hasta la fecha y qué elementos aún están pendientes de entrega.
Suspensión
Por su parte, Alexis Matute, alcalde de Quevedo, dijo que actualmente los radares no están en funcionamiento. Hizo hincapié en que los asambleístas tienen todo el derecho de fiscalizar los contratos, pero recordó que los gobiernos descentralizados son autónomos y que el control se coordina con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
La concejal, Meliza Chica, integrante del directorio de la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial del GAD, envió un oficio al alcalde en el cual solicita la suspensión de la operatividad de los medios tecnológicos de detección de infracciones de tránsito, es decir, radares y foto multas. Esta petición se basa en la decisión del Juez Constitucional dentro del proceso No. 23281-2023-03456, que establece la “Suspensión de la operatividad de los medios tecnológicos de detección de infracciones de tránsito” hasta segunda orden.
Vías en mal estado
Remigio Bustamante, conductor, manifestó que con los radares deberían colocar señaléticas en las vías para informar sobre su proximidad y distinguir entre zonas rurales y urbanas, así mismo el arreglo urgente de las arterias. (LL)
El gremio de transportistas también ha hecho público su rechazo a los dispositivos.