Los mismos que legitimaron el asesinato de niños en el vientre de sus madres; los mismos que impiden que el Estado pueda recuperar los dineros despilfarrados por la mafia organizada 2007-2017; ellos, ellos mismos, han tenido la osadía de consagrar que el terrorismo, el vandalaje, el secuestro, el trato violento y las penas crueles infringidos a mujeres y hombres policías, la quema y saqueo de la Contraloría General del Estado, los ultrajes al Patrimonio de la Humanidad, la depredación de bienes de particulares, el sabotaje a las instalaciones petroleras, la amenaza a la seguridad ciudadana, la vulneración a los derechos a la seguridad personal y a una vida libre de violencia; ellos, los complotados para subvertir el orden constitucional, acaban de obligar a la Justicia y a la ciudadanía a que se olvide y nos olvidemos de todos esos delitos cometidos en octubre del 2019.
Amnistía, proviene de “amnesia o perdida de la memoria, a través de un vocablo griego que significa olvido”, enseña el Diccionario de Derecho Usual del maestro Cabanellas, al tiempo que también enseña que: “se distingue la amnistía del indulto, en que la una tiene carácter general y el otro particular”.
Además de inconstitucional, es tan torpe y burda la resolución de los 99 de la Asamblea, que han confundido hasta el término, pues lo que conceden, en estricto derecho, es un indulto.
La amnistía tiene el carácter de general y sólo puede dar concedida por “delitos políticos”. El indulto es de carácter particular y sólo es aplicable “por razones humanitarias”.
Están taxativamente enumerados los vándalos, los secuestradores, los depredadores, los maltratadores de mujeres policías, los saboteadores. Por ende, se trata de un indulto, cuya concesión no le está permitida a la Asamblea, pues no se fundamenta en razones humanitarias.
Adicionalmente, la Justicia tiene enjuiciados por delitos comunes a varios de los “amnistiados”. La Asamblea carece de autoridad para tipificar delitos, pues para ello está el Código Orgánico Integral Penal.
Me sumo a los airados rechazos que ha merecido esta inconstitucional y aberrante resolución de la Asamblea de parte de prestantes compatriotas, entre ellos la del Alcalde de Quito Dr. Santiago Guarderas, quien recuerda, en versión de El Universo, que “los hechos violentos registrados en la capital pusieron en serio peligro e indefensión a casi tres millones de habitantes”, además de mencionar que “atentaron contra bienes públicos de invaluable valor histórico de esta ciudad”.
Mi querido papá solía repetir que “el sentido común es el menos común de los sentidos”. Tuvo y tiene plena razón el dicho.
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