Lindon Sanmartín Rodríguez
“7 horas de debate”, así se pronunciaban en redes sociales los asambleístas, que votaron a favor de aprobar la amnistía a 268 personas, que estaban en procesos de investigación, por diversas causas en el país.
En vez de causar admiración y satisfacción por esta decisión, más bien genera grave preocupación para la seguridad jurídica del Estado ecuatoriano, porque las 99 mentes lucidas de la Asamblea en ningún momento reflexionaron el concepto de Amnistía.
El Art. 120 de la Constitución en el numeral 13 establece faculta a la Asamblea Legislativa a conceder amnistía e indultos, este mismo articulado prohíbe que “No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas y de conciencia”.
Los Asambleístas deben responder por esta impunidad jurídica, porque se abrogan atribuciones de la Fiscalía que lleva el proceso de investigación y a través de su pronunciamiento a los señores jueces. Muchos de estos delitos tipificados, han sido procesados por la Fiscalía y sentenciados por los jueces, los amnistiados se someten al olvido de los hechos civil y penal, es una amnesia colectiva en favor de quienes han perpetrado estas actuaciones o infracciones, no ha pasado nada y si hay sentencias, en el mañana vendrá el perdón presidencial de acuerdo al COIP.
Es un precedente nada agradable para Ecuador y principalmente para Quito que, en el mes de octubre de 2019, se le agredió, se le ofendió, se destruyó edificios públicos y privados, se incendió el edificio y con ello se destruyó las evidencias y documentos que se hallaban en los archivos de la Contraloría General del Estado, se secuestró a periodistas, policías y militares y que no haya persona alguna que responda por estas agresiones y peor de una reparación integral, es como decir aquí no ha pasado nada.
La amnistía de la Asamblea Nacional, para su consumación debe publicarse en el Registro Oficial, aquí deben constar el archivo de todas las causas, incluidos los procesos judiciales a los miembros de las FF.AA. y Policía, en razón del principio de proporcionalidad entre las infracciones y las penas.
La Amnistía abre muchas interrogantes, como la Censura y Destitución de la entonces ministra de Gobierno, que fue llamada a juicio político por los hechos del mes de octubre de 2019; entonces habrá la reparación de daño moral, jurídica, económica y de hecho, una disculpa pública.