Hay una denuncia en la FGE y la Asamblea Nacional también inició un proceso de investigación. Dos autoridades están involucradas.
El prefecto de Loja y presidente Provincial de CREO, Rafael Dávila; y Byron Maldonado, asambleísta por Loja, de la misma agrupación política, serán investigados por presunto ‘Tráfico de influencias’, luego de la circulación de un video de una reunión mantenida al interno del partido político, donde se hizo hincapié que el nuevo presidente de la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Eerssa), Alfredo Samaniego Burneo, habría sido recomendado por el legislador de Loja.
Investigación
Ante esta situación, que se registró la noche del lunes 6 de junio de 2022, el Comité de Ética del movimiento CREO abrió una investigación en contra del asambleísta por Loja, Byron Maldonado, tras la acusación formulada por el prefecto de Loja, Rafael Dávila, de gestionar cargos públicos. A la par, la bancada del correísmo (UNES) también anunció que presentará una denuncia en contra de Maldonado por la supuesta gestión para nombramientos de cargos públicos, lo cual es sancionado por la ley, incluso podría ser destituido del cargo.
Según la presidenta del Comité de Ética de CREO y asambleísta nacional, Nathalie Arias, ya habrían mantenido una reunión y decidieron abrir una investigación, pero este proceso podría durar hasta 90 días hasta buscar las pruebas y determinar quiénes estarían involucrados. Además, aseguró que procederán apegados al debido proceso y el involucrado tendrá derecho a la defensa.
Sanciones
Para Daniel González, jurista y experto en temas legales, mencionó que el ‘tráfico de influencias’, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), todos los servidores o personas con potestad estatal que valiéndose de su cargo, funciones o relación jerárquica, ejerzan influencia en otro servidor público o trate de incidir para un puesto de trabajo, serán investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE), por intermedio de una denuncia, para que inicien el proceso de indagación y determinar o no responsabilidades.
Indicó que este proceso puede durar al menos un año, una vez que la FGE tenga los indicios debe llamar a juicio y el caso será expuesto en la Corte de Justicia de Loja. “Tanto el prefecto como asambleísta, tienen fuero de corte provincial, por lo tanto, corresponde que el Fiscal Provincial y la Corte Provincial de Justicia sean quienes conozcan este tipo de casos. En definitiva, el proceso entre primera, segunda y otras instancias, como casación, podría durar algunos años”, relató.
En el caso del asambleísta Maldonado, el proceso sería rápido, porque aparte del COIP, existe la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se establece un procedimiento y un Comité de Ética que puede solventar y ese trámite no llevaría más de unos 45 días, pero siempre y cuando exista una denuncia interpuesta por uno de los legisladores.
Según el COIP, en caso de que se compruebe que la autoridad tuvo que ver con el delito de tráfico de influencias, será sancionada con 2 a 5 años de prisión, sumado a la suspensión de derechos y la destitución del cargo. En caso de verificarse, quienes asumen el cargo o función, serán los alternos o reemplazos del titular.
En la investigación, los audios de las llamadas y mensajes serán parte fundamental para dar con los responsables.
Gobernador
En cambio, el caso del gobernador de Loja, Mario Mancino, quien habría señalado que renunciará al cargo, hasta ahora han pasado cuatro días y continúa en funciones. Hasta el momento, pese a los pedidos, no ha accedido a entrevistas con este medio de comunicación, sin embargo, en otro medio local señaló que continúa en el cargo, porque no está en el país el presidente Lasso, para presentarle la renuncia y agradecerle por la oportunidad brindada en este año. “Mientras más conozco la política, más me gustan mis vacas”, concluyó.
EL DATO
Prefecto de Loja y Asambleísta de la provincia serán investigados por tráfico de influencias.