Los postulantes a la veeduría conformada por iniciativa ciudadana, para vigilar el proyecto de Regeneración Urbana y el cobro de la contribución especial por mejoras, socializaron el estado y avance de la Acción de Protección interpuesta en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), por dilatar su legitimidad.
La veeduría creada el 15 de octubre de 2021 la conforman: Alicia del Carmen Coronel, Jhon Esteban Espinosa y George Velásquez. “Nosotros nos agrupamos luego de tener algunas denuncias en nuestro despacho de gente que se siente afectada por el cobro de la contribución especial por mejoras. El objetivo es vigilar los procesos de la municipalidad, considerando que existe una ordenanza desde el 2018, que refiere que los cobros no se pueden efectuar sin antes haber recibido las obras de forma provisional, situación que no se ha cumplido en la municipalidad”, alegó Velásquez, integrante de la veeduría.
Indicó que el actual Alcalde está inobservando ciertas reglas legales como la ordenanza y el Cootad, las cuales hablan que primero se recibe la obra provisional y luego se realizan los cálculos de cuánto dinero tienen que aportar la ciudadanía a este tipo de proyectos. “Nosotros, el 15 de octubre nos reunimos para conformar la veeduría y el 20 de ese mismo mes, el Cpccs convocó a una reunión virtual para analizar el tema, pero allí mismo nos dijo que va a realizar una convocatoria pública para la conformación, cuando se conoce que, sí se puede conformar una veeduría por iniciativa ciudadana con la participación de tres personas, tal como lo hicimos nosotros”, alegó.
Ante la negativa de las autoridades del Cpccs en Loja, como ciudadanos interpusieron una Acción de Protección, ante la vulneración de sus derechos, cuya audiencia se cumplirá el 11 de noviembre, con la presencia de la máxima autoridad de la institución. “La idea es avanzar, las denuncias continúan dándose de forma diaria, porque desde agosto los ciudadanos están obligados a cumplir con los pagos mensuales por regenerar”, alegó.
Ahora esperan, después de esta audiencia, no tener más trabas y comenzar con el trabajo de seguimiento, ante casos de personas que tienen que pagar cientos de dólares con plazos de hasta ocho años. “Se ha hablado mucho que los dineros recolectados estarían siendo utilizados para otros asuntos, como pago de trabajadores y no para las cuotas del préstamo de la CAF”, denunció.
EL DATO
En su despacho tiene más de ocho denuncias por cobros indebidos en el tema de contribución especial por mejoras.