El caso lo tiene la Fiscalía del Guayas. El perjuicio del Municipio por
sobreprecio asciende a 43.035,40 dólares.
La denuncia por el presunto sobreprecio en la compra de mascarillas y
otros insumos de bioseguridad, por parte del Municipio de Loja en el
2020, en plena pandemia del COVID-19, fue interpuesta por los
concejales: Darío Loja, Patricia Picoita, Patricio Lozano, Karina González,
Nixon Granda, Santiago Erraez, Ramiro Palacios y Ligia Rodríguez, quienes
ahora esperan la audiencia de formulación de cargos, en contra de los
responsables del presunto delito de peculado.
En las dos compras que hizo el Municipio de Loja en el 2020, según el
informe de la Contraloría General del Estado (CGE), luego de verificar los
procesos de adquisición, determinaron que en el proceso 0027-al-2020-
00002 existe un sobreprecio de 21.500 dólares; y, en el segundo proceso
0027-al-00006 de igual manera, existe un sobreprecio de 22.035,40
dólares, dando una suma total de 43.035,40 dólares, es decir, habría
sobreprecios y una afectación y perjuicio al patrimonio público y mal uso
de fondos del Estado por funcionarios de la municipalidad de Loja.
Cristian Alvarado, abogado que lleva el caso, manifestó que el proceso
surgió en marzo de 2020, cuando el Municipio de Loja adquirió mascarillas
y otros insumos para enfrentar el COVID-19 en valores alterados con
precios altos, por lo que los concejales emprendieron en una etapa de
fiscalización, donde levantaron el informe y determinaron que existen
sobreprecios; el caso fue remitido mediante denuncia a la Fiscalía de Loja,
pero por existir en el país varios casos de este tipo, fue enviado a la
Fiscalía del Guayas.
También existe un trámite en la Contraloría General del Estado, entidad
que ya pasó un informe de borrador donde indica que hay responsabilidad
penal por parte de los funcionarios del Municipio de Loja. Ahora están a la
espera de la fecha para la audiencia de formulación de cargos a los
involucrados como: alcalde, director financiero, titular de bodega,
coordinador de seguridad, entre otros, “quienes firmaron documentos y
procesos posteriores a las compras, con documentos ilegales y proformas
alteradas, por lo que también serán sancionados por fraude procesal y
peculado”.
“Todos deberán ser juzgados, aunque algunos bajo el principio de buena
fe y lealtad procesal, podrían ser excluidos del proceso, pero la decisión la
tendrán las autoridades competentes. Por peculado, la sanción va de 10 a
13 años de reclusión, que podrían ser más años por los atenuantes como
falsificación de documentos y fraude procesal”, reveló.
TOME NOTA En la audiencia se dictarán medidas cautelares que podrían ser: prohibición de salida del país, presentación en Fiscalía y uso de grillete.
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