Entre la protesta, litigios contra el Estado y empresas internacionales, viven los comuneros de la parroquia rural de la provincia de Imbabura.
Redacción IMBABURA
La vida cotidiana de la parroquia Buenos Aires, zona de la ruralidad del cantón Urcuquí -en Imbabura-, cambió hace alrededor de tres años, cuando la minería apareció en sus temas diarios de conversación.
Desde finales de 2017 se observaba a los primeros grupos de mineros ilegales, llegar hasta la zona boscosa en busca del oro que esconde la tierra. En 2019 había alrededor de 10.000 personas con el mismo objetivo, transformando totalmente la tranquilidad de un pueblo alejado de la zona urbana imbabureña.
Se necesitó de un estado de excepción, del entonces presidente Lenín Moreno, ordenando un mega operativo policial y militar, para poner fin a un problema que había acarreado delitos, que iban desde el tráfico de drogas hasta asesinatos por grupos armados irregulares.
En julio de 2021, a pesar de que la denominada ‘fiebre del oro’ se terminó hace dos años, existe el acecho de personas que quieren retomar las actividades ilícitas de extracción de minerales, mientras los comuneros enfrentan a una empresa minera internacional que recibió la adjudicación oficial, por parte del Estado, para explotar un área de casi 23.000 hectáreas, entre Imbabura y Carchi.
Plantón desde abril
Para evitar que la empresa australiana Hanrine, que es una subsidiaria de Hancock Prospecting, realice sus actividades mineras en Buenos Aires, en la comunidad se han organizado marchas, plantones y hasta se han reportado enfrentamientos entre mineros, antimineros y fuerza pública.
El último episodio se vivió la noche del 27 de julio de 2021, cuando la Policía Nacional llegó a la zona para intentar mover a un grupo de personas que se mantiene en vigilia y tiene tomada la entrada a Buenos Aires desde abril de 2021.
Esta medida mantiene la maquinaria y personal obrero de Hanrine al borde del ingreso a la parroquia, sin poder avanzar para ejecutar su trabajo en la zona adjudicada.
Mario Ruiz, asambleísta imbabureño de Pachakutik, denunció abusos hacia los pobladores de la parroquia de Buenos Aires, en las últimas horas.
Desde su postura, el Estado adjudicó la concesión minera sin que exista un proceso de socialización a los comuneros, menos aún la consulta previa, que considera se debería extender hasta la nacionalidad Awá, porque afecta parte de su territorio.
“El 9 de junio de 2021, la justicia constitucional concede medidas cautelares a favor de la parroquia la Merced de Buenos Aires, para que la empresa Hanrine se retire del ingreso, con su maquinaria y personal, a fin de evitar un contagio masivo de Covid-19 y posibles enfrentamientos entre los comuneros y los supuestos trabajadores de la empresa”, expuso Ruiz.
Sin embargo, denunció que “el gran capital que posee esta transnacional ha hecho que sospechosamente un juez de la ciudad de Quito conceda una acción de protección a favor de la empresa, disponiendo a la Policía Nacional que garantice el ingreso a la concesión ‘Imba01’, haciendo uso incluso de la fuerza”.
Esto, según denunció Ruiz, así como grupos ambientales y comuneros de Buenos Aires causó que la noche del 27 de julio de 2021 se registren enfrentamientos entre policías y grupos de ciudadanos a favor y en contra de la minería, donde se denunció una persona herida con tres puñaladas.
Desde los a favor y en contra
Lucía Chicaiza, en declaraciones a medios locales desde Buenos Aires, relató que desde abril de 2021, cuando comuneros de la zona tomaron el control del ingreso a la parroquia, todos los días la empresa minera Hanrine intenta avanzar, incluso a la fuerza.
“Estamos enfrentándonos pueblo contra pueblo (…). A nuestro compañero herido, después de ser apuñalado, no le cogieron la denuncia. Las autoridades incluso lo intimidaron y le dijeron que si tiene dinero se meta a esos procesos legales. Entonces para ellos aquí no pasa nada y la empresa extranjera tiene la prioridad”, dijo.
Desde Hanrine, quien ha hablado sobre el tema es el jefe de Operaciones, Favio Ocampo, quien en declaraciones a un medio afirmó que los problemas en Buenos Aires, tras la salida de los mineros ilegales en 2019, se dan desde agosto de 2020, con los comuneros. En ese mes, campamentos de la empresa terminaron en llamas.
Según un reporte policial, el 26 de agosto de 2020 al menos 180 personas se tomaron el recinto, ubicado en el sector conocido como Santa Lucía. Como medida de protesta, al rechazar la minería en su territorio, incineraron las carpas del campamento, entre otros materiales que se encontraban en la zona, donde la empresa concesionaria intentaba comenzar sus tareas de exploración minera.
Ocampo califica a la oposición minera como “un grupo de pobladores que está contaminado con la minería ilegal y que ahora se disfraza como un grupo antiminero”.
“Al momento tenemos peleas legales no solo con los mineros ilegales sino con algunas autoridades locales (…).Hanrine ha intentado ingresar a la concesión ‘Imba01’, donde no hay prohibición de realizar actividades, pero nuestros intentos han sido bloqueados por estas personas que se han tomado el ingreso de la parroquia La Merced de Buenos Aires, a vista y paciencia de la Policía”, declaró.
Operativos militares aún encuentran personas que forman sus campamentos ilegales en la zona minera, quienes inmediatamente son detenidos.