Tanques de gas llegarán a Saraguro desde Azuay para evitar especulación

CONTEXTO. Desde ahora, personal militar colaborará en el trasbordo del tanque de gas para evitar especulación en Saraguro.

Las autoridades del cantón Saraguro, ante el alza del costo del cilindro de gas por el paso interrumpido en la parroquia San Lucas, mantuvieron algunas reuniones y decidieron que durante esta semana el personal de las Fuerzas Armadas colabore con el transbordo para abaratar precios, y desde la próxima semana el producto llegará desde la ciudad de Cuenca.

Situación

Desde el pasado 13 de marzo de 2022, el costo del tanque de gas en Saraguro era de 4.50 dólares, debido a que en San Lucas, donde está el paso cerrado, las personas dedicadas a ayudar en el transbordo les cobraban un dólar por cada tanque. “Ante esta alza, nosotros de inmediato hemos actuado y obligado a que se cumpla con el precio oficial de 1.60 en bodegas y en recorridos”, dijo Renato Loja, jefe político del cantón.

Indicó que en Saraguro existen tres proveedores, y el pasado 13 de marzo de 2022, uno de ellos había tomado la decisión de subir el costo a $4.50 sin ninguna autorización. Según el ciudadano, habría sido para reponer un dólar que había cancelado por cada unidad en el transbordo. El lunes 14, mantuvo una reunión con las autoridades de LojaGas para tomar decisiones y llegar a soluciones de inmediato, y ahora el tanque de gas bajó a 3.50 dólares en los domicilios.

Decisiones

Una de las decisiones tomadas es que las Fuerzas Armadas colaboren con el transbordo en San Lucas y evitar el pago de un dólar a los estibadores, esto se cumpliría durante lo que resta de esta semana. Otro de los acuerdos es que el tanque de gas sea envasado en Cuenca y luego trasladado a Saraguro, desde la semana del 21 de marzo.

 

EL DATO

El colapso de la alcantarilla ha generado varios inconvenientes como: movilidad de personas e intercambio de productos y más.

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Obras inconclusas, un monumento a la corrupción

PERJUICIO. Contraloría detectó pagos injustificados y retrasos en el proyecto PRIZA de Manabí.

La impunidad en estos casos responde a la falta de articulación entre Contraloría y Fiscalía y se agravan con los largos procesos de auditorías e informes.

Tungurahua, Imbabura y Los Ríos son solo algunas de las provincias que cuentan con obras inconclusas que pasan el millón de dólares y sobre las cuales aún está pendiente determinar algún tipo de responsabilidad penal.

La construcción del mercado de Ibarra, por ejemplo, es una obra que lleva inconclusa más de cinco años; se invirtieron alrededor de $7 millones, pero el terreno sobre el que se construyó está en litigio, aún no hay responsables.

En Los Ríos también hay problemas, se invirtieron más de $3 millones en la ejecución del soterramiento y regeneración urbana de Quevedo, pero no se cumplieron los requerimientos técnicos para albergar cableado de alta tensión.

Sanciones y responsables

Para Germán Rodas Cháves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, las obras que quedan inconclusas responden a factores como “incapacidad de trabajo y administración de determinados funcionarios públicos de elección popular o de designación directa, a la falta de celeridad en transferencias económicas de los organismos competentes y al manejo inadecuado de la contratación pública”.

Para esto, explica Rodas, las normas deben venir de la mano de la Contraloría General del Estado (CGE), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Asamblea, “los organismos de control deben buscar un mecanismo mediante el cual se impida que la obra inconclusa quede como un monumento a la incapacidad, a la impunidad, ciertamente se debe sancionar sobre la base de una adecuada investigación”, resalta.

Cuando la Contraloría detecta anomalías en la ejecución de alguna obra, inicia una auditoría y su debido informe, el cual, según el Código Integral Penal (COIP), debe ser emitido a la Fiscalía.

El abogado penalista Nicolás Salas explica que, normalmente la Contraloría realiza informes de tres tipos: administrativo, civil y con indicios de responsabilidad penal. Menciona que para estos tres casos siempre hay una sanción, la cual varía dependiendo del tipo.

“Cuando este órgano de control determina responsabilidad de carácter administrativo, lo que procede es la multa al funcionario que haya incumplido con algún tipo de normativa. Cuando es de condición civil, dependiendo del caso, se establecen glosas (usted paga por el perjuicio que se hizo al Estado)”, detalla Salas y sostiene que cuando hay indicios de responsabilidad penal es cuando hay observaciones que puedan estar relacionadas con el delito de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o delitos contra la administración pública.

Pese a que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece “actuar coordinadamente con la Fiscalía General del Estado para iniciar y proseguir los juicios penales, relacionados con delitos en el manejo de los recursos públicos”, el tiempo que se demora la Contraloría en emitir varios de sus informes es determinante en el proceso de sanción a posibles responsables no solo de obras inconclusas sino también de sobreprecios.

“Esta entidad establece un tiempo límite para que se realicen los informes de auditoría y, en muchos ocasiones, la CGE actúa después de cuatro, cinco o 10 años y, cuando intenta judicializar los casos se encuentra que estos tiempos han concluido”, menciona Salas y refuerza la idea de que este es otro motivo para que haya impunidad en los procesos de penalización.

Posibles soluciones

Los expertos consultados coinciden en que, para que no haya impunidad en las sanciones ni despilfarro de dinero en la ejecución de obras se requiere de un cambio estructural, empezando por la misma Contraloría y la designación de su nueva máxima autoridad.

Salas cree que la CGE es una institución que se ha desinstitucionalizado debido a los escándalos públicos, “hay que volver a contar con una autoridad de la contraloría que pueda reorganizar todas las actividades, establecer prioridades en la vigilancia de política pública, de procesos precontractuales”, comenta Nicolás Salas y reafirma que, es fundamental que los recursos de los ecuatorianos se deben canalizar de manera adecuada y que “los funcionarios públicos sepan que están siendo observados por la CGE”.

Por su parte, Germán Rodas enfatiza en la necesidad de empezar por la raíz del problema. “Para que una obra no quede inconclusa, los organismos de control deben garantizar que existan los recursos adecuados, la prospectiva de la construcción, permisos ambientales, etc.”; además califica a las  obras inconclusas como un “monumento a la corrupción y al manejo inadecuado de los recursos en perjuicio de la comunidad”. (MFU)

Contraloría detectó pagos injustificados por $1.1 millones en proyecto PRIZA

El 25 de noviembre la Contraloría General del Estado (CGE) informó que, luego de una auditoría al Plan de Reestructuración Integral de las Zonas Afectadas (PRIZA) se detectó que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) realizó pagos injustificados por $1.1 millones en obras para la rehabilitación de la infraestructura del servicio público de energía eléctrica, en Manabí.

Este proyecto de reconstrucción de la subestación eléctrica de San Vicente, que inició luego del terremoto de 2016, tiene observaciones no solo relacionadas a sobreprecios sino también a retrasos en el plazo de entrega. La obra debió terminar en 150 días, desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2018, sin embargo, concluyó 484 días después de que iniciaron los trabajos.

Dentro de este mismo proyecto, la Contraloría aprobó otro informe previo sobre la construcción de redes eléctricas y telecomunicaciones en Portoviejo y Bahía de Caráquez. Aquí se estableció que se incumplieron las especificaciones técnicas y los cronogramas de trabajo. Además, se determinó que realizaron pagos injustificados por $1.5 millones.

“Las obras inconclusas son un monumento a la corrupción, a la demagogia, a la oferta de campaña y al incumplimiento de las tareas con responsabilidad y la ausencia de leyes y normas que castiguen esta conducta anómala”, Germán Rodas Cháves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.

 “Hay normativas suficientes para sancionar a los funcionarios públicos que por acción u omisión no realizan los controles adecuados de la gestión pública”, Nicolás Salas, penalista.

Avicultores: no se respeta el costo oficial del quintal de maíz

SITUACIÓN. En las granjas avícolas aseguran que ellos compran hasta en 22 dólares el quintal de maíz.

Entre 3.20 y 3.50 dólares, es el costo que se debe pagar por una cubeta de huevos en el mercado local.

Los consumidores señalan que esto perjudica su economía, pues el huevo está dentro de los alimentos básicos de las familias ecuatorianas.

Ante este particular, quienes se dedican a la venta y distribución de huevos mencionan que el precio llega caro desde las avícolas y por eso lo venden a un costo más elevado para sacar su margen de utilidad.

Mientras que los representantes de las avícolas aseguran que la producción sobrepasa los costos del mercado, pues los precios en la materia prima cada vez son más elevados.

 

CIFRA: 14 DÓLARES es el precio oficial del quintal de maíz para aves.
       22 DÓLARES es el costo hasta el que se comercializa el quintal 
       de maíz para aves.

 

Los productores

“Para nosotros es caro comprar la materia prima y ahí no existe regateo porque dicen que ya subió” dijo Mónica Ch. productora de huevos en Ambato.

Este criterio se suma al de David Rosero, presidente de las Avícolas de Cotaló, quien aseguró que el costo de la producción es de 3 dólares por cubeta y que no han subido su costo al consumidor, pese a la pandemia.

Explicó que el maíz, alimento base para la cría de las aves, es el de mayor conflicto, pues pese a tener un precio oficial en el mercado, de 14 dólares el quintal, a ellos se los venden con un incremento de hasta el 57%, es decir hasta en 22 dólares, sin que nadie regule lo que pasa.

Rosero afirmó que son los intermediarios quienes siempre ganan. Desde la compra de materia prima, insumos y en la venta al consumidor.

 

EL DATO
El precio de la cubeta de huevos oscila entre 
3,20 y 3,45 dólares al consumidor final.

 

Gremio

Marisol Molina, representante de la Unión de Productores de Huevo recalcó que el precio del huevo en las avícolas se mantiene y que son los intermediarios quienes crean un alza injustificada en el mercado.

En lo referente al control sobre la materia prima, aseguró que pese a las mesas de trabajo que se realizan con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los problemas como el contrabando y los sobreprecios, como del maíz, los afectan de manera directa.

“Nosotros hemos tenido múltiples reuniones con las autoridades para que los controles se refuercen y no exista especulación, sin embargo, nada ha cambiado y seguimos en la lucha de que se nos escuche” dijo Molina.

Recalcó que “los intermediarios, tanto de la materia prima como de nuestro producto, dañan el mercado y nos perjudican tanto a productores como a compradores”, recalcó

 

 

Regulación

Los productores aseguraron que las autoridades del MAG deben intervenir de manera directa sobre la especulación en los precios de materia prima y sugirieron controles más eficaces para terminar con una situación que perjudica a todos.

Para conocer el trabajo que se hace desde esta cartera de Estado, este medio pidió una entrevista con un representante del MAG en Tungurahua, desde donde se informó que existe un proyecto de apoyo al sector avícola, sin embargo, los controles vienen directamente desde Quito. (CNS)